Crea Congreso de Guerrero ley para amparar a desplazados

El dictamen contempla la protección de condiciones primordiales para desplazados por la violencia del crimen organizado o por cuestiones religiosas, como alojamiento, alimento, agua potable, entre ...

Chilpancingo

El Congreso de Guerrero aprobó la creación de una Ley que garantiza la atención para los grupos de ciudadanos que son desplazados de sus pueblos; tanto por la violencia del crimen organizado como por la intolerancia religiosa.

Durante la sesión del martes 15 de julio, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Jorge Salazar Marchan subió a tribuna para fundamentar el dictamen emitido por la comisión legislativa de Derechos Humanos en torno a la iniciativa enviada por el gobernador Ángel Aguirre Rivero la jornada del pasado 14 de marzo.

En el documento, el mandatario refirió que ante la problemática social que se vive actualmente, en Guerrero se necesitan los instrumentos legales para respaldar a los habitantes de comunidades que sufren el desplazamiento por diferentes motivos.

Salazar Marchan reconoció que en la entidad no existen registros fidedignos respecto al número de desplazados que existen en las diferentes regiones, aunque se sabe que los principales casos se han registrado en la Tierra Caliente, Sierra, Montaña y Costa Grande.

Del lado de la Tierra Caliente mencionó los casos de Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán y Pungarabato, la causa han sido las agresiones cometidas por grupos del crimen organizado.

Del lado de la Costa, señaló que Zihuatanejo, Coahuayutla y La Unión, también por el mismo fenómeno.

Pero la actividad delictiva no es la única razón para el desplazamiento de ciudadanos, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos refirió que los conflictos generados por problemas étnicos y religiosos, como en el caso de Cochoapa el Grande, en donde los católicos expulsaron a un grupo de evangélicos.

Como el fenómeno crece y en Guerrero se carecía de un marco jurídico que tenga un perfil garantista para los afectados, los integrantes del Poder Legislativo consideraron prudente generar dichas herramientas.

El dictamen que se presentó este martes ante el Pleno del Congreso, genera un marco conceptual preciso, que tutela condiciones primordiales para un desplazado; como alojamiento, alimento, agua potable, educación, seguridad y salud.

La propuesta considera también la posibilidad de compensar o restituir los bienes vulnerados a los desplazados, se garantiza la unidad de las familias y se mantienen a salvo sus derechos políticos.

También prevé la asistencia gratuita para mujeres embarazadas, durante la gestación y después del parto, pero hace énfasis en el otorgamiento de medidas cautelares como parte de una política pública.

El representante popular manifestó que en la nueva ley se crea un fondo de contingencia para atender a los ciudadanos que abandonaron sus lugares de origen de manera involuntaria, se busca la integración de un padrón de desplazados y se procura generar las condiciones para que regresen.

El dictamen presentado por la Comisión de Derechos Humanos se aprobó por unanimidad.