Avala Puebla el uso de la fuerza en actos violentos

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, advierte que la reforma es inconstitucional.
Manifestación contra la reforma energética
(Carlos Zepeda)

Puebla y México

En sesión extraordinaria, el Congreso de Puebla dio luz verde a la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el uso legítimo de la fuerza por parte de elementos policiacos durante actos masivos que se tornen violentos, como marchas o protestas.

La iniciativa, enviada por el gobernador, Rafael Moreno Valle, tiene por objeto regular el empleo de la fuerza para la salvaguardar integridad, derechos y bienes de las personas, preservación del orden público y las libertades, así como la prevención de delitos e infracciones. Además, permite a los efectivos de seguridad el uso de armas de fuego para la defensa personal o la de terceros.

En este sentido, la ley dispone en su artículo 8 que “el uso de la fuerza por parte de los elementos policiales deberá ser gradual, atendiendo a los niveles en el uso de la fuerza y al amparo de los principios de legalidad, racionalidad, necesidad, proporcionalidad y congruencia”, lo que representa en primera instancia un apercibimiento verbal.

En el segundo nivel se encuentra el “sometimiento mediante acciones físicas” a efecto de que se limiten los movimientos de una persona para que el elemento policial cumpla con sus funciones; en el tercero, las “armas incapacitantes no letales” para “someter la resistencia violenta del agresor” y, por último, las “armas de fuego o de fuerza letal”.

Al respecto, el diputado priista Sergio Céspedes Peregrina, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, señaló que esta ley “no es una licencia para reprimir o limitar el derecho a manifestarse, sino para regular el uso de la fuerza legal de los cuerpos policiacos a fin de que no abusen”.

Llamó a los actores políticos a ser autoridad y no ser autoritarios, por el bienestar de los gobernados. “El estudio que hemos hecho los priistas constata que protege a manifestantes de ataques de terceros y viceversa, se preserva el estado de derecho, se consideran sanciones civiles o penales que surjan con la indebida aplicación del marco legal y se castiga a los mandos superiores”, subrayó.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Francisco Rodríguez Álvarez, explicó que los policías tendrán la facultad de recurrir al uso de la fuerza cuando se ejecute una orden de aprehensión, la comisión de actos delictivos o vandálicos dentro de una manifestación se ponga en riesgo la vida de terceros o de los uniformados.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, advirtió que la reforma aprobada en Puebla viola tratados internacionales, por lo que puede ser objeto de una acción de inconstitucionalidad.

La perredista hizo notar que México suscribió el Pacto Sobre Derechos Civiles y Políticos, que obliga no solo al país, sino sus entidades, a respetarlo.

Explicó que es posible que una reforma de esa naturaleza deba ajustarse, porque el uso legítimo de la fuerza no debe contemplar el uso de armas de fuego contra civiles y, mucho menos, contra manifestaciones.

“A mí me parece que el Congreso del estado tiene que rectificar respecto de este uso de armas de fuego para atentar contra la vida de las personas y me parece grave que este tipo de leyes incluyan protestas públicas”, advirtió.