Aprueban en Guerrero ley contra la tortura

Las penas irán de cuatro a 12 años de cárcel, inhabilitación definitiva para el funcionario que la inflinja o tolere y multas de hasta 500 salarios, además que la reparación del daño son obligatorias.

Guerrero

El Congreso local aprobó una ley para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el estado de Guerrero, contempla de manera inicial penas de 4 a 12 años de cárcel, multas de hasta 500 días de salario y la inhabilitación definitiva para el servidor público que la infrinja o tolere.

La tarde del miércoles, el presidente de la Comisión de Justicia presentó en tribuna un dictamen elaborado en forma conjunta con la Comisión de Derechos Humanos.

En dicho dictamen se establece la imposición de cuatro a doce años de prisión, de doscientos a quinientos días multa y destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, hasta por dos tantos del lapso de la pena privativa de la libertad impuesta.

La sanción se plantea para el servidor público que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o psicológicos o sexuales.

SE indica que la tortura suele perpetrarse con la intención de obtener de un tercero información o una confesión; también con la pretensión de castigar a una persona a consecuencia de un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido.

También se puede presentar en el interés de que realice o deje de realizar una conducta determinada.

Estas sanciones, de acuerdo a las comisiones unidas de justicia y derechos humanos se impondrán al servidor público que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, instigue o autorice a otro a cometer tortura, o no impida a otro su comisión.

Los particulares también la cometen cuando son instigados o autorizados explícita o implícitamente por un servidor público, por lo que también se harán acreedores a la sanción establecida.

Se equipara a la tortura a la aplicación de métodos tendientes a nublar la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia.

Cuando se trate de violación sexual como una forma de tortura, además de la pena del delito de tortura, se aplicará la correspondiente al delito de violación o abuso sexual, según corresponda.

También se indica que cuando la tortura sea inferida en agravio de una mujer, un menor de edad, incapaz o adulto mayor, o si presenta alguna discapacidad física o mental, se aumentará hasta en una mitad más la pena que corresponda.

El dictamen también considera la reparación del daño para la víctima y se crea un Comité Técnico de Análisis y Evaluación, como instancia técnica de examen y seguimiento a los casos de tortura.

Dicho comité lo encabezará el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum).