Admite CIDH denuncia de Tribu Yaqui contra el Estado Mexicano

Bajo el derecho internacional y el arbitraje de las CIDH, las  partes tendrán que reunirse durante el mes de febrero de 2016. Yaquis denuncian despojo del territorio y derecho al acceso al agua. 
Asesor de la tribu Yaqui, Ernesto Arguellez Méndez.
Asesor de la tribu Yaqui, Ernesto Arguellez Méndez. (Felipe Larios Gaxiola )

Hermosillo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos colocó en categoría de admisibilidad la denuncia presentada en contra del Estado Mexicano por la Tribu Yaqui.

Conforme al derecho internacional, el paso siguiente podría ser la toma de medidas cautelares, con lo que se suspendería cualquier acción relacionada con el territorio y los derechos de agua de la etnia sonorense.

El pasado 29 de septiembre, la CIDH notificó a la tribu Yaqui la aceptación de su demanda publicada en el informe 48/15 del 28 de julio de 2015, donde la CIDH otorga un plazo de cuatro meses para que el Estado Mexicano y la Tribu, ofrezcan observaciones adicionales.

Posteriormente, las partes deberán reunirse, bajo el marco del protocolo y del arbitraje del derecho internacional de la CIDH

La tribu Yaqui ha denunciado que fue ilegal la expropiación de 40 mil hectáreas del territorio, mediante decreto expedido en 1997 por el presiente Ernesto Zedillo.

El Estado alega que solo fueron afectadas dos mil 668 hectáreas, dentro del Valle del Yaqui, donde se asienta la etnia de unos 40 mil integrantes.

La denuncia también señala el despojo de los derechos del agua, ya que el decreto del presidente Lázaro Cárdenas establece el derecho de los Yaquis al 50 por ciento del agua de toda la cuenca del Río Yaqui, es decir, aguas arriba y aguas abajo de la presa La Angostura. La etnia alega que las tres presas que se alimentan del Río Yaqui, fueron construidas sin asegurar el derecho al agua de la tribu.

Con esas presas, La Angostura, El Novillo y Oviachic, la Tribu Yaqui perdió el 90 por ciento del torrente natural del Río Yaqui. Todas las obras se hicieron su resarcir los daños a los miembros de la tribu y paralelamente se impulsó una nueva zona agrícola fuera del territorio de la tribu, beneficiando a agricultores privados.

La denuncia también señala que el Estado Mexicano otorgó concesiones para proyectos de infraestructura dentro del territorio, sin la previa consulta y consentimiento de la tribu y señala que no existe un marco legal adecuado para satisfacer los derechos de la etnia. En la denuncia se advierte sobre una política de desarrollo agrícola, con uso masivo de agroquímicos que dañan a las personas y el medio ambiente.

"Esto (la admisibilidad) lleva que nosotros vamos con nuestro discurso mucho más allá del Acueducto Independencia, porque es una concepción de la lucha por la defensa del agua y el territorio", expuso Ernesto Arguellez Méndez, asesor de la tribu Yaqui.