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Domingo , 22.07.2018 / 12:06 Hoy

En 2016, militares ejecutaron a 2 detenidos en Jalisco: CNDH

El organismo emitió una recomendación a la Sedena por la participación de soldados en desaparición forzada, violencia sexual y ejecución arbitraria en Tepatitlán de Morelos.

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Eugenia Jiménez Cáliz

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió una recomendación al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, porque militares del Tercer Batallón de la Brigada de Fusileros Paracaidistas participaron en un cateo ilegal, la detención arbitraria de cuatro personas; desaparición forzada, tortura y violencia sexual de tres de ellas y la ejecución arbitraria de dos, ocurridas en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

El organismo acreditó violaciones a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, a la libertad y a la vida.

De acuerdo con el testimonio del padre de una de las víctimas, el 27 de enero de 2016 personal militar retuvo a su hijo, a su sobrino y a dos personas más en su casa. Los soldados le impidieron al papá entrar al domicilio y, mientras permaneció afuera, escuchó que su hijo gritaba que ya no lo golpearan.

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Señaló que dos horas más tarde los militares subieron a tres de los detenidos a la parte trasera de una camioneta y aseguraron el vehículo de uno de ellos y una cuarta persona fue dejada en libertad.

Después acudió a diferentes Agencias del Ministerio Público local y federal, sin obtener información sobre el paradero de sus familiares.

El quejoso acudió al auditorio público municipal "Miguel Hidalgo" y preguntó a elementos del Ejército Mexicano sobre el destino de las personas detenidas; le informaron que no efectuaron detención alguna y sólo habían asegurado un vehículo que tenía reporte de robo, por lo cual presentó la denuncia de hechos correspondiente ante el agente del Ministerio Público en Tepatitlán de Morelos.

Sin embargo, dos días después personal de la Fiscalía de Jalisco le informó que los cuerpos de dos de los detenidos fueron localizados en un rancho ubicado sobre la carretera Tepatitlán-Tototlán, mientras que el tercero había sido trasladado al Hospital Regional de ese municipio para su atención médica, por las lesiones que presentaba.

La CNDH en un análisis de los testimonios y las periciales, acreditó que los militares ingresaron de manera ilegal al domicilio, ya que no presentaron una orden de cateo. Además, al interior del mismo, las personas fueron víctimas de tortura y violencia sexual.

También se constató que los afectados fueron detenidos arbitrariamente sin contar con el mandamiento judicial respectivo emitido por autoridad competente, por la probable comisión de un delito y sin que se acreditara la flagrancia o la urgencia como causa legítima para llevar a cabo dicho aseguramiento.

También omitieron presentarlos de manera inmediata ante la autoridad y elaborar el informe correspondiente, como lo establece la ley. Por el contrario, fueron golpeados, trasladados a varios lugares y, finalmente, conducidos a un sitio deshabitado, donde fueron víctimas de malos tratos.

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Según la declaración de la víctima sobreviviente, militares intentaron asesinarla en varias ocasiones quebrándole el cuello con una técnica conocida como "llave china", ya que así vio que mataron a las otras dos personas.

Al revisar las evidencias directas sobre el fallecimiento de las otras dos víctimas, la CNDH concluyó que fueron asesinadas arbitrariamente por elementos de la Sedena.

El organismo solicitó al secretario de la Defensa Nacional reparar integralmente el daño ocasionado a las víctimas y a sus familiares, proporcionándoles atención médica, psicológica y tanatológica; inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas y colaborar en las denuncias que la CNDH presente ante la Procuraduría General de la República y el Órgano Interno de Control en la Sedena para la investigación de los hechos.

Además, impartir un curso de capacitación a personal castrense para prevenir y proscribir la desaparición forzada, tortura, tratos crueles, detenciones arbitrarias y cateos ilegales, así como elaborar o, en su caso, actualizar el Protocolo para que se empleen cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio en todos los operativos militares.

La Comisión Nacional reconoce que la Sedena realizó acciones de reparación del daño, entre ellas: entregar recursos económicos y brindar atención médica a una víctima, así como atención psicológica a los familiares de las víctimas.


jbh

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