CNDH vigilará que se cumplan acuerdos con jornaleros

La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió que se revisen las fianzas "desproporcionadas" impuestas a tres jornaleros, detenidos tras el enfrentamiento con policías del 9 de mayo.
Enfrentamiento de jornaleros y policías en San Quintín.
Jornaleros y policías en San Quintín se enfrentaron el 9 de mayo pasado. (Cuartoscuro)

Ciudad de México

La Comisión Nacional de Derechos Humanos vigilará el cumplimiento de los 13 acuerdos alcanzados entre jornaleros y autoridades federales y de Baja California, para evitar que se repita la explotación laboral "equiparable a una situación de esclavitud moderna" que originó el conflicto en el Valle de San Quintín.

En un comunicado, la CNDH reconoció los acuerdos alcanzados a través del diálogo y confió en que esta solución beneficie a todos los involucrados y fortalezca los derechos de los trabajadores del campo.

La Comisión recordó que su sexto visitador, Jorge Ulises Carmona Tinoco, estuvo en Ensenada, donde se realizaron las pláticas entre funcionarios federales y estatales, legisladores, personal de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California, así como líderes sindicales y un representante de los empresarios.

En estas pláticas se acordó, entre otras cosas, afiliar al IMSS a los trabajadores agrícolas de San Quintín y otorgar el registro sindical a la alianza de los jornaleros.

"La Comisión Nacional permanecerá vigilante de la evolución de los acontecimientos y en su momento emitirá la resolución que conforme a derecho proceda".

El organismo consideró "notoriamente desproporcionadas" las fianzas millonarias impuestas a tres jornaleros detenidos tras el enfrentamiento con policías ocurrido el 9 de mayo, y pidió revisarlas.

Más allá de los acuerdos, dice el comunicado, la CNDH mantiene presencia permanente en la zona, para recabar evidencias sobre los hechos denunciados, debido a que sigue abierta una investigación.

Personal de la Comisión ha visitado y entrevistado a jornaleros y autoridades, además de documentar la situación de los heridos y detenidos tras los hechos violentos del 17 de marzo y del 9 de mayo, para determinar si hubo violaciones a derechos humanos.

El 9 de mayo se solicitaron medidas cautelares a las autoridades locales y se ha pedido información al gobierno estatal, la alcaldía y la policía municipal de Ensenada, la Secretaría del Trabajo (federal y local), el IMSS y la PGR, como parte de esta misma investigación.