Profepa detiene a traficantes de aves en tianguis del DF

A los dos hombres capturados se les incautaron cuatro pericos atoleros, una cotorra cucha y un rapaz, durante un operativo en el Tianguis San Felipe de Jesús, en la delegación Gustavo A. Madero.
Hasta 12 años de prisión podrían alcanzar los traficantes, detalló la Profepa.
Hasta 12 años de prisión podrían alcanzar los traficantes, detalló la Profepa. (Especial)

Ciudad de México

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detuvo a dos traficantes de aves prensoras, durante un operativo realizado en el Tianguis San Felipe de Jesús, en la delegación Gustavo A. Madero.

La dependencia detalló en un comunicado que durante el operativo efectuado en el sitio, considerado el más grande de Latinoamérica, se incautaron cuatro pericos atoleros (Aratinga canicularis).

Asimismo se aseguró una cotorra cucha (Amazona autumnalis) y una rapaz (Falco sparverius) conocida como cernícalo, que ofrecían dos individuos que previamente habían sido detectados cuando ofrecían animales en los tianguis de Tepito y San Felipe de Jesús.

En el operativo participaron 12 inspectores de la Profepa, con apoyo de agentes de la Procuraduría General de la República y de la Brigada de Vigilancia Animal del Distrito Federal.

Las especies de perico atolero, cotorra cucha y cernícalo, consideradas psitácidas o aves prensoras, están catalogadas en riesgo y habitualmente son extraídos de sus hábitats en los estados de Oaxaca y Veracruz.

El perico atolero está sujeto a protección especial, mientras que el comercio de las dos últimas especies es regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés).

La Subprocuraduría de Recursos Naturales identificó a uno de los traficantes como reincidente, pues en 2011 había sido detenido con un cargamento de 190 pericos, que transportaba ilegalmente desde Veracruz hacia la Ciudad de México.

Por el delito agravado de comercio de especies en riesgo, dicha persona podría alcanzar una pena de hasta 12 años de prisión, detalló la procuraduría ambiental.