Corte invalida definición de la ALDF de un derecho humano

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivó de una acción de inconstitucionalidad de la CNDH sobre la ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un artículo de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, aprobado en su momento por la ALDF.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un artículo de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, aprobado en su momento por la ALDF. (Cuartoscuro-Archivo)

Ciudad de México

Ningún estado del país está facultado para definir o establecer qué es un derecho humano, como el de libertad de expresión, sino solo el Congreso de la Unión, resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar inconstitucional un artículo de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

El fallo derivó de una acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el mencionado estatuto que entró en vigor en agosto de 2015.

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Esta ley pretende garantizar los derechos a la vida, integridad física, psicológica, moral y económica, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas en la Ciudad de México, cuando se encuentran en riesgo con motivo del ejercicio de su actividad, con la finalidad de garantizar las condiciones para continuar ejerciéndola, así como salvaguardar los mismos derechos y bienes de los familiares o personas vinculadas a éstos.

El pleno de la Corte determinó invalidar la fracción XI del artículo 5 de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del DF, que establece la definición de “libertad de expresión”, por no resultar competente un congreso local, como lo es el de la Ciudad de México (la Asamblea Legislativa), para definir un derecho humano, lo cual está reservado al Congreso de la Unión.

El presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, dijo que los congresos locales pueden legislar respecto de derechos humanos estableciendo amplitud y funcionalidad –inclusive- en su aplicación y protección.

“…Pero definirlo, es una labor que le corresponde no solo al legislador federal, sino especialmente, desde mi punto de vista, al Constituyente, porque para mí es muy importante que la cualidad de los derechos humanos, de su definición, además de la facultad implícita que lleva la definición de un derecho humano, sean de tal modo universales y generales en todo el país, que se prevean y se definan a través de la Constitución de todos, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

"De tal manera que eso permita que una definición de un derecho humano sea aplicable en todo el territorio nacional y no pudiera caerse –sin querer, puede ser– en que la definición de un derecho humano sea en una entidad de una forma y el mismo derecho humano sea distinta en otra entidad de la República”, explicó.

Respecto al artículo 5, fracciones III y XVII, donde se establecen definiciones de colaborador periodístico y periodista, el pleno declaró su validez, al considerar que no se vulneran los derechos de la libertad de expresión ni de trabajo, dado que nada prohíbe que una norma esté destinada a proteger a cierto grupo que, con motivo de las actividades que realiza (buscar, recibir y transmitir información), es considerado como vulnerable a las violaciones de derechos humanos.

Respecto al artículo 56, donde se establece que las personas beneficiarias del mecanismo de protección se podrán separar de la medida decretada a su favor en cualquier momento, por el simple hecho de comunicarlo por escrito a la Junta de Gobierno, el pleno determinó que no se vulneran los derechos a la seguridad personal y jurídica, por el hecho de que no exija mayores requisitos para separarse del mecanismo de protección en cualquier momento.

MSP