“A la señora no la conocemos, déjenla ir”

Guillermina, de 78 años y con una sentencia de 80 años, permanece en prisión a pesar de su estado de salud.
El penal de Tepepan.
El penal de Tepepan. (Claudia Guadarrama)

México

Su caminar es lento. Paso a paso, la vida de Guillermina Hernández Huerta se esfuma en los pasillos del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan. Más de 78 años de edad y una larga condena de 80 años que le impuso un juez.

Ella, como a otras y otros reos, la ley les permite cumplir su condena fuera de prisión, pero la falta de conocimiento jurídico, del desinterés de las autoridades y trámites burocráticos, los mantienen encarcelados y con ellos la permanente vulnerabilidad de sus derechos.

Informes de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del DF indican que en los penales capitalinos hay 694 internos cuya edad es mayor a los 70 años, de éstos 38 son mujeres.

El artículo 75 del Código Penal local y el artículo 55 del Federal contemplan la posibilidad de una excarcelación.

"El juez, de oficio o a petición de parte, podrá prescindir de la imposición de la pena privativa o restrictiva de la libertad o sustituirla por una menos grave o por una medida de seguridad, cuando la imposición resulte notoriamente innecesaria e irracional, en razón de que la persona presente senilidad avanzada o padezca grave e incurable, avanzada o precario estado de salud", aduce la ley.

En estos casos, agrega el ordenamiento jurídico, el juez tomará en cuenta el resultado de los dictámenes médicos y asentará con precisión, en la sentencia, las razones de su determinación.

Para los reos que cumplen condenas de índole federal, la ley es más precisa al establecer consideraciones adicionales para los adultos mayores de 70 años.

"El juez podrá ordenar que la prisión preventiva se lleve a cabo en el domicilio del indiciado bajo las medidas de seguridad que procedan. Una vez dictada la sentencia ejecutoriada, la pena podrá ser sustituida por una medida de seguridad", sostiene la ley federal.

Secuestro

El 2 de mayo de 2009, la mujer salió de su casa en Iztapalapa para visitar a su hija, en el municipio de Chalco, cuando los policías de la Procuraduría capitalina comenzaron el operativo para liberar a tres mujeres secuestradas.

"Hablaban que si nos conocían, pero las personas que vienen, porque vienen muchas gentes, decían 'a la señora no la conocemos, ella no la conocemos dejenla ir', pero ya sabrá. Dijeron, 'la señora va llegando, viene a ver a su hija, ella no sabe nada', pero así me hicieron el juicio y ya me sentenciaron", narra.

Guillermina fue acusada de pertenecer a la banda de Ismael Bautista, El Pony. El hombre aceptó su responsabilidad, pero excluyó a la mujer. Tras ser ubicado, proporcionó la dirección de la casa de seguridad que tenían en el Estado de México.

La hija de doña Guillermina y ella fueron acusadas de cuidar y alimentar a las personas secuestradas.

Por estos hechos, la mujer enfermó y a los pocos meses de ser detenida tuvo que ser cambiada de penal para recibir atención médica. Hoy el cuadro es hipertensión, diabetes y ciática, padecimientos que por días enteros le impiden levantarse del camastro.

Después de cinco años de encarcelamiento y con todos los recursos jurídicos agotados, la mujer vive de la caridad, dice, para cumplir sus 80 años de prisión. Este tiempo lo ha ocupado para aprender a leer y escribir, y no tiene familia más que su esposo que la visita una vez al año, acompañado de dos amigas de antaño.