Ríos Garza propone protocolo de atención a víctimas de secuestro

El procurador capitalino dijo que el fin es facilitar el acceso a apoyos médicos, jurídicos y económicos para los afectados, por lo que se pronunció por reglamentar las atribuciones del agente del MP.
Rodolfo Ríos Garza participó en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Rodolfo Ríos Garza participó en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. (Especial)

Ciudad de México

El procurador general de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza, propuso crear un Protocolo de Atención Especializado a Víctimas del Delito de Secuestro para darles un trato digno a las personas afectadas que facilite su acceso a los apoyos médicos, jurídicos y económicos a los que tienen derecho.

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Durante su intervención en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, 36 Asamblea Plenaria, se pronunció por reglamentar las atribuciones del agente del Ministerio Público para la obtención de estos beneficios para los agraviados conforme a la legislación de la materia.

Recordó que las personas afectadas se encuentran protegidas por la Ley General de Víctimas, que define la actuación de los agentes del Ministerio Público como representantes de la sociedad, los cuales tienen la obligación de dar la primera atención a  las personas que consideren estén dentro del supuesto de calidad de agraviadas.

El funcionario dijo que las víctimas tienen acceso a un fondo económico subsidiario que cubre ayudas, asistencias y compensaciones.

“Entendidas éstas –precisó- como el resarcimiento al menoscabo que hayan sufrido en su persona, así como atención médica, en caso de mutilación de alguna parte de su cuerpo, realizada durante el cautiverio, a través de la obtención de prótesis y atención psicológica, en razón de la afectación emocional generada con motivo de la comisión del delito de secuestro”, mencionó.

Ríos Garza puntualizó que para alcanzar los objetivos de la Ley General de Víctimas, es necesario establecer mecanismos efectivos de coordinación entre el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, a nivel federal; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y los gobiernos de las entidades federativas.

Para lograrlo propuso la implementación de un protocolo dirigido a los agentes del Ministerio Público, quienes llevarán a cabo las gestiones para la debida integración y trámite del expediente que será validado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el objetivo de brindar certeza en la atención integral, estableciendo el mecanismo específico para facilitar la oportunidad de acceder al Fondo de Atención a Víctimas.

Ríos Garza destacó que durante los trabajos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, celebrada en febrero de 2016, se firmó el Convenio Marco de Coordinación y Colaboración en Materia de Atención a Personas en Situación de Víctimas, entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

En dicho acuerdo, dijo, se establecieron las bases, mecanismos y acciones de coordinación y colaboración que, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, realicen actividades conjuntas para promover la atención, asistencia y protección a las víctimas del delito de secuestro o de violación a derechos humanos, cometidos por servidores públicos.

En ese contexto, reconoció que en México la Ley General de Víctimas es el ordenamiento jurídico que establece las bases para el funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, compuesto primordialmente por diversas instituciones y entidades públicas de los diferentes órganos de gobierno.

Es decir, federales, locales y municipales, y tiene como propósito principal la protección integral de los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, así como la construcción de políticas públicas en la materia.


VJCM