Más penas por la venta de predios irregulares

Aumentan sanciones contra empresas y particulares que oferten departamentos sin permiso de uso de suelo, así como a funcionarios que alteren documentos para obtener esas autorizaciones.
José Ramón Amieva Gálvez, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, durante la conferencia de prensa.
José Ramón Amieva Gálvez, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, durante la conferencia de prensa. (Especial)

México

El Gobierno del Distrito Federal promulgó ayer un decreto mediante el cual se incrementan las penas para las empresas y particulares que vendan departamentos sin que esté autorizado el uso de suelo, así como a funcionarios que alteren documentos para la obtención de dichos permisos.

Las modificaciones al Código Penal equiparan el delito con fraude y se establecen penas de cuatro meses a dos años seis meses de prisión a quienes pretendan la transmisión de un bien alterando el certificado de zonificación, el de acreditación de uso de suelo, la manifestación de construcción o la licencia especial para demolición.

Se contemplan sanciones de dos a siete años de prisión al servidor públicos que sustraiga, destruya, oculte, inutilice o introduzca información o documentos que se encuentren bajo su custodia para la obtención de zonificación de uso de suelo o derechos adquiridos.

Se considerará como uso ilegal de atribuciones y facultades al servidor público que ilegalmente expida, otorgue o permita el otorgamiento o la expedición de certificados, autorizaciones, o licencias en materia de uso de suelo, construcción de inmuebles; la penalidad irá de tres meses a dos años de prisión.

"Se contempla la inclusión de delitos cometidos en el ejercicio de la profesión, aumentando la sanción de cuatro a seis años seis meses al director responsable de obra o corresponsable que autorice o permita el desarrollo de una construcción de la que otorgó su responsiva y que no se encuentre en apego a la normativa vigente de desarrollo urbano, ya que se considera que ellos son expertos en el tema y con esta autorización estarían dando un visto bueno para la construcción", explicó el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, José Ramón Amieva Gálvez.

La misma sanción se aplicará al propietario del inmueble, a su representante legal o constructor que con dolo construyan más allá de lo permitido.

También se impondrá la misma sanción a quien haga uso de documento público o privado falso, alterado o no reconocido por autoridad para obtener certificados de zonificación, uso de suelo o derechos adquiridos.

El paquete normativo, que estará vigente a partir de hoy, habilita a distintas dependencias, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), el Instituto de Verificación Administrativa, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, así como a las 16 delegaciones políticas, a ordenar la custodia del folio real de un inmueble o predio, con lo cual se evitarán que puedan ser vendidos inmuebles que no cumplan con la normatividad de uso de suelo de los diferentes programas de desarrollo urbano.

En conferencia de prensa, el titular de Seduvi, Simón Neumann, aseguró que con la nueva normatividad al adquirir un inmueble los ciudadanos podrán contar con información para saber si está en regla y los desarrolladores conocer las consecuencias en caso del incumplimiento de la ley.

A su vez, Amieva Gálvez destacó que se dará certeza jurídica a quienes se inscriban en un régimen de condominio al adquirir un departamento, además de que todas las construcciones que se realicen en la ciudad cumplan con la normatividad aplicable en materia de uso de suelo.

Señaló que con este paquete normativo se llena un vacío legal para sancionar diversas conductas de algunas constructoras, que recibían dinero por esta actividad y después al no cumplir con el uso de suelo, no se podía llevar a cabo la construcción o bien se aplicaban procedimientos de verificación o clausura, lo cual "generaba un daño patrimonial a las personas que de buena fe querían adquirir un inmueble o un departamento".

Destacó la inclusión del factor preventivo, a través de la inclusión de la figura de "custodia administrativa" de los folios de propiedad en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, donde "no se podrá inscribir ningún tipo de constitución de régimen de propiedad en condominio o de transmisión o venta de propiedad alguna que no cuente con el uso de suelo".