Familiares de militares piden juicio justo en caso Tlatlaya

Alrededor de 150 personas entregaron un pliego de demandas a la Presidencia de la República, después de marchar del Zócalo de la Ciudad de México hacia Los Pinos.

Ciudad de México

El encarcelamiento y acusación por homicidio contra militares que abatieron a 22 presuntos delincuentes en un enfrentamiento en Tlatlaya, Estado de México, no solo generó una inédita protesta que llegó a la residencia oficial de Los Pinos, sino que reavivó ante la opinión pública casos como los de los generales Jesús Gutiérrez Rebollo y Ricardo Martínez Perea.

A pesar de que en sexenios anteriores los dos fueron condecorados por méritos en la lucha antinarco, terminaron por compartir el mismo destino de prisión bajo los cargos de supuestos nexos con cárteles de la droga.

Familiares de ambos generales, el primero ya fallecido y el segundo preso en las Islas Marías, se sumaron a los activistas del movimiento #YoSoy26, que encabezan Ana Lucía Zavala y Mario Montes Aguilera, dirigentes de la organización Humanistas por el Progreso Social, así como a personas allegadas a militares.

Sin prejuzgar sobre la inocencia o culpabilidad de los involucrados en el caso Tlatlaya, exigieron juicios apegados a los derechos humanos de todos aquellos integrantes de las fuerzas armadas que enfrentan proceso y la posibilidad de una defensa adecuada.

El penalista César Gutiérrez Priego, hijo del general Gutiérrez Rebollo y presidente de la fundación que lleva el nombre de su padre, así como la hija de Martínez Perea -quien desde las Islas Marías envió un mensaje de apoyo moral a la manifestación-, dijeron que la intención del movimiento es tratar de evitar más injusticias que ahora no solo ocurren en el fuero de guerra, sino en la jurisdicción federal.

En entrevista, el abogado dijo que su fundación luchará porque no se repita un solo caso más como el de su padre, quien aseguró que por motivos políticos fue acusado falsamente de nexos con narcotraficantes.

"En el fuero de guerra no existe la presunción de inocencia, yo lo que pido no es una disculpa pública por el caso de mi padre, sino que se investigue y ventile lo que realmente ocurrió, que derivó en su detención, no es suficiente el comunicado de condolencias que la Sedena emitió el 19 de diciembre de 2013, cuando mi padre murió", dijo Gutiérrez Priego.

Señaló además que la PGR ha incurrido en violaciones al debido proceso al señalar como "culpables" de homicidio a soldados que participaron en el enfrentamiento en Tlatlaya.

Recordó que el 102 Batallón adscrito a esa zona mantiene una elevada operatividad, pues la región está considerado como corredor de tráfico de drogas e incluso hay informes de que ahí han operado cinco organizaciones criminales: Los Caballeros Templarios, La Familia, Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Zetas.

"Con todo respeto para el señor procurador (Jesús Murillo Karam), él no es juez, y no puede desestimar la presunción de inocencia, cuando sabe que esa zona es de narcos", agregó.

La hija del general Martínez Perea dijo que éste se encuentra en Islas Marías purgando una injusta pena por supuestos nexos con el narco, aun cuando recibió reconocimientos del gobierno de México y de la DEA por decomisos "récord" de droga.

Antes de mediodía de este sábado, alrededor de 100 manifestantes formaron un pequeño contingente que partió del zócalo a Los Pinos, donde entregaron un pliego "petitorio" de más de 20 puntos, entre los que solicitaron mejores condiciones de vida para los militares.

Portaban pancartas con las consignas "Sr. Presidente Ya basta de militares encarcelados injustamente", "Ellos (militares) reciben las balas y los políticos las medallas", "Justicia a los militares, no lastimes a quien te protege", "Callaron a los militares pero no a sus familias ni a las víctimas de la delincuencia".

Entre las solicitudes de un proceso apegado a derecho destacó además el de Luis Heriberto Jiménez Suárez, mayor de Caballería, quien permanece desde septiembre de 2010 en un penal federal de Veracruz.

Ana Lucía Zavala, dirigente de Humanistas por el Progreso Social, dijo que fue víctima de amenazas por parte de sujetos armados que le advirtieron que no se realizara la marcha del Zócalo a Los Pinos.

Quetzalma Ochoa, de la misma fundación, afirmó que lo sucedido en Tlatlaya no puede ensombrecer la tarea y dedicación que han brindado al pueblo de México los elementos del Ejército y Fuerza Aérea.

"Esta marcha es en pro de los soldados ahora presos por haber recibido órdenes, estaban rodeados de sicarios, de asesinos profesionales, lo que les pasa no es justo", acotó.