Mancera promoverá una ley criminal única

El jefe de Gobierno del Distrito Federal presentará una iniciativa en la Asamblea Legislativa para homologar los códigos penales de los estados con el Código Federal en su parte general. 
Mancera promulgó la Ley para Prevenir, Eliminar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas en la Ciudad de México.
Mancera promulgó la Ley para Prevenir, Eliminar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas en la Ciudad de México. (Tomada de @ManceraMiguelMX)

Ciudad de México

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, anunció que la próxima semana presentará una iniciativa para homologar los Códigos Penales de los estados con el Código Federal en su parte general para crear una ley criminal única.

Explicó que la propuesta que enviará a la Asamblea Legislativa servirá para que en todo el país exista una sola definición respecto a conceptos como la tentativa, la autoría o la participación en un crimen.

"Por ejemplo la tentativa, nosotros tenemos una descripción de tentativa, que no es la misma descripción de tentativa en Chiapas, que no es la misma descripción de tentativa en otros estados.

"Entonces, si inicias la persecución de un delito aquí, pero concluye en otro estado y en ese estado no se sanciona la tentativa, pues ya no hay delito", explicó al concluir la promulgación de la Ley contra la desaparición forzada en el DF.

En este sentido aseguró que el país necesita un Código Penal único solo en la parte general para buscar una homologación parcial.

Y es que en otros estados se contemplan delitos en una parte especial de sus códigos que tienen que ver con actividades propias de la región como el robo de granos.

"Entonces, se ha debatido mucho que no se puede hacer un Código Penal único por esta razón, porque hacer un Código Penal único estaría vulnerando parte de la soberanía de los estados para determinar aquellas conductas que deben ser entendidas como delito", puntualizó.

Sobre la promulgación de la ley contra la desaparición forzada, dijo que es una señal de que en la capital del país se trabaja en la atención y protección de las víctimas, además de impulsar un trabajo de adecuación normativa a los estándares internacionales de derechos humanos.