PGJDF fija criterios para nuevo sistema procesal penal

Establece los lineamientos de actuación del personal, como parte de la transformación del sistema de justicia procesal penal de un sistema mixto a otro acusatorio y oral.
La Procuraduría General de Justicia del DF emitió los lineamientos, que a partir de este viernes, tendrá que seguir su personal para aplicar el nuevo sistema procesal penal acusatorio.
La Procuraduría General de Justicia del DF emitió los lineamientos, que a partir de este viernes, tendrá que seguir su personal para aplicar el nuevo sistema procesal penal acusatorio. (Cuartoscuro-Archivo)

Ciudad de México

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) fijó los lineamientos de actuación del personal sustantivo, que entrará en vigor este viernes, para implementar el sistema procesal penal acusatorio, así como los que debe observar el Ministerio Público en la aplicación de los criterios de oportunidad.

Lo anterior como parte de la transformación del sistema de justicia procesal penal, de un sistema mixto a otro adversarial o de corte acusatorio y oral, a efecto de que en éste prevalezca el respeto a los derechos humanos que la Constitución y los tratados internacionales contienen.

En la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la PGJDF detalla las funciones que deberá cumplir el personal ministerial, de acuerdo con las atribuciones que cumplirá en el sistema acusatorio.

Así, el Ministerio Público tendrán diferentes áreas y funciones: Investigación, Judicialización, de Estrategias Procesales, de Litigación, de Salas, de Ejecución de Sanciones y Auxiliar del Procurador.

Destaca la implementación de módulos de Atención Oportuna, integrados por orientadores jurídicos, agentes del Ministerio Público de Investigación y asesores jurídicos, quienes atenderán a los usuarios de la procuraduría y realizarán funciones de orientación, asesoría o representación del procedimiento penal.

Además, indica que funcionarán seis unidades de Mediación, las cuales conocerán de los asuntos que correspondan a la circunscripción territorial en la que se encuentren.

El acuerdo, que entrará en vigor este 16 de enero, indica que los titulares de las subprocuradurías, Visitaduría Ministerial y la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, realizarán las acciones administrativas, técnicas y operativas necesarias para cumplir el objetivo del presente instrumento.

En un segundo documento se establecen los lineamientos que debe observar el Ministerio Público en la aplicación de los criterios de oportunidad donde destaca que se entenderá por criterio de oportunidad la ponderación que hace el Ministerio Público respecto del ejercicio de la acción penal, en los casos que autoriza la ley.

En la reforma constitucional de seguridad y justicia, publicada el 18 de junio de 2008, en el Diario Oficial de la Federación, en el artículo 21 párrafo séptimo, el constituyente le otorgó al Ministerio Público la facultad de considerar la aplicación de los criterios de oportunidad con motivo del ejercicio de la pretensión punitiva.

Los criterios de oportunidad forman parte de una estrategia de política criminal que faculta al Ministerio Público a ponderar el ejercicio de la acción penal, bajo los supuestos y criterios que fija la ley procesal penal.

Para conceder un criterio de oportunidad, el Ministerio Público deberá considerar, entre otros aspectos, la reparación del daño a la víctima y se entenderá por criterio de oportunidad la ponderación que hace el Ministerio Público respecto del ejercicio de la acción penal, en los casos que autoriza la ley, señala el documento.

La disposición detalla los supuestos, así como las acciones que se deberán realizar cuando a juicio del Ministerio Público existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo realizó o participó en su comisión.

Destaca que la autorización de la aplicación del criterio de oportunidad, será resuelta por el titular de la fiscalía de la que dependa el agente del Ministerio Público que proponga su aplicación, en un término no mayor a 15 días naturales, sin perjuicio de que dicha autorización la otorgue el procurador.