Pagará consorcio 5 mil mdp por obras incompletas en L12

El contralor general capitalino, Hiram Almeida, explicó en la ALDF que la sanción fue impuesta por Proyecto Metro, también por irregularidades en la liquidación de la línea.
Las pruebas demostraron que las ruedas tienen características de un tren suburbano, mientras que los rieles son para un metro urbano.
Las pruebas demostraron que las ruedas tienen características de un tren suburbano, mientras que los rieles son para un metro urbano. (Cortesía Secretaría de Obras)

Ciudad de México

Por la entrega incompleta de obras y e irregularidades en liquidación de la Línea 12 del Metro, el consorcio constructor conformado por las empresas ICA-Carso-Alstom fue penalizado por el Gobierno del Distrito Federal por 5 mil millones de pesos y en caso de que haya un incumplimiento podría ser inhabilitado.

Hiram Almeida, contralor general, informó que la penalización impuesta al consorcio es el primer tema que se puede considerar como sanción por las obras de la Línea 12.

Señaló que la penalización fue impuesta por el Proyecto Metro, pues con él, el consorcio firmó el contrato número 8.07C01T.2.022 por las obras a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac.

"Existe un tema de penalización propiamente para el Consorcio impuesto en el tema del cierre del ejercicio de la liquidación, la penalización impuesta por el Proyecto Metro por más de cinco mil millones.

"Estamos integrando investigaciones y auditorías específicas, en el tema de la operación y en el tema de mantenimiento, tanto del Consorcio como del Sistema de Transporte Colectivo, corresponde particularmente al procedimiento de investigación CGDGAJRDQDD/306/2014".

Jorge Gaviño, diputado presidente de la Comisión Investigadora de las fallas de la Línea 12 del Metro, señaló que la Contraloría tuvo que aplicar acciones de prevención, "porque de haber tenido instrumentos de detección no se hubiera cometido actos ilegales, ya que se hubiera detectado a tiempo y a través de las acciones y recomendaciones oportunas".

Frente al Pleno de la ALDF, el contralor les pidió a los asambleístas que coadyuven en legislar sobre la base técnica que impida que sucedan nuevamente errores constructivos de diseño y administrativos, que de manera dinámica, como los detectados en la Línea 12.

Para ello, enfatizó, se deben formular mejoras a los cuerpos legales que regulan el tema y ofreció poner a disposición los resultados de auditorías que pudieran ser útiles.

Otras auditorias

Existen otras auditorias e investigaciones abiertas para ver qué temas y conceptos de responsabilidad le corresponden al consocio y en un escenario ser sancionado por la contraloría de manera económica.

De las 16 auditorías e investigaciones dijo que se resolverán por etapas, de acuerdo con los términos de ley, por lo que las próximas sanciones se darán a conocer en noviembre.

Un segundo paquete de información se dará en diciembre y la conclusión de esos procesos se prevé hasta enero. No obstante podrían darse más auditorias, dijo en entrevista al término de su comparecencia.

La contraloría general del Distrito Federal revisa los contratos de mantenimiento de trenes de Línea 12, de mantenimiento a la línea en la actual administración, de la supervisión de la obra y la calidad y el cumplimiento de las normas en los componentes de la también llamada Línea Dorada, por lo que prevé mayores sanciones, para funcionarios y ex funcionarios.

Almeida dijo durante su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del DF, que continúan abiertas cinco auditorias que tienen que ver con esos temas de 2013 a la fecha.

Además, están en curso 11 investigaciones que fueron presentadas por el diputado local, Héctor Saúl Téllez, por seis diputados federales contra el director del Metro, Joel Ortega, y otra más el actual director del Proyecto Metro, así como por la Auditoria Superior de la Federación, la Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo y de la Secretaría de Obras.

Señaló que la Contraloría actúa con apego irrestricto a la legalidad, pero una vez concluidas las auditorias e investigaciones, seguramente "derivarán en nuevos procedimientos de responsabilidad y aplicación de otras sanciones", pues a principios de septiembre dio a conocer las 54 sanciones para 33 funcionarios y ex funcionarios públicos.

El contralor señaló que están revisando el actuar del Consorcio constructor ICA-Carso-Alstom, así como a la empresa a la que se le rentan los trenes la española CAF y una vez agotadas todas y cada una de las etapas procesales y el análisis de los documentos, resolverán si hay consecuencias no sólo en la generación de las fallas en la Línea 12, sino en los temas de supervisión y de documentos.

Otros temas que están en supervisión son la recepción de la Línea 12 del Metro, que se hizo en la presente administración, así como el mantenimiento y operatividad.

"Tratando de ser muy enfáticos, estamos tratando de determinar tramos de responsabilidad incluso de naturaleza económica", indicó el contralor.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, las auditorias son por la adjudicación, ejecución, contratación y pago de los contratos de mantenimiento de los trenes férreos para la Línea 12, de 2010 a 2013 y de 2013 a lo que va de 2014.

Además de los trabajos de mantenimiento contratos por el Sistema de Transporte colectivo para supervisar que se hayan apegado a la normatividad vigente.

Otra es sobre la ejecución y mantenimiento por parte del Consorcio, así como la liquidación y el finiquito para verificar la calidad y el cumplimiento de las normas establecidas en la obra civil y electromecánica.

La penalización ocurre luego de que el juez federal negó el viernes pasado la suspensión provisional de un amparo promovido por el consorcio con el que buscaba evitar que el Gobierno del Distrito Federal diera por finalizado el contrato de obra a precio alzado.

El juzgado decimosexto en materia administrativa solo aceptó ampliar el plazo para cobro de la fianza de dicho contrato, que es de mil 750 millones de pesos, para que las autoridades capitalinas no puedan cobrarlo hasta que no se realice una audiencia agendada para el 6 de octubre.