Proponen amparar a Mancera contra un arresto por desacato

Conciliación y Arbitraje acusa desobediencia en un juicio laboral generado en marzo de 2012.
El jefe de Gobierno promovió un recurso que llegó a la SCJN.
El jefe de Gobierno promovió un recurso que llegó a la SCJN. (Araceli López/Archivo)

Ciudad de México

Las intenciones de la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de arrestar al jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, por desacato a una sentencia, están a punto de venirse abajo.

Desde hace casi un año, Mancera se amparó para que la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República (PGR) no ejecutara una orden de arresto en su contra, medida que está contemplada para aplicársela de 24 hasta por 36 horas.

El próximo 7 de diciembre, el ministro Fernando Franco González Salas presentará un proyecto de sentencia a sus homólogos de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que propone amparar a Mancera.

El asunto tuvo su origen porque el 26 de marzo de 2002 (cuando Andrés Manuel López Obrador era el jefe de Gobierno), la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitió laudo en el juicio laboral 3207/00, en el cual condenó al mandatario local a reconocer que es de base la plaza de profesional en administración en que un demandante prestaba sus servicios en la Oficialía de Partes del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

En el proyecto del ministro, que no precisa el nombre del demandante y mucho menos el monto que debe pagársele, narra que el tribunal señaló que también se debía el pago de cuotas y aportaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Fondo de Ahorro Capitalizable y Sistema de Ahorro para el Retiro.

El laudo no fue impugnado, y así se hizo constar en la certificación de 21 de junio de 2002, por lo que en resolución de esa misma fecha el presidente de la sala responsable declaró que el laudo quedó firme. La primera sala del tribunal ordenó requerir el cumplimiento del laudo al titular del gobierno capitalino.

El 30 de mayo de 2013, como no obraba constancia de que el demandado haya realizado el pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social en favor del trabajador, la sala previno a Mancera, para que acreditara que había realizado dichos pagos que debían sus antecesores (López Obrador y Marcelo Ebrard), con el apercibimiento de que daría vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 183 del Código Penal Federal.

El 6 de noviembre de 2013, atendiendo a que aún no se había dado cumplimiento al auto antes mencionado, hizo efectivo el apercibimiento y dio vista al Ministerio Público, por lo que nuevamente requirió que acreditara tal cumplimiento en un plazo de 10 días hábiles, con la advertencia de imponer un arresto administrativo hasta por 24 horas. Ante esta situación, Mancera promovió un amparo que llegó a la Corte.

Mancera reclamó como derechos violados los reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución; en el primer concepto de violación de la demanda, el mandatario planteó la indebida fundamentación del acuerdo reclamado, pues no se ajusta a lo estrictamente establecido en los artículos 148, 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el cual plantea multa por incumplimiento.