Senador pide revisar acuerdos para regularizar Uber

El presidente de la Comisión del DF en el Senado, Mario Delgado, consideró que se debe verificar que no se invaden facultades de la ALDF. Además, observó ambigüedades en los acuerdos de la Semovi.
Mario Delgado, presidente de la Comisión del Distrito Federal en el Senado, consideró que presentan ambigüedades los acuerdos publicados por la Semovi para regularizar servicios como los de Uber y Cabify.
Mario Delgado, presidente de la Comisión del Distrito Federal en el Senado, consideró que presentan ambigüedades los acuerdos publicados por la Semovi para regularizar servicios como los de Uber y Cabify. (Cuartoscuro-Archivo)

Ciudad de México

El presidente de la Comisión del Distrito Federal en el Senado, Mario Delgado, consideró que los acuerdos del gobierno capitalino para regular los servicios de transporte individual como los que prestan Uber y Cabify, tienen ambigüedades que pueden derivar en manejos discrecionales y falta de transparencia.

A fin de brindar certeza jurídica al propio gobierno capitalino, empresas, choferes y usuarios, planteó que se revise de inicio si no se invaden facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, órgano al que corresponde legislar sobre contribuciones a la ciudad.

A juicio del legislador federal, son discrecionales y subjetivos los requisitos de constancia de capacitación de los operadores, así como la dependencia de la oferta y la demanda para mantener o acceder al permiso respectivo, ya que esto puede generar corrupción.

Delgado refirió que los acuerdos de la Secretaría de Movilidad establecen que ese tipo de empresas hagan un pago único de 4 mil 617.50 pesos para acreditarse como permisionarios del servicio y una cuota anual de mil 599 pesos por unidad registrada.

Las unidades deberán contar con calcomanía cero, ser de cuatro puertas, contar con aire acondicionado, cinturones de seguridad, bolsas de aire y portar la identificación del vehículo que determine la Semovi, todo lo cual debe ser para mejorar el servicio y "evitar la tentación de ser un instrumento más de recaudación”.

Planteó que los recursos obtenidos de 1.5 por ciento por viaje, tendrían que ser administrados por un fondo público establecido por ley y no mediante acuerdo para evitar que haya informalidad sobre su manejo, y más si provienen de recursos del consumidor.

"Es una cuestión de orden público e interés general, además, el usuario ya paga 1.9 por ciento por el uso de tarjeta de crédito como lo establece el Banco de México, que sumado a 1.5 por ciento, resulta en 3.9 por ciento que tendrá que asumir como costo el consumidor”, dijo.

Mario Delgado observó que en los acuerdos publicados por la Semovi tampoco se aclara si el costo de las unidades de servicio privado incluye el Impuesto al Valor Agregado o no.

Consideró además que sujetar la revista vehicular a criterios administrativos de la propia dependencia es ilegal, ya que todo acto de molestia a los ciudadanos debe estar establecido en la ley, como la de Transporte o la de Movilidad, y no en un acuerdo en el que incluso se mantiene ajeno el propio Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.