Piden diputados reformar Ley de Movilidad

El diputado perredista Alejandro Robles y tres asambleístas dijeron que presentarán en el próximo periodo ordinario de sesiones una iniciativa que modificará la cláusula antimarchas que puso el PAN.
La Ley de Movilidad prevé el pago de al menos 190 mil pesos por la muerte de una persona provocada por un concesionario de transporte público.
(Cuartoscuro-Archivo)

Ciudad de México

El diputado local del PRD, Alejandro Robles, junto con los asambleístas Víctor Hugo Lobo Román, Diego Martínez y Alberto Martínez Urincho, pidieron reformas a la Ley de Movilidad, para que se ajuste y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no la eche abajo.

Anunciaron que presentarán en el próximo periodo ordinario de sesiones una iniciativa que modificará la cláusula antimarchas que colocó el Partido Acción Nacional, como condición para aprobar la nueva Ley de Movilidad.

Dicha cláusula que contiene restricciones directas a la libertad de expresión se mantuvieron en los artículos 212, 213 y 214, lo cual resulta inconstitucional.

El también presidente del Comité de Estudios y Estadísticas sobre la Ciudad de México informó que con la modificación se armonizará la normatividad de la capital con la importante reforma constitucional en materia de Derecho Humanos.

“Lo que en la vía de los hechos pretendemos es el control difuso por el que absolutamente todo órgano de gobierno, toda autoridad, más allá de su orden, nivel o competencia debe actuar y resolver a partir de los derechos fundamentales”, expuso el asambleísta.

Indicó que la nueva redacción establece claramente que la restricción del derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica deberá hacerse en virtud de las normas internacionales de derechos humanos; y en congruencia con lo mandatado por la Constitución.

El diputado Robles señaló que esta iniciativa, se coordina con el desarrollo de la Cultura de la Paz del Gobierno del Distrito Federal.

La intención es proteger tanto a los capitalinos como a todos los mexicanos que transitan o vienen a manifestarse, más que la obligación de quienes se manifiestan a dar aviso, se propone que sean las autoridades quienes comuniquen oportunamente las alternativas a fin de evitar congestionamientos viales y en el mejor de los casos las disuadan a partir de la atención de demandas.

“Se debe superar el modelo reactivo para migrar al democrático de solución pacífica de conflictos fundado en los derechos humanos, bajo la premisa del dialogo cuando la manifestación reclama algún acto de autoridad, pues como sabemos, el Distrito Federal, al ser sede de los poderes de la Unión, concentra el mayor número de marchas, que aunque en estricto sentido, no le concierne a la autoridad local esta debe intervenir, haciendo el llamado a la apertura  de espacios en los que se atiendan las demandas de los manifestantes”, añadió.