Notificación por extinción de dominio debe ser personal: Corte

Con este ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al gobierno del DF, éste no violará los derechos de audiencia.

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un criterio que obliga al Gobierno del Distrito Federal (GDF) a notificar personalmente, no solamente a los afectados, sino también a víctimas, terceros perjudicados y ofendidos, cuando pretenda iniciar un juicio para extinguir los bienes de delincuentes.

Con dicho criterio, el GDF no incurrirá en la violación del derecho de audiencia, debido a que el artículo 34 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal tiene todos los tintes de ser inconstitucional.

El precepto sólo ordena notificar el inicio de los juicios de extinción de dominio, a través de la Gaceta Oficial, al cual no tiene acceso la población, como ocurre con los edictos que se publican en medios de circulación nacional.

De acuerdo a la mencionada ley, el afectado puede ser el dueño que rentaba la casa; el tercer perjudicado, puede ser una empresa, en caso de que el inmueble estuviera hipotecado; también lo pueden ser los deudores alimentarios, que usaban la propiedad para pago de pensión de hijos y las víctimas del delito, quienes pueden reclamar la reparación del daño.

Por unanimidad de nueve votos, los ministros pusieron fin a una discusión que llevó cuatro sesiones y en el que por fin existió un acuerdo para realizar una "interpretación sistemática" de dicho artículo y no declararlo inconstitucional.

Los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossio, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena impulsaron la idea de pronunciarse por dicha interpretación.

La posición fue apoyada por el resto de los ministros, incluso por Luis María Aguilar Morales, quien era el único que pedía declarar inconstitucional el precepto, pues dijo que era grave que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) haya modificado la ley, quitando la notificación personal, para agilizar los juicios, lo que dejaba en estado de indefensión a los afectados, víctimas, terceros perjudicados y ofendidos, que pueden tener que ver con los bienes que se van a extinguir.

Olga Sánchez Cordero también estimó que el artículo vulneraba el acceso a la justicia; desde su punto de vista, el emplazamiento es sin lugar a dudas el primer acto procesal para asegurar el debido proceso.

Indicó que si la persona cuyos derechos pueden verse afectados o se le puede imponer una carga procesal, no está en conocimiento de tal situación con un cierto grado de certeza, irremediablemente todo el proceso se verá afectado en cada una de sus etapas y los procedimientos que lo integran.

Alberto Pérez Dayán era el único que decía que debía declararse la validez del artículo, pues no es que se les prive de la oportunidad de participar en el proceso, ya que existe una notificación por la Gaceta Oficial del DF, al final cambió su posición.

Los ministros también declararon infundados los agravios contra los artículos 25 y 26 que también impugno la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).