Asambleístas piden mayores penas a extorsionadores

El dictamen propuesto busca incrementar las penas para los extorsionadores que hacen creer a la víctima la supuesta intervención del crimen organizado en el delito.
Los integrantes de la ALDF discutirán Ley de accesibilidad de la Ciudad de México
Los integrantes de la Asamblea Legislativa aprueban mayores penas a extorsionadores. (Tomada de Twitter @AsambleaDF)

Ciudad de México

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó el dictamen que propone una agravante más para el delito de extorsión cuando el sujeto activo emplee mecanismos o formas de amenaza que hagan creer a la víctima que en el delito participan grupos de delincuencia organizada o asociaciones delictivas.

El dictamen busca reformar y adicionar una fracción al párrafo cuarto del artículo 236 del Código Penal para la Ciudad de México.

El diputado José Manuel Ballesteros López, del grupo parlamentario del PRD, dijo que el dictamen será presentado ante el Pleno para su aprobación.

“La mayor parte de los casos no están vinculados esos grupos delictivos, ya que el o los activos aprovechan la violencia generalizada que permea en el país vinculada a la delincuencia organizada en sus diferentes formas, para generar temor en la población“, dijo.

“Por lo que se considera una respuesta eficaz para ello, sancionar con mayor severidad este tipo de conductas, con la creación de la agravante tendiente a hacerle creer a la víctima el involucramiento de esos grupos de delincuencia organizada o asociaciones delictivas en el delito, sin que ello sea así en la realidad“.

La reforma señala que el artículo del 236 del Código Penal para el Distrito Federal quedaría “al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a ochocientos días multa“.

“Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad, las penas se incrementarán en un tercio”, agrega.

Las penas se aumentarán en dos terceras partes cuando el delito se realice por servidor público o miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada. Se impondrán además al servidor o ex servidor público, o al miembro o ex miembro de corporación de seguridad pública o privada, la destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos; también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada.

Además de las penas señaladas, se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando en la comisión del delito intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos; se emplee violencia física; o se emplee cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la víctima, la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o asociación delictuosa sin ser ello cierto, aún y cuando ello sea solo para lograr que la víctima no denuncie el hecho.