Juicio contra ex tesorero del SME "no es justo": CDHDF

La Comisión de Derechos Humanos del DF emitió por ello una recomendación a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para reparar daños causados a Alejandro Muñoz.
Alejandro Muñoz, ex tesorero del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Alejandro Muñoz, ex tesorero del Sindicato Mexicano de Electricistas. (Cuartoscuro-Archivo)

Ciudad de México

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recomendó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal reparar daños en el caso del juicio contra Alejandro Muñoz Reséndiz, ex tesorero del Sindicato Mexicano de Electricistas.

En su recomendación 4/2014, con número de expediente CDHDF/I/121/CUAUH/12/D6065, la titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, consideró que hubo violación al debido proceso, por lo que “no se trata de un juicio justo”.

En conferencia de prensa, explicó que la falta de una notificación adecuada en la averiguación previa iniciada contra Muñoz Reséndiz, tuvo como consecuencia la violación al debido proceso y su detención.

En la recomendación se acredita que la falta de comunicación previa y detallada de la acusación formulada contra el agraviado, en la etapa de averiguación previa, generó como consecuencia que no se hicieran efectivas las garantías relativas a la concesión del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa y a ser asistido por un defensor de su elección.

Esto afectó también el derecho a la defensa adecuada, por lo que no se trata de un juicio justo y además impacta en la presunción de inocencia y en su derecho a la libertad personal.

Recordó que el 30 de mayo de 2011, el secretario general del SME formuló una denuncia penal en contra de Muñoz Reséndiz y cuatro integrantes más de esa organización sindical, por el presunto delito de administración fraudulenta.

El 13 de junio del mismo año se radicó en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales de la PGJDF, con lo que se dio inicio al respectivo expediente de averiguación previa.

Gómez Gallardo afirmó que el agraviado tuvo conocimiento de las imputaciones en su contra hasta el 4 de septiembre de 2012, día en que la Policía de Investigación capitalina cumplimentó la orden de aprehensión.

Por lo anterior, la CDHDF recomendó a la PGJDF que en un plazo no mayor de 60 días, contado a partir de la aceptación de la misma, “repare íntegramente a la víctima por los conceptos de daño emergente, lucro cesante y daño moral ocasionado por las violaciones a sus derechos humanos”.

En los puntos recomendatorios dirigidos al procurador general de Justicia del Distrito Federal, Fernando Ríos Garza, se precisa que para dicha reparación se deben tener en cuenta las características de la víctima (como edad, género, situación económica, activismo sindical), las violaciones que sufrió y las consecuencias emocionales del mismo.