La demolición de una capilla en la delegación Tlalpan fue un acto de “gran arbitrariedad” que hirió a una comunidad que exige a la Iglesia católica tomar medidas más drásticas, aseguró el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar.
En entrevista con Carlos Marín para El asalto a la razón, Valdemar aseguró que si bien consideran que esta medida fue excesiva, están en la mejor disposición para que se aclare la propiedad del terreno que reclama la delegación; así como las irregularidades que presentaba la construcción.
Agregó que aun cuando la capilla fue construida de manera provisional, lleva más de 20 años como un lugar de culto, donde se ofrecía misa dominical y catequesis, por lo que es propiedad federal como lo establece la Constitución.
“Creo que hace falta una sensibilidad realmente política, una sensibilidad social y de respeto a las creencias religiosas, porque más allá de haber derruido el templo, desde nuestra perspectiva fue algo más grave por ser una profanación y desde la perspectiva católica eso es una cosa grave, es un delito”, señaló.
Reconoció que ya hubo un acercamiento con la jefa delegacional Claudia Sheinbaum, quien se reunió el sábado con el cardenal Norberto Rivera para dialogar sobre el futuro de la propiedad.
Valdemar recordó que la propia delegada ha reconocido que la medida que se adoptó fue un error, al grado de que gente de su personal fue despedida por esa acción que, dijo, dejó herida a toda una comunidad.
Afirmó que el cardenal está en la mejor disposición de entrar en un diálogo y en un entendimiento, pues reconoció que muchas capillas y los lugares donde se encuentran no están regularizados.
“Debe de haber comprensión y no puede ser tan tajante, se hiere a la gente, hay una gran indignación”, dijo.
Recordó que en su gran mayoría estos lugares de culto se edifican en terrenos que son donados por la comunidad y que en muchos casos forman parte de ejidos, donde el proceso de donación se hace principalmente de buena fe.
En el caso de la capilla en la delegación Tlalplan, dijo, que se encontraba el padre de la Iglesia a la que pertenecía en trámites para que el gobierno federal la reconociera como propiedad federal al ser un lugar de culto.
Sin embargo, aseguró que no solo debe existir un reconocimiento del lugar como una capilla, sino que también debe haber una compensación que permita poner el templo en pie nuevamente y arreglar las imágenes que fueron dañadas.
El vocero de la Arquidiócesis negó que la delegación hiciera un inventario de lo que se encontraba de la capilla al momento de ser derruida, por el contrario algunas se perdieron y las que lograron sobrevivir están albergadas en un taller mecánico.
Por lo que si existe la duda sobre la propiedad del terreno de 210 metros, aseguró que la Iglesia está en la mejor disposición de aclararlo, pero tendrá que ser en presencia tanto de sus abogados como del gobierno federal.
