Pide CDHDF justicia pronta y efectiva contra curas pedófilos

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se pronunció, luego de que el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU emitió un informe sobre pederastia clerical.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se pronunció respecto al informe que presentó el Comité sobre los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas sobre la pederastia clerical.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se pronunció respecto al informe que presentó el Comité sobre los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas sobre la pederastia clerical. (Tomada de internet)

Ciudad de México

Las autoridades del Distrito Federal deben resolver de forma pronta y efectiva los casos de delitos sexuales que hayan sido cometidos por miembros de la Iglesia católica en contra de menores de edad, advirtió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Recordó que las autoridades eclesiales tienen la obligación de facilitar en todo momento la información para la investigación y persecución de este tipo de delitos y que su labor religiosa no les confiere ningún fuero o protección especial ante la ley penal.

Lo anterior, luego de que este miércoles el Comité sobre los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas presentó un informe sobre la pederastia clerical, en el que afirma que El Vaticano realiza prácticas que encubren los crímenes de sacerdotes abusadores de niñas y niños mediante acciones que propician la impunidad.

En su informe, ese comité acusa a El Vaticano de violar la Convención de los Derechos del Niño y le urge a apartar de sus funciones a los autores conocidos o sospechosos de abusos sexuales a niños y niñas, y denunciarlos ante las autoridades judiciales para ser investigados y procesados.

De acuerdo con la comisión, hasta el año 2010 se calculaba que en México había aproximadamente 14 mil 618 presbíteros  que atendían una red de 6 mil 101 parroquias y se calculaba que del año 2001 al año 2010, El Vaticano abrió unos 100 procesos canónicos contra sacerdotes mexicanos acusados de abusos sexuales contra niñas y niños.