Fiscalización ágil de recursos públicos, pretende la ALDF

El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó una iniciativa para promover en el Congreso federal le confieran la facultad de sancionar el uso indebido de recursos públicos en la CdMx.
Los integrantes de la ALDF discutirán Ley de accesibilidad de la Ciudad de México
Los diputados en la Asamblea Legislativa buscarán agilizar la fiscalización de recursos públicos de la Ciudad de México y la facultad de sancionar el uso indebido de los mismos. (Tomada de Twitter @AsambleaDF)

Ciudad de México

El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó una iniciativa de iniciativas para reformar la Constitución, así como el Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México, a fin de agilizar los plazos de fiscalización de los recursos públicos.

Además, se pretende que el órgano legislativo capitalino tenga la facultad de legislar y determinar sobre esa fiscalización para evitar que el uso indebido de recursos públicos quede sin sanción.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iván Texta, dijo que la modificación del artículo 122 de la Constitución permitiría que la ALDF cumpla la función de salvaguardar los recursos públicos.

Con ello se busca que la ALDF pueda legislar sobre los términos de entrega de la Cuenta Pública y el informe de resultados, de conformidad con la revisión de la Cuenta Pública federal, como sucede con las demás entidades federativas.

“Mientras a nivel federal este proceso dura 9 meses y 20 días, en la Ciudad de México el procedimiento abarca cerca de 13 meses y es omiso en el término de la conclusión de la revisión de la Cuenta Pública. Esa diferencia de cuatro meses genera un desfase que impacta en la prescripción de responsabilidades y en la emisión de observaciones y recomendaciones”, expuso Texta.

El también presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México explicó en tribuna que la reforma dará a la ALDF la atribución de decidir los términos y condiciones en los que deben ser entregados los referidos informes, con plazos que solo podrán ser ampliados a solicitud del Ejecutivo local, con suficiente justificación a juicio del órgano legislativo.

Con la iniciativa de reforma constitucional, que será dirigida a la Cámara de Diputados para que se inicie su proceso en el Congreso federal y luego en los congresos estatales, se busca que la Asamblea Legislativa expida las disposiciones legales para organizar la hacienda pública y la entidad de fiscalización local, la cual gozará de autonomía técnica y presupuestaria, con un ejercicio de su función bajo los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

Con ello, los servidores públicos y cualquier entidad pública, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato, fondo u otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos, entregarán la información y la documentación que soliciten las entidades de fiscalización, de lo contrario los responsables serán sancionados en los términos que establezca la ley.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo local tendría plena autonomía para dirimir controversias entre particulares y autoridades de la administración pública local, y fincar responsabilidades derivadas de la fiscalización, con la legitimidad procesal de los órganos internos de Control y la Auditoría Superior local.