Busca la ALDF frenar anuncios ilícitos de candidatos

El pleno de la Asamblea Legislativa del DF aprobó solicitar al Invea y al Instituto Electoral capitalinos conjuntar acciones que impidan la saturación de ese tipo de propaganda.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhortó que el Invea y el IEDF conjunten acciones para impedir la colocación de propaganda de candidatos que no sea autorizada.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhortó que el Invea y el IEDF conjunten acciones para impedir la colocación de propaganda de candidatos que no sea autorizada. (Cuartoscuro-Archivo)

Ciudad de México

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó solicitar al Instituto de Verificación Administrativa y al Instituto Electoral capitalinos, la firma de un convenio para evitar que los candidatos se publiciten en espacios no autorizados en el proceso electoral en curso, debido a que siete de cada 10 anuncios de candidatos son irregulares.

La norma en la materia prohíbe la colocación de propaganda sin autorización, pero en cada periodo electoral la ciudad se ve invadida por estos anuncios.

El diputado Manuel Alejandro Robles, del PRD, explicó que con ese convenio se garantizará que ningún candidato se publicite en espacios irregulares que, además de actuar de manera desventajosa, satura el espacio urbano, generando contaminación visual y el rechazo por parte de los ciudadanos. 

A propuesta del asambleísta integrante de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, fue aprobado el exhorto al Invea y el IEDF, como una medida para frenar la ilegalidad en la propaganda publicitaria de los candidatos a diversos cargos de representación popular, en donde se deben imponer la equidad y la certeza jurídica como requisitos indispensables para lograr una elección limpia y acorde a las expectativas ciudadanas.

La norma vigente desde junio de 2010, prohíbe la colocación de propaganda sin autorización; sin embargo, el asambleísta dijo que se han colocado espectaculares sin licencias ni pago de derechos correspondientes. Y en cada periodo electoral la ciudad se ve literalmente invadida de estos anuncios.

La Ley de Publicidad Exterior establece cómo debe ser colocada la publicidad en el espacio público para su exposición, cuyos controles se establecen en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal para la publicidad electoral.

"Ante el próximo periodo electoral de 2015 es preciso prever y evitar que surja nuevamente este fenómeno, pues de acuerdo a la Procuraduría Ambiental, en el pasado periodo electoral de 2012, el 96 por ciento de la publicidad electoral violó la Ley de Publicidad en conjunto con las disposiciones electorales", expuso Robles Gómez.

El también integrante de la Comisión de Asuntos Político Electorales agregó que la normatividad advierte que cualquier candidato en anuncios publicitarios irregulares, podría incurrir en conflicto de intereses, ya que la ciudad cuenta con publicistas acreditados y solo se podrá disponer de estos publicistas y de los espacios publicitarios que tengan registrados.

Y en ningún momento los partidos políticos, candidatos, candidatos independientes, alianzas i coaliciones podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, más espacios en Permisos Administrativos Temporales Revocables de los que le correspondan.

La violación a estos aspectos son faltas administrativas, ilícitos penales y electorales que deben ser perseguidos con la mayor severidad posible, por la instancia de verificación administrativa y por el instituto electoral.

El asambleísta planteó que, en consecuencia, en periodos electorales las tareas de ambas instituciones se ven entrelazadas, por lo que el órgano electoral y el administrativo deben tomar acciones, como un convenio con el objeto de compartir información y ser medios de coadyuvancia mutua para realizar las labores para las cuales están facultados.

Mediante un convenio marco entre ambas instituciones, dijo, lograremos que los espectaculares, que en su mayoría causan un impacto visual y de riesgo para la ciudadanía, sean  clausurados por el Invea y reportados al IEDF, y éste reportará a aquellos de los que tenga conocimiento.