Pide diputado informe sobre bono a magistrados del TEDF

Alejandro Robles, secretario de la Comisión de Asuntos Político Electorales en la Asamblea Legislativa, pretende se aclare si la indemnización se apega a lo que marca la ley.
Informe preciso sobre la indemnización a los magistrados salientes del Tribunal Electoral del Distrito Federal, solicita en la Asamblea Legislativa el diputado local Alejandro Robles.
Informe sobre la indemnización a los magistrados salientes del Tribunal Electoral del Distrito Federal, solicita en la Asamblea Legislativa el diputado local Alejandro Robles. (TEDF)

Ciudad de México

El secretario de la Comisión de Asuntos Político Electorales e integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Asamblea Legislativa, el diputado Alejandro Robles, pidió una investigación para fincar responsabilidades administrativas a quien presuntamente autorizó un bono por más de medio millón de pesos para cada uno de los cinco magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Dicho bono es por indemnización, una vez que el Senado designó a sus sucesores; sin embargo, Robles, del grupo parlamentario del PRD, señaló que la ALDF llegará hasta las últimas consecuencias, "pues la sociedad ya está harta del dispendio de los recursos públicos".

"La Asamblea Legislativa del Distrito Federal no se quedará cruzada de brazos ante el megabono de retiro que en días pasados se autoasignaron los entonces magistrados del Tribunal Electoral del DF, previo al término de sus encargos", expuso el diputado local. 

Añadió que con las recientes reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (CIPE) de esta ciudad, se establecieron candados para evitar pagos extraordinarios a los magistrados del TEDF y a los consejeros del Instituto Electoral del DF (IEDF) al finalizar sus cargos.

Expuso que es una falacia señalar que los diputados de la Asamblea Legislativa no supieron ni lo que aprobaron en las reformas del CIPE, como lo aseguran los ex magistrados Alejandro Delint y Adolfo Riva Palacio.

De antemano se presume que actuaron deliberadamente, al amparo del contralor que ellos mismos nombraron, "para darse un regalo económico que a todas luces es inmoral porque provoca afectaciones al patrimonio del tribunal".
 
Destacó que los asambleístas tenían claros indicios de que los entonces magistrados tenían la intención de buscar un bono de retiro, una vez que concluyeran sus nombramientos, de ahí que la ALDF realizó reformas al CIPE para evitar precisamente eso.

"Se aprobó el artículo sexto transitorio, que a la letra señala: Se abrogan todos los acuerdos y disposiciones del Instituto Electoral del Distrito y del Tribunal Electoral del Distrito Federal que establezcan partidas y recursos extraordinarios para el retiro ", manifestó.

"Los titulares de los órganos electorales del Distrito Federal deberán ser liquidados con base en el término del nombramiento, y los titulares que sean ratificados o sean nombrados para desempeñar la misma función o equivalente deberán renunciar a la liquidación basada en el nombramiento anterior”.

Alejandro rechazó que tal artículo pueda prestarse a ambigüedades, como las que pretenden esgrimir algunos ex magistrados del TEDF.

“Esto no es un asunto de cuestión de enfoques, sino de respeto a la legalidad, pues la sociedad está harta de que cíclicamente se dañe el patrimonio de sus impuestos. Por eso no lo vamos a permitir”, enfatizó el asambleísta.

Informó que en la sesión del próximo martes, a más tardar, el pleno de la Asamblea Legislativa estaría nombrando al nuevo contralor del TEDF, para que, entre otras cosas, garantice una investigación objetiva y veraz sobre el bono de retiro que se autorizaron los ex magistrados.

También planteará un punto de acuerdo para solicitar un informe que permita saber con certeza cuánto fue lo que se asignaron los ex magistrados como pago extraordinario por su retiro.

“Ellos esgrimen que se dieron una liquidación con base en la ley, entonces vamos a darles el beneficio de la duda y a saber con certeza cuánto es lo que se asignaron”, apuntó.

“Es una especie de saqueo, por ello procederemos al nombramiento del nuevo contralor, ya que el que está actualmente fue nombrado por ellos mismos y, por tanto, representa un conflicto de intereses”, añadió.

Robles dijo que si se comprueba que los ex magistrados se otorgaron el bono de retiro, habrá sanciones, pues se estaría hablando de un daño patrimonial.