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Martes , 23.10.2018 / 12:02 Hoy

Vigencia de un reformista: Benito Juárez, íntimo

¿Cuál es el valor actual del llamado Benemérito de las Américas?

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Para los mexicanos, la historia de nuestro país está ligada a las estatuas. Sin libertad de elección, se construye la vida alrededor de los mitos nacionales y sus representaciones. Entre estas experiencias se contó cada 21 de marzo con depositar una flor ante la efigie de don Benito Juárez. Pero ¿cuál es el valor actual del llamado Benemérito de las Américas?

Benito Juárez nació en 1806, hace 210 años, en un pueblo de la Sierra de Ixtlán, en Oaxaca. Fue la figura que encaró a la cúpula política de su tiempo y encabezó una renovación drástica con una estrategia calculada, planificada y propositiva. Duro y tajante, ofreció diálogo y deferencias. No se desgastó en críticas o discrepancias, pues sabía que podrían llevarlo a la marginalidad política.

En Juárez incidieron experiencias individuales y colectivas que lo llevaron a construirse con una tenacidad ilimitada al grado de que fue la cabeza principal del grupo de la Reforma: Sebastián Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo y José María Iglesias, entre otros.

Con la salida de Santa Anna y la declaración del Plan de Ayutla, el general Juan Álvarez llegó a la presidencia de la República y llamó al oaxaqueño al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Tras los desencuentros entre Álvarez y su ministro de Guerra, Ignacio Comonfort, derivados en la renuncia de éste, vino la crisis. Juárez y Guillermo Prieto —ministro de Hacienda— amagaron con renunciar.

Pero mientras los demás se concentraban en la crisis, Juárez se impuso un deber: “Lo que más me decidió a seguir en el ministerio fue la esperanza que tenía de poder aprovechar una oportunidad para iniciar alguna de tantas reformas que necesitaba la sociedad para mejorar su condición...”.

Con orgullo íntimo, sin superioridad moral, confesaba: “Yo me ocupé en trabajar la ley de administración de justicia. Triunfante la revolución era preciso hacer efectivas las promesas reformando las leyes que consagraban los abusos del poder despótico que acababa de desaparecer. Las leyes anteriores sobre administración de justicia adolecían de ese defecto, porque establecían tribunales especiales para las clases privilegiadas haciendo permanente en la sociedad la desigualdad que ofendía la justicia, manteniendo en constante agitación al cuerpo social”.

En la presidencia, Álvarez tenía problemas serios, lo que impedía proponer, discutir y acordar un plan general, por ello, escribe Juárez: “Era, pues, muy difícil hacer algo útil en semejantes circunstancias y ésta es la causa de que las reformas que consigné en la ley de justicia fueran incompletas, limitándome solo a extinguir el fuero eclesiástico en el ramo civil y dejándolo subsistente en materia criminal (…) a los militares solo se les dejó el fuero en los delitos y faltas puramente militares. Extinguí igualmente todos los demás tribunales especiales devolviendo a los comunes el conocimiento de los negocios de que aquéllos estaban encargados”. Juárez entregó el proyecto de ley al presidente Álvarez y éste lo aprobó. Se publicó el 23 de noviembre de 1855 como Ley general sobre administración de justicia.

Esta fue la chispa que hizo caer a Álvarez y elevó a Ignacio Comonfort, un aliado de las clases privilegiadas —“por falta de convicciones o conveniencias personales”, sostenía Juárez—. Sin embargo, la nueva administración no derogó la Ley y Comonfort lo invitó a trabajar en Oaxaca para restablecer el orden legal.

Investido como gobernador y jefe de la comandancia general, Juárez recuerda: “Cuidé de recomendar muy especialmente a los diputados por el estado al congreso constituyente, que trabajaran con particular empeño para que en la nueva constitución de la república quedasen extinguidas las comandancias generales”. En su opinión, esos mandos militares eran inútiles y perjudiciales porque nulificaban la soberanía estatal, los estados libres, soberanos e independientes “solo lo eran de nombre pues en realidad los gobernadores eran subordinados de las comandancias generales”. Juárez afirmó su autoridad hilando fino.

Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Miguel Lerdo de Tejada presentó al presidente Comonfort la Ley sobre desamortización de los bienes que administraba el clero. La reacción de la Iglesia no se hizo esperar utilizando al pueblo con el argumento de que la ley era herética y que atacaba la religión. Juárez sostiene que: “Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar”.

Hoy acaso es posible que a nuestro ambiente ideológico, lastrado por tantas leyes y políticas públicas desacertadas o engañosas, le venga bien reivindicar la imagen del multicitado prócer para que México deje de caminar en sentido inverso a las dimensiones de justicia y de soberanía nacional. El mito sigue su marcha, pero no más Juárez de piedra y acero.

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