David Lida, el cronista de los condenados

Desde hace siete años, este periodista neoyorquino radicado en el DF se dedica a documentar la historia de los mexicanos condenados a la pena de muerte en Estados Unidos.
El periodista David Lyda documenta las historias de los mexicanos condenados a muerte en EU, una labor que lo ha puesto frente a la ejecución institucional, “la mayor aberración que he visto”.
El periodista David Lyda documenta las historias de los mexicanos condenados a muerte en EU, una labor que lo ha puesto frente a la ejecución institucional, “la mayor aberración que he visto”. (Especial)

Ciudad de México

Para "ahuyentar" a la muerte, golpea un objeto de madera tres veces: toc, toc, toc, antes de que uno de sus casos culmine con la señal que le da el jefe del equipo de ejecución al enfermero. Antes de que el pinchazo atraviese la piel de su cliente y el fármaco se disperse por todo el torrente sanguíneo. Antes de que la sustancia le haga perder el conocimiento, le paralice el diafragma y eche a andar el corazón hasta reventar: pum, pum, pum... Antes de la nada.

Su trabajo consiste en armar la historia de vida de algunos mexicanos en Estados Unidos que están condenados, o en vías de ser condenados, a la inyección letal para conseguir "atenuantes" que pudieran ayudar a que, en un juicio el fiscal, el jurado o un juez, se compadezcan o bien reconozcan irregularidades en el proceso y desistan de aplicar la pena capital.

De los 17 casos en los que ha colaborado David Lida, en todos se ha logrado evitar la ejecución. "Hasta la fecha, a ninguno de mis clientes le han dado la pena de muerte. Aunque sé bien que es probable que un día me toque uno que no pueda salvar, pero toco madera", dice.

Lida es un periodista nacido en Nueva York que desde hace 25 años radica en la Ciudad de México. Sin embargo, desde 2007 decidió combinar el oficio del periodismo con el de un mitigation specialist. "¿En qué consiste ser eso?, se cuestiona, "No puedo traducir la palabra porque el término no existe en español, porque ningún país hispanohablante es tan aberrante como para imponer como castigo la pena de muerte", explica.

Su tarea consiste en seguir las huellas del inculpado. Como en una película, va en retrospectiva, comienza en el corredor de la muerte y termina, casi siempre, en un páramo o rancho en México, lugar de origen de la mayoría de sus clientes. Recurre a familiares, compañeros de trabajo, profesores, amigos, cualquier persona que tenga que decir algo del acusado y cuyos testimonios puedan explicar por qué hizo lo que hizo.

Desandar los pasos es la principal labor de este, el cronista de los condenados.

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La ejecución de un mexicano suele atraer los reflectores de los medios de comunicación cuando solo faltan unos días para la aplicación de la pena capital. De qué se le acusa, el clamor de los familiares, qué es lo que pedirá como última cena o hasta cuáles fueron sus últimas palabras (en caso de ser ejecutado) son parte de los tópicos que llenan los titulares de la prensa.

Pero para cuando el tic, tac resuena en la opinión pública es porque el caso lleva años en tribunales y, si el acusado corre con suerte, en apelaciones. La espera de la pena capital, que se ha aplicado a mil 404 personas desde que en Estados Unidos se reinstauró en 1976 como castigo por homicidio agravado, puede ser una tortura que llega a durar hasta 20 años.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), actualmente en territorio estadunidense hay 127 mexicanos en la antesala de la muerte, ese reducto lúgubre en el que el encierro es de 23 horas por solo una hora en la que se le permite al reo recibir los rayos del sol en un pequeño patio. Un corredor en el que el único contacto físico es a través de un teléfono y en una cabina donde el vitral le restriega al reo su encierro.

De esos 127 mexicanos, 59 ya fueron sentenciados a la pena máxima y 69 aún están enfrentando procesos penales que los ponen prácticamente en la ruta a ser condenados de la misma manera, especifica el informe entregado por la SRE a la Cámara de Diputados en septiembre de 2014, que no incluye la ejecución del mexicano Manuel Vásquez, realizada el 11 de marzo de este año en Texas.

Para los abogados que defienden a los mexicanos hay dos tipos de batallas. El juicio original en el que el Departamento de Justicia Penal determina si se le dicta pena capital o solo cadena perpetua. La otra se da cuando el acusado ya fue condenado a la pena de muerte y hay que apelar a la misericordia del fiscal o a comprobar vacíos y errores en el proceso para que se retracte de la ejecución. La segunda siempre suele ser la más complicada.

En el 2000, la Cancillería puso en marcha el Programa de Asistencia Jurídica para casos de Pena Capital (MCLAP, por sus siglas en inglés) mediante el cual el gobierno federal contrata los servicios de un despacho de abogados para brindar asesoría jurídica a los connacionales encarcelados que enfrentan un juicio en el que ya no es la libertad, sino la vida, lo que está en juego.

Según datos oficiales, hasta 2014 se había evitado la ejecución de por lo menos 887 mexicanos contra siete casos en los que no se pudo revertir la pena de muerte. En la mayoría, la defensa, que se enfrenta a un sistema de justicia que considera más redituable la ejecución que la cadena perpetua —jueces en Texas han argumentado que mientras que un caso de pena de muerte cuesta 2.3 millones de dólares, mantener a un reo en una prisión por 40 años le genera al erario costos de hasta tres veces más—, se conforma por dos abogados, un investigador de los hechos que se encarga de los asuntos penales y un investigador de mitigación que se ocupa de recrear la historia de la vida de la persona acusada. Ahí es donde Lida entre en escena.

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Las cartas con las que se la juega Lida van desde la pobreza, el hambre, abuso sexual, violencia intrafamiliar o enfermedades mentales hasta problemas de conducta ocasionados por los componentes químicos de fertilizantes que muchos migrantes mexicanos absorben cuando trabajan como jornaleros en los campos agrícolas.

La polémica es parte del oficio. La mayoría de los inculpados cometieron crímenes, algunos brutales, en los que el tamaño de sus delitos no les dio para la cadena perpetua. Pero David es de los que consideran que nadie es quién para decretarle la muerte de otro ser humano. Además, señala, en muchos de los casos está el factor corrupción y, por supuesto, el racismo.

Aunque las estadísticas del Death Penalty Information Center revelan que el índice de imposición de la pena de muerte entre mexicanos es de 0.7 por ciento contra el porcentaje del 8 al 14 por ciento de aplicación de dicha pena a ciudadanos estadunidenses, en la práctica se puede encontrar la punta del hilo que desemboca en una madeja de irregularidades.

Ahora en Estados Unidos ser mexicano, asegura Lida, es como ser negro en 1959, si te agarran y eres blanco tienes muchas mejores posibilidades de salir. Durante los juicios se registran atropellos a los derechos humanos que llegan a ser hasta irrisorios. Casos en los que los mexicanos no recibieron asesoría consular o en los que los abogados de oficio que les impusieron se presentaron borrachos a las audiencias o incluso, uno en el que la defensa dormitaba durante el juicio.

Los ya casi ocho años como mitigation specialist le indican a David que el mayor problema es que la gente no entiende cómo funciona el sistema de justicia penal estadunidense por más que al que está en el banquillo de los acusados se le lean en español sus derechos.

"Muchos vienen de lugares tan alejados y pobres como Durango o Michoacán y no crecieron viendo La ley y el orden. Hay mexicanos que se niegan a tener un abogado porque creen que no pueden pagarlo y el oficial te dice que tienes derecho uno, pero pocas veces te menciona que el consulado puede ayudarte con la asesoría jurídica", relata.

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Lida es un hombre de mediana estatura, delgado, sensible, pero con la piel bien curtida. La coraza no es gratuita. A pesar de que ha hecho crónicas de la Ciudad de México para varias revistas y diarios, cuando se pone el traje del specialist mitigation, de sus palabras pende la salvación de alguien.

Dice que en medio de un caso llegó a sentir la espada de Damocles sobre su cabeza. Defendía a un joven que provenía de una comunidad extremadamente pobre, con tres generaciones de descuido y violencia. El abuelo del abuelo golpeaba al abuelo, el abuelo violentaba al padre, y éste, naturalmente repetía el patrón con su defendido. Por más intentos que hizo David, la familia no quiso cooperar, rechazaban cruzar la frontera para atestiguar a favor de su cliente. Solos contra el mundo. El acusado y él, porque entre el mar de dificultades ante la cuenta regresiva para la ejecución estaba otro factor que nunca pudo probar: el joven padecía una enfermedad mental.

Aunque la Constitución estadunidense prohíbe procesar con pena de muerte a alguien con discapacidad mental, comprobarlo en un juicio es muy difícil, más fácil resulta aceptar el crimen y pedir el desistimiento de la pena capital. Al final, Lida evitó la ejecución de su cliente, pero está seguro que su lugar no es tras las rejas sino en un psiquiátrico, lugar donde deberían estar, agrega, por lo menos l 40 por ciento de los presos de las cárceles en Estados Unidos. Pero como con su cliente, el Estado se niega a reconocer que padecen de sus facultades mentales.

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Pero un eco del siglo XIX amenaza con ser la última frase que escuchen los condenados a muerte al final del tan temido corredor: ¡Preparen, apunten, fuego! Ante la escasez de fármacos que componen la inyección letal, el estado de Utah ha determinado una alternativa para llevar a cabo sus ejecuciones: el pelotón de fusilamiento.

El pasado 24 de marzo, el gobernador de un estado tan liberal como para buscar la aprobación de la despenalización de la mariguana comestible, firmó una ley con la que si las autoridades no consiguen las sustancias con las que se realizan las ejecuciones por inyección intravenosa en un lapso de 30 días después de la fecha en que fue fijada la ejecución, entonces se podrá recurrir a fusilar al condenado.

Estados como Oklahoma, Ohio, Arizona y Texas van por el mismo camino. Sus gobiernos debaten qué hacer ante la negativa de varias marcas europeas de venderles el fármaco, pues están contra la pena de muerte. En esas entidades, como en Utah, las autoridades argumentan que buscan un método humano, en el que el reo no sufra o se retuerza como sucedería de aprobarse el uso de la silla eléctrica, propuesta ya hecha por algún político republicano.

"A mí me parece un mito que la inyección letal es más humano", critica Lida, "En el siglo XVII, en el XVIII se hacían las ejecuciones en el zócalo del pueblo, quemaban a la gente viva para demostrarle a la gente lo que era la pena de muerte. No difiere mucho de la inyección letal, matas a otra persona solo que de una manera más discreta, es una forma en que el gobierno estadunidense limpia su conciencia".

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En su departamento y frente a un gran ventanal que permite al sol golpearle a uno la cara, David explica que tiene razones para creer que el mundo no es un lugar justo. Su madre fue sobreviviente del holocausto y durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en un campo de trabajo forzado durante cuatro años. No corrieron la misma suerte los abuelos y casi toda la familia materna, que sí fueron enviados a campos de exterminio.

"Tuve un hermano que se murió de sida por el mero hecho de haber nacido gay en Nueva York en 1957, entonces yo no creo que en esta vida no impera la justicia", narra.

Después de todo y de luchar contra ella, ¿qué es para ti la pena de muerte?, se le pregunta.

"El elemento más aberrante que me ha tocado de cerca, quizá es la injusticia más grande del sistema de justicia en el mundo".

El PERIODISTA

Cuando David no está detrás del rastro de uno de los condenados, persigue la historia de algún personaje marginado de la Ciudad de México. Marginados no por su condición social o económica sino porque la vida de estos chilangos difícilmente captan la atención de los mismos chilangos. Con la mirada atónita de un eterno viajero, y la curiosidad de un extranjero que hizo del DF su hogar, Lida ha escrito lo mismo sobre la socialité Viviana Corcuera o un vendedor de suásticas en La Lagunilla que se creía neonazi, que del día a día de un policía que cumple con su deber a bordo de una chinampa en Xochimilco. Esas crónicas forman parte de Las llaves de la ciudad (Sexto Piso), libro del cual acaba de salir su segunda edición.

 

NUMERALIA MORTAL

—Durante 2013, se registraron 778 ejecuciones en el mundo, según un informe de Amnistía Internacional. El 5 por ciento de éstas se realizó en Estados Unidos, que encabeza la lista de países con más ejecuciones, solo por detrás de Irán, Irak, Arabia Saudita, y por encima de Siria.

 

—En lo que va de 2015 van 10 ejecuciones registradas en EU.

Estados con más penas de muerte desde 1976.

Texas, 522.

Oklahoma, 112.

Virginia, 110.

Florida, 90.

Misuri, 82.