Qué hacer con los museos mexicanos

Ensayo.
Qué hacer con los museos mexicanos
(Especial)

Ciudad de México

Prácticas cincuentenarias

Con todo y sus agregados, la morfología actual de los museos en México es resultado de la única reforma orquestada hasta hoy, iniciada en 1960 y culminada en 1964, justo como cierre apoteótico del gobierno de Adolfo López Mateos. Eran años de optimismo pleno en el presente socioeconómico: el desarrollismo como ideología oficial auguraba un futuro idílico para el país. La obsesión constructiva que caracteriza a ese periodo, práctica heredada de los primeros gobiernos posrevolucionarios, no había llegado aún al universo de los museos. Salvo el Palacio de Bellas Artes, donde en 1934 se asentó el primer recinto de la Ciudad de México para el arte oficial —que ahora cumple 80 años—, nada se había edificado. Numerosos proyectos se sucedieron en el tiempo sin que la indispensable voluntad política aceptara destinar presupuesto para concretar alguno de los tantos bocetos que en diversas oportunidades fueron presentados a la elite en el poder público. Varias generaciones de funcionarios culturales no escatimaron en hacer viajes de investigación por representativos museos norteamericanos para tomar ideas y nociones museológicas de vanguardia.

Todo fue inútil hasta que el régimen decidió que después de tantos edificios gubernamentales, puentes, carreteras, presas, unidades habitacionales y demás megaproyectos —que abarcaban la construcción de Ciudad Universitaria— había llegado el turno de los museos, lo que incluía el mejoramiento de emblemáticas zonas arqueológicas y la apertura al público de muchas otras destinadas a serlo. La clave de la reforma museal pasó por la táctica política de fortalecer lo turístico. López Mateos emitió una Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, que entró en vigor en 1959, y ordenó que el Departamento de Turismo saliera del control de la Secretaría de Gobernación para convertirlo en dependencia directa del Poder Ejecutivo. De lo que se trataba era de brindar el trinomio playa–ruina–monolito a quienes no lo tenían en su propio país, dado que el índice de turistas extranjeros en 1960 indicaba que el 88% provenía de Estados Unidos. Otra maniobra turística era la de convertir a la Ciudad de México en objetivo de los visitantes temporales y para ello precisaba de museos ultramodernos. De esta forma, si el viajero insertaba una metrópoli en su recorrido, el propósito era asegurarse de que se tratara del Distrito Federal: se le promocionaba como capital cultural no solo de nuestro país sino de América Latina. Así, el centralismo histórico se impondría también, simbólicamente, en el subcontinente y coronaría una política exterior que, con la riqueza cultural como insignia, buscaba consolidar su autoasignada posición de líder regional en el concierto de las naciones.

La administración de Adolfo López Mateos, que heredó el proyecto de edificación del Museo Nacional de Antropología, prefirió ampliar el objetivo y en 1959 encargó la elaboración de un programa general de reordenamiento museal que evidenció el estado de abandono en el que se encontraban los museos y que proponía la reordenación de colecciones y la creación de nuevos y especializados espacios, lo que constituyó la base de la más ambiciosa reforma de alcance nacional, que generó numerosos y hoy representativos museos no solo adscritos al INAH y al INBA, sino que incluyó a instituciones tan diversas como la Secretaría de la Defensa Nacional, el Departamento del Distrito Federal o la Universidad Nacional Autónoma de México. Se edificaron cuatro inmuebles, todos con base en diseños del entonces arquitecto del régimen, Pedro Ramírez Vázquez: la Galería de Historia Museo del Caracol, el Museo de Arte e Historia (en Ciudad Juárez, Chihuahua), el Museo de Arte Moderno y, a la cabeza de todos, el emblemático Museo Nacional de Antropología, sin duda el proyecto constructivo que condensaba de mejor manera la avidez de monumentalidad de la elite política que gobernó México durante buena parte del siglo XX.

En cuanto a la morfología interna del sistema cultural, es importante destacar que desde sus orígenes existe disparidad entre las dos instituciones centralizadoras de museos de carácter federal, el INAH (creado en 1939) y el INBA, organismo complementario que nació hasta 1946. Me refiero a desigualdades presupuestales y de representatividad nacional que se reiteraron durante la reforma museal de 1964, al incrementarse el interés oficial por construir museos de sitio e intensificarse las excavaciones arqueológicas, lo que consolidó al INAH en su carácter de instituto de alcance plenamente nacional, dado que hoy cuenta con alrededor de 120 establecimientos museales, a diferencia del INBA, que con dificultad consiguió abrir espacios especializados en los diversos periodos artísticos —con lo que dejó de depender de su museo matrix, ubicado en el Palacio de Bellas Artes— y no logra afianzar su presencia en todo el territorio mexicano pues solo cuenta con dieciséis recintos.


El sistema actual

El debilitamiento del régimen político en el ámbito cultural, perceptible al menos desde la década de 1960, se expresa en el resquebrajamiento de su hegemonía en el universo de los museos. Desde el siglo XIX se estructuraron políticas culturales que concebían a las instituciones culturales como asuntos de Estado, estrategia refrendada por los gobiernos posrevolucionarios. Esta particularidad entró en tensión justo a partir del sexenio de López Mateos, con el gradual surgimiento de espacios privados que se caracterizan por ejercer de manera autónoma la administración de sus recintos y por instituir una flexible dependencia formal con el gobierno, limitada muchas veces al préstamo en comodato de un terreno o edificación histórica de propiedad federal/estatal o al otorgamiento de apoyos económicos eventuales, sin tratarse de partidas presupuestales regulares u obligatorias. Estos espacios, sean de capital individual o empresarial, se asientan en las capitales económicas del país o en la Ciudad de México, dado el continuado centralismo: Frida Kahlo (1959); Anahuacalli (1964); de Monterrey (1977-2000); Franz Mayer (1986); Amparo (1991); de Arte Contemporáneo, MARCO (1991); Soumaya (1995); Jumex (2013), entre muchos otros.

Desde hace décadas, el Estado de bienestar social se convirtió en ideología política anquilosada y el cambio de vocación gubernamental se tradujo en una gradual renuncia a cumplir las responsabilidades institucionales que había contraído desde inicios del siglo pasado, lo que ha sumido en una inercia de bajo perfil al ámbito cultural, a pesar de algunas incursiones puntuales que no lograron modificar de manera sustancial el modus operandi, como los catorce Proyectos Especiales de 1992–94, que implicaron la construcción-remodelación de cinco museos y, sobre todo, la exploración-restauración de zonas arqueológicas que tenían como objetivo primordial el incremento de oferta turística. En consecuencia, a nivel de subsistencia se mantienen innumerables museos de la red federal. Es la desactivación evidente, siempre negada en el discurso, de políticas culturales de pretendido alcance nacional y repercusión internacional.

El mayor problema de las instituciones culturales de carácter público reside en la sempiterna dependencia de que se active la voluntad política para el otorgamiento discrecional de partidas etiquetadas como excepcionales. El gasto corriente permite solo operar programas básicos anuales, ocasionando que los recursos se empleen sobre todo en la producción de exposiciones temporales (presupuesto indirecto) y que se destinen menores recursos a las indispensables labores de conservación e investigación de su acervo (presupuesto directo), lo que también dificulta la puesta en marcha de un esquema —si no permanente, al menos bienal o trienal— de restauración, equipamiento y mejoras, espaciales y funcionales. Peor aún, la burocracia cultural está atada de manos por reglamentos y disposiciones legales anquilosadas, que no reflejan las necesidades actuales de procuración de fondos.

Después de la reforma de 1960–1964 —en realidad la excepción que confirma la regla— se regresó a una práctica cultural de añeja raigambre mediante la cual la red de museos crece de manera aleatoria y fortuita, sin un proyecto maestro para forjar un sistema de museos con base en las necesidades culturales de las diferentes regiones que forman el territorio nacional. En consecuencia, las reconfiguraciones que se han efectuado hasta hoy han sido a resultas del anuncio de una nueva institución museística. Esto es, una de las bases del sistema cultural en México es que las adecuaciones museales se hacen de manera informal, operativa e inmediata, como reacción a una inevitable coyuntura. Igualmente, de forma circunstancial se han realizado compras de bienes culturales, se han autorizado transacciones mixtas (donación/ venta) o se han aceptado legados, cesiones y donaciones específicas, sin que se hayan implantado políticas con lineamientos, potenciales o reales, de crecimiento sostenido.

Frente a este crítico panorama, es evidente la necesidad de una reestructuración administrativa y orgánica para dotar a los museos de mejores recursos patrimoniales, técnicos, humanos y económicos. Se precisa de un diagnóstico de las fortalezas y debilidades de las colecciones que resguardan los diversos museos y, por ambicioso que parezca, reflexionar seriamente sobre la pertinencia de acometer una redistribución general, a fin de desarrollar mejores relaciones, conexiones y articulaciones entre ellos, lo que favorecería su complementariedad y evitaría las actuales duplicidades y redundancias. La movilidad de las piezas contribuiría a su revitalización y posibilitaría que las revisiones a las colecciones permanentes se constituyan en alternativas a las exposiciones temporales, hoy refugio por excelencia de curadores y directivos dado su potencial lúdico, experimental y de marketing.

Esto, por supuesto, llevaría a la toma de decisiones sobre la continuidad, o no, del perfil de cada museo, en el entendido de que los parámetros institucionales y los planes museológicos no deben supeditarse a la personalidad de los directivos en turno. Redefinir, deslindar y, en su caso, confirmar cada vocación sería tarea sustancial de unas nuevas políticas culturales públicas que sustituirían a las inerciales estrategias actuales. También es esencial el diseño de un programa de adquisiciones/ donaciones —a ejecutarse a mediano y largo plazo— para el fomento de los acervos estatales. Esto incluiría una necesaria revisión jurídico-administrativo-fiscal de las disposiciones reglamentarias y los estatutos vigentes, para agilizar procesos hoy laberínticos en materia de donaciones, ventas y entregas en comodato de bienes patrimoniales.

Revisar, reflexionar, consensar, transparentar, planificar y legislar no son prácticas independientes del asunto presupuestal. El incremento sustancial y periódico de los recursos es la condición indispensable para la mejora de la red de museos públicos, asumiendo que no hay presupuesto que pudiera alcanzar para remediar todas las carencias. En consecuencia, estoy convencida de la necesidad de una segunda reforma nacional, acordada, que reorganice nuestro patrimonio y las instituciones que lo resguardan. Una actualización integral del sistema de museos de administración pública, que corrija la actual situación mediante la instrumentación de un programa sustentable que busque puntos de acuerdo entre la burocracia museal, la clase política y aquellos interesados en activar no solo sus derechos sino también sus responsabilidades culturales.