Solo 43% de mujeres violadas recibe antirretrovirales

Las autoridades explican que la mayoría queda desprotegida por no denunciar a tiempo; sin embargo, hay casos en que los servidores públicos niegan la ayuda por no estar capacitados.

México

La falta de denuncia oportuna, así como de información y capacitación de los servidores públicos, impide que las víctimas de violación reciban anticoncepción de emergencia y los medicamentos necesarios para prevenir el contagio de VIH/sida y otros padecimientos que pueda causar el ataque.

En 2013, los tratamientos para prevenir enfermedades transmisibles en las víctimas de abuso sexual que reparte la Secretaría de Salud  (Ssa) cubrieron menos de la mitad de los casos de violación (43.7%).

La dependencia federal distribuyó 5 mil 921 profilaxis posexposición, mientras que en el mismo periodo 13 mil 544 personas fueron víctimas de dicho delito, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), elaborado a partir de los reportes de las procuradurías y fiscalías generales de los estados.

En 2013 hubo 9 mil 300 infecciones de VIH y al menos 100 contagios fueron en una relación sexual no consensuada, según datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH/sida (Censida).

Por las lesiones que ocasiona una relación forzada y la falta de protección durante el ataque, las víctimas de violencia sexual tienen 50% más probabilidades de contraer VIH, de acuerdo con el informe del Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH/sida.

Sin embargo, el riesgo del contagio puede reducirse prácticamente a cero si los medicamentos preventivos se administran en el periodo adecuado.

“Desafortunadamente, los estados responden a la demanda a quién viene, y si cuando viene está en tiempo de recibir el tratamiento, pero muchas personas acuden a la procuración de justicia o a los servicios de salud después, una semana o más”, explicó Aurora del Río Zolezzi, directora general adjunta de Salud Reproductiva del Centro Nacional de Género y Salud Reproductiva (Cngsr).

El tratamiento preventivo incluye antirretrovirales que, administrados en un periodo no mayor a 72 horas después de la agresión, son efectivos para evitar el contagio de VIH, entre otras enfermedades. La mayoría de las denuncias, aseguró la funcionaria, ocurren después de ese plazo.

“La estadística nos muestra que solo 40 por ciento de las agresiones llega antes de 72 horas”, detalló Del Río Zolezzi.

La Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 para el registro y atención integral de víctimas de violencia familiar y sexual considera las violaciones como urgencias médicas  y obliga a las autoridades a ofrecer anticoncepción de emergencia y prescribir a las víctimas profilaxis contra VIH/sida luego de realizar la evaluación de riesgo.

Por negligencia

Aunque muchas víctimas no denuncian a tiempo, también hay a las que se les ha negado el tratamiento por negligencia de las autoridades o el personal médico que las atiende.

Uno de esos casos ocurrió en León, Guanajuato, donde Ely, de 22 años, denunció una violación ante el Ministerio Público apenas dos horas después de ocurrida la agresión. La revisión médica tomó menos de cinco minutos; la doctora que la atendió justificó el sangrado por la menstruación, aunque hacía tres semanas había concluido su periodo.

La joven abandonó el lugar sin saber que las lesiones aumentaban el riesgo de contagiarse de VIH y sin que se le administraran antirretrovirales. Tampoco recibió anticoncepción de emergencia para evitar un probable embarazo.

En cambio, recibió paracetamol para el dolor de cabeza.

Del Río Zolezzi reconoció que el tiempo y la sensibilidad de los funcionarios son fundamentales para atender a las víctimas.

“Ciertamente no tenemos a los ministerios públicos sensibilizados en género; aún hay personal de procuración de justicia que revictimiza. Yo digo que si uno va a denunciar que le robaron un carro, un Ferrari rojo, la autoridad no pregunta ¿para qué se compró usted ese carro? .

“En cambio, a la mujer que viene y denuncia una violación es común que le pregunten ¿por qué anda sola de noche? ¿De dónde venía? ¿Por qué se viste así?”, comentó la funcionaria.

Hasta el momento el Cngsr —que depende de la Ssa— no tiene informes sobre si las más de 13 mil víctimas acudieron dentro del plazo de 72 horas para recibir el medicamento o si simplemente no se los ofrecieron.

Manejo de fármacos

En 2013, el Programa de Atención y Prevención de la Violencia Familiar y de Género —a cargo del Cngsr—, contó con 527 millones de pesos, de los que 15 millones fueron destinados a la compra de antirretrovirales Atripla, cuya administración requiere una dosis diaria durante un mes.

El fármaco—recomendado por Censida— se distribuye en casi 400 unidades de más de 10 mil clínicas del país, incluidos los 135 Centros Ambulatorios de Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual.

En 2013, el Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, y Baja California —que concentraron el mayor número de denuncias—, encabezaron la distribución de los medicamentos con 922, 792, 354, 313 y 262 tratamientos, respectivamente.

Sin embargo, en el Estado de México se presentaron 2 mil 325 denuncias por violación,  mientras que los tratamientos repartidos fueron apenas 792. 

En Chiapas las denuncias alcanzaron 850 casos y el gobierno federal entregó a la Secretaría de Salud de Chiapas 313 medicamentos.

“Hay estados que no gastan los medicamentos. La vigencia mínima del medicamento es de 18 meses y el proveedor ofrece un periodo de canje de seis meses más cuando se acerca la fecha de caducidad. Ahora mismo estamos recibiendo las solicitudes de canje de algunos estados del medicamento que entregamos en 2013. Estamos en tiempo”, dijo Aurora del Río.

Baja California, Yucatán, Tabasco y Colima solicitaron canje de medicamentos, estados que recibieron 262, 137, 187 y 44 tratamientos mientras que se denunciaron 564, 380, 427 y 75 violaciones, respectivamente.

El manejo es responsabilidad de los gobiernos estatales, quienes deben solicitar los tratamientos e informar al Cngsr de los lugares donde estarán disponibles.

“En todas las entidades federativas hay un nivel de coordinación. No puedo decirle que en todas es estupendo; varía. En Nuevo León, el Distrito Federal y el Estado de México funciona bastante bien. En otros lugares la atención es mediana y en algunos es deficiente”, destacó la funcionaria. 

En el DF

En el Distrito Federal, la Clínica Condesa desarrolló una estrategia para distribuir los antirretrovirales a la mayor cantidad posible de víctimas de violación.

Desde 2008 comenzó la distribución de un kit de fármacos a través de los Ministerios Públicos y del Centro de Terapia de Apoyo.

“Nosotros tratamos de que las víctimas inicien la profilaxis antirretroviral en el menor tiempo posible”, dijo Ubaldo Ramos Alamillo, ginecobstetra y subdirector de la Clínica Condesa.

El paquete incluye antiretrovirales para tres días y la anticoncepción de emergencia: “Los medicamentos son fuertes y tienen efectos secundarios importantes por ello deben administrase bajo supervisión médica. Y como son medicamentos caros deben pasar por un proceso en la clínica para darles continuidad en tratamiento”, dijo el ginecobstetra. 

Desde entonces la clínica ha atendido a más de 5 mil personas víctimas de violación, de las que 40 por ciento ha recibido el kit profiláctico. De estas, ninguna ha sido diagnosticada con VIH luego del seguimiento obligado durante nueve meses en el que también se les practican pruebas de hepatitis B y C y sífilis.

A octubre de 2014 atendieron a 870 personas por violación y 300 recibieron el tratamiento de manera inmediata: “el problema es que no denuncian, y cuando lo hacen es de manera tardía; ya no son candidatas para recibir el medicamento porque pierde efectividad después de 72 horas y causa efectos secundarios muy fuertes”, afirmó el especialista.

El costo de cada dosis oscila los 2 mil 100 pesos y aunque el costo anual del tratamiento para una persona infectada por el VIH ha disminuido desde 2003 por el desarrollo de medicamentos nuevos y genéricos,  alcanza un promedio de 60 mil pesos.

Para Ubaldo Ramos hay recursos suficientes para tratar a las afectadas; el reto está en fortalecer la atención que ofrecen los servicios de salud y los ministerios públicos; en sensibilizarlos para terminar con las prácticas que revictimizan a las personas y que las hacen pasar de agredidas a culpables.



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