Teorías de la conspiración

Los paisajes invisibles.

Ciudad de México

Hace unos días, el New York Times publicó un reportaje que evidencia el alto, altísimo nivel de desconfianza de los mexicanos acerca de las versiones oficiales sobre justicia y legalidad. William Neuman tomó como ejemplo cardinal la fuga de El Chapo Guzmán del penal del Altiplano, cuya explicación del túnel con sus taladros, martillazos y barahúnda de todo tipo bajo el suelo de una cárcel de máxima seguridad nadie se traga, pero también mencionó el affaire de mala memoria de Florence Cassez y el caso Ayotzinapa. La teoría de la conspiración, concluye el periodista, es parte fundamental del imaginario mexicano, y para confirmar su tesis señala que hay decenas de casos que nunca se esclarecen o se resuelven mal, sin pruebas ni sustentos ya no irrefutables sino verosímiles, y tiene razón. Aquí el sospechosismo dejó de ser un complejo o una tradición o una ironía y se ha vuelto una herramienta psicológica para aliviar la indignación, la amargura y la frustración de un país que sigue siendo el mismo de la década de los cincuenta del siglo pasado, el país antidemocrático, corrupto, violento y sin Estado de derecho, que Carlos Fuentes desmenuzó en Tiempo mexicano (1972): “En México, en cambio, la ley escrita siempre ha representado un escudo formal contra las injusticias de la práctica cotidiana: el papel legitima lo que el uso niega”, aunque también valdría la pena anotar otro par de ideas del mismo libro, en el capítulo dedicado al 68 de Díaz Ordaz: “El malestar social de una colectividad dividida en clases con intereses opuestos pero en la que éstos no pueden manifestarse, pues en México, oficialmente, no hay antagonismos o diversidades sino ‘unidad nacional’ en torno a los poderes de la Revolución Institucional. El malestar político, en fin y sobre todo, de un país mayoritariamente privado de cauces para la acción y la expresión públicas” (¿unidad nacional?... ¿Dónde y cuándo hemos escuchado eso?); y “La aritmética de la muerte no es lo mismo que el álgebra del crimen”. Cierto. Ayotzinapa, Tlatlaya o Tanhuato no son distintos al atroz asesinato de Rubén Jaramillo y su familia en Xochicalco en 1962, durante la presidencia de López Mateos, como tampoco los episodios de Aguas Blancas o de Acteal se diferencian de la tortura y homicidio de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz y dos mujeres más en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, cuyos móviles y responsables apuntan a Javier Duarte y su gobierno en Veracruz, estado que, ni más menos, es el sitio más peligroso para la prensa en toda América Latina.

Hay quienes refutan y hasta repudian las teorías de la conspiración. Quienes prefieren los relatos oficiales, esa narrativa en la que se suele criminalizar a las víctimas victimizándolas por partida doble, o que emite juicios lapidarios sobre el estilo de vida de quienes fueron inmolados. Hay quienes aceptan cualquier patraña y condenan al primer chivo expiatorio y están dispuestos a dar vuelta a la página de nuestra historia mexicana de la infamia. Sin embargo, en la ominosa realidad en que vivimos y ante la ineficacia, ineptitud, corruptela o franca inutilidad de funcionarios e instituciones, ¿para qué nos sirve el sentido común? ¿Será que cuestionar, descreer de las versiones más estúpidas o descabelladas, es un privilegio de la inteligencia?

Rubén Espinosa y Nadia Vera denunciaron el acoso y las amenazas de muerte, huyeron de Veracruz pero la capital tampoco fue un refugio. ¿Sabremos algún día lo que realmente sucedió, caerán los genuinos responsables? Francamente creo que no. Lo único cierto es que en este asunto, como en decenas de expedientes con carpetazo en el olvido, jamás habrá justicia verdadera.

En México pocos creen en las autoridades y en sus instituciones. Tan indiscutible como cargar con la espada de Damocles por un artículo, un reportaje, un comentario radiofónico, participar en una marcha o, simplemente, por tomar una fotografía.