ENTREVISTA | POR HÉCTOR GONZÁLEZ

La noche de 26 de septiembre de 2014, 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala. El suceso, de por sí trágico, despertó todo tipo de reacciones en México y el extranjero.

Sergio González Rodríguez: los 43, un episodio límite de la sociedad mexicana

Sergio González Rodríguez, autor de 'Los 43 de Iguala', libro en el que analiza las distintas aristas de uno de los sucesos más oscuros en la historia reciente de México.
Sergio González Rodríguez, autor de 'Los 43 de Iguala', libro en el que analiza las distintas aristas de uno de los sucesos más oscuros en la historia reciente de México. (Jesús Quintanar)

Ciudad de México

La noche de 26 de septiembre de 2014, 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala. El suceso, de por sí trágico, despertó todo tipo de reacciones en México y el extranjero. Desde entonces y hasta ahora, se han vertido hipótesis sobre las causas y el destino de los estudiantes. El gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República, desarrolló una investigación que en su momento planteó “una verdad histórica”, una verdad que doce meses después parece hacer agua debido a los cuestionamientos de organizaciones internacionales de derechos humanos.

A fin de aportar algo de lucidez y orden sobre lo dicho y escrito sobre el caso, Sergio González Rodríguez publica Los 43 de Iguala (Anagrama), libro en el que analiza las distintas aristas de uno de los sucesos más oscuros en la historia reciente de México.


A un año de lo sucedido en Iguala, las investigaciones de las autoridades se contradicen y resurgen los cuestionamientos sobre lo que pasó aquella noche de septiembre. ¿Cuáles son las dudas que motivan su investigación?

El caso Ayotzinapa representa un episodio límite de la sociedad mexicana. Implica una crisis integral de nuestras instituciones y hace evidente la compleja relación entre la sociedad y el gobierno, que no ha sabido responder a las inquietudes sociales. Por eso no lo veo como un episodio criminal, como se nos ha dicho. Más bien representa la degradación de un sistema.


En una parte de su libro expresa la necesidad de recuperar la lucidez social y política. ¿En qué momento la perdimos?

Perdimos la racionalidad y lucidez de lo que es el propio país, su historia, su memoria, su lenguaje, por la veloz modernización que vivimos a finales del siglo XX. Nos ha faltado hablar y discutir al respecto. Tenemos clases dirigentes con valores oligárquicos, a las cuales no les importa dar la espalda a la sociedad. Si sumamos las carencias de nuestro sistema político, las inercias de la subcultura del capitalismo, la falta de un programa educativo realmente eficaz, podremos entender por qué estamos en una circunstancia muy difícil. Se perdió el significado político de lo que es gobernar con entereza a un país.

 

¿De qué manera enturbian las investigaciones e interpretaciones la politización sobre el destino de los 43 estudiantes?

El episodio dista mucho de ser un simple caso para la criminología; es mucho más amplio. Si bien sucedió en una entidad gobernada por el PRD, se convierte en responsabilidad federal cuando expone la carencia de un área de prevención. El Estado tiene órganos de inteligencia como para impedir el crecimiento de la degradación en un gobierno municipal donde el crimen organizado está tan arraigado. Es una cuestión de irresponsabilidad de los gobiernos estatal y federal. A un año de distancia prevalece la sensación de que los órganos de seguridad pública y las fuerzas armadas no quisieron involucrarse. Cuando aumentó esta percepción, evidenció la falta de lucidez y racionalidad respecto de las normas constitucionales del Estado y el poder Ejecutivo, instancia garante de los derechos humanos.


Lo que en su momento se calificó como una investigación “sin precedentes” es ahora refutada por organismos internacionales de derechos humanos.

En México, el 90% de las detenciones se da en flagrancia o en flagrancia equiparada. No somos un país con una verdadera cultura de la investigación policiaca ministerial. Cuando la presión social dentro y fuera del país aumenta, el gobierno se ve rebasado y prefiere resolver el caso como un problema de gestión política. No sabemos hacer investigaciones profundas, por eso los expedientes resultan inconsistentes y contradictorios. Las lagunas que deja el trabajo de la Procuraduría General de la República son insatisfactorias para la opinión pública, los familiares de las víctimas y los organismos internacionales.

 

La hipótesis de su libro es que la desaparición de los estudiantes fue una acción de Estado.

Fue una operación de limpieza social realizada por expertos en operaciones de contrainsurgencia. Obedeció a patrones estudiados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Mi lectura es que fue para escarmentar a quienes quieran oponerse al gobierno.


¿Por qué descarta la versión de que fueron confundidos?

La versión de la confusión por sicarios corresponde a la “verdad histórica”. Para mí es insostenible porque este tipo de operaciones no pueden ser realizadas por un conjunto de señores drogados y analfabetas. La forma en que fueron ejecutados implica una capacitación paramilitar y en el Ejército mexicano hay gente con este tipo de conocimientos. Los argumentos o pruebas del gobierno son testimonios obtenidos bajo tortura. Más que hacer una investigación profunda, se ocuparon de inducir los informes periciales y las pruebas oficiales hacia su hipótesis, cada vez más insostenible, y no solo yo lo pienso, también lo han dicho expertos y organismos internacionales.


Bajo esta lógica, ¿percibe condiciones similares con episodios como el de Tlatlaya?

Ante acontecimientos tan significativos como éstos, en los que la autoridad no investiga e impera el desconocimiento, no hay razón para pensar que son únicos. Lo que sí he observado es que la respuesta de las autoridades después de la matanza de Iguala consiste en inventar un caso para no investigar a fondo.


¿Cree que las autoridades apostaron a que la matanza de los estudiantes de Iguala se diluiría con el tiempo?

Apostaron al control de daños. No hay noticia que dure más de una semana. Esa es la lógica de esta perversión gubernamental. Hay una lógica de convergencia entre el caso de Iguala y el caso de la colonia Narvarte. Vuelvo al punto: no investigan y se inventan un caso para quitarse el problema de encima. A eso se le llama “gestión de problema” o “control de daños”. Se repite una mentira a partir de simulaciones, propaganda gubernamental en complicidad con los medios oficialistas.


En Campo de guerra, El robo del siglo y ahora en Los 43 de Iguala, apoya sus investigaciones con argumentos de geopolítica.

No estamos acostumbrados a ver las cosas desde este punto de vista. Nuestros políticos suelen ser serviles ante los designios de Estados Unidos. México es un país soberano y como tal tendría que contar con una clase dirigente más consciente de la responsabilidad que supone negociar con nuestros vecinos del norte. Cuando revisas la historia descubres que las drogas forman parte de una operación del gobierno estadunidense para tener asegurado su mercado, el más grande del mundo. El consumo de drogas es un modo de control social y el interés norteamericano es que nosotros paguemos con sangre; por eso todos vienen a decir que es un problema de criminales, pero no es así. El narcotráfico lava el dinero en los folios del poder bancario–financiero de Estados Unidos y de otras partes. No comparto la visión de que el combate al crimen organizado es una lucha de policías contra ladrones, algunos tan inteligentes como para fugarse de penales de alta seguridad. Detrás de las personas hay poder: gente que las apoya, que las encausa, que lava su dinero, que hace negocios políticos aquí y en Estados Unidos.