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Jueves , 20.09.2018 / 21:43 Hoy

La Crítica: Espacios: Viabilidad

El gobierno de la ciudad funge como propietario del espacio urbano y comercia descaradamente con éste.

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El desarrollo urbano de la Ciudad de México se ha convertido en un negocio, por lo cual se explica que escuchemos con tanta frecuencia la palabra 'viabilidad' en el discurso de los políticos y gobernantes. La administración pública no es una actividad con ánimo de lucro: el Estado invierte el dinero de los ciudadanos en infraestructura urbana cuyo destino único es el usufructo colectivo de dichos bienes. En nuestra ciudad el paradigma entre valor de uso y valor de cambio respecto al suelo edificable ha sido invertido y el espacio urbano se ha convertido en un bien de consumo. El gobierno de la ciudad funge como propietario del espacio urbano y comercia descaradamente con éste.

En días pasados se ha discutido hasta el cansancio el plan presentado por la empresa paraestatal Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México (ProCdMx) para edificar áreas comerciales concesionadas a operadores privados sobre la avenida Chapultepec. La discusión acerca del proyecto del arquitecto Fernando Romero ha polarizado la opinión pública.

El discurso de la ProCdMx, secundado por el proyecto del arquitecto Romero, afirma que el único medio para mejorar la vía pública es la inversión privada, de otro modo parece que nuestras calles tienen que quedarse como están.

El arquitecto Alberto Kalach comentó durante un taller realizado ayer en la sede de la revista Arquine: "Primero hay que decidir qué tipo de ciudad queremos, para después ver cómo la financiamos". Me parece que el director del proyecto Ciudad Futura ha acertado. Además su idea es reforzada por su propuesta llamada "Otro Chapultepec", que, a diferencia de la que promueve la empresa paraestatal, propone un parque lineal sobre la vía pública y una nueva regulación de uso del suelo que revitalice el comercio, la vivienda y los servicios sobre las aceras de la avenida.

La filosofía de la política pública basada en la viabilidad financiera inclinará la balanza aún más hacia el lado de la riqueza y la exclusión social. Si el gobierno impulsa y favorece solo a las empresas y personas que cuentan con los recursos para financiar proyectos, el espacio público de nuestra ciudad está en vías de extinción. El gobierno de la ciudad ofrece el espacio público a cambio de su autorización para que sea explotado por comerciantes, constructores y promotores inmobiliarios, como una solución pragmática a su falta de recursos para mejorar la calidad de las zonas céntricas de la ciudad, o bien para la edificación de vías rápidas o transporte concesionado. Pero la democracia se pone en riesgo cuando los funcionarios hacen caso omiso de la oposición de los ciudadanos a sus proyectos y cuando el único motor del desarrollo urbano es la financiación.

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