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Jueves , 21.06.2018 / 00:04 Hoy

Invasiones

La situación jurídica de una parte considerable del patrimonio cultural inmueble en la Ciudad de México presenta un considerable riesgo debido a las invasiones ilegales de las casas o edificios.

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Lorenzo Rocha

La situación jurídica de una parte considerable del patrimonio cultural inmueble en la Ciudad de México presenta un considerable riesgo debido a las invasiones ilegales de las casas o edificios, lo que ha sucedido desde hace casi un siglo.

Durante el siglo XIX proliferó la construcción de casas y edificios de apartamentos en colonias centrales como Guerrero, San Rafael, Santa María la Ribera, Roma y otras más, incluido el Centro Histórico. Pero a partir de 1910 muchos inmuebles fueron abandonados, debido a la inestabilidad política en el país resultado de la Revolución y a la incertidumbre de los años subsecuentes a la lucha. Con el tiempo, dichos inmuebles vacíos fueron ocupados por personas en busca de vivienda y, gracias a la prescripción de la propiedad, los nuevos poseedores pasaron a ser los propietarios de muchos de ellos.

Los problemas con dichas invasiones es que en muchos casos son ilegales ya que, según la ley, para que la prescripción de la propiedad sea válida, ésta debe derivar de la posesión continua, pacífica y pública durante diez años. En la mayoría de los casos, estas condiciones no se cumplen, ya que los poseedores de los inmuebles patrimoniales ingresan a éstos de modo violento y bajo la protección de alguna organización que lucra con ello y utiliza documentos falsos para comprobar su estado jurídico. La protección a invasores se ha convertido en un activo político desde hace 30 años (desde el terremoto de 1985), ya que organizaciones populares como la Asamblea de Barrios, surgidas de modo legítimo, se han ido pervirtiendo.

Además de la incertidumbre legal que generan las invasiones, otro mecanismo pernicioso afecta a los inmuebles patrimoniales: se trata de la falta de mantenimiento y el deterioro manifiesto de las construcciones. Es lógico que quien accede a un inmueble de modo ilegal, carece de los recursos para darle el cuidado necesario. Además, si comienza un proceso de desalojo, éste puede prolongarse hasta 20 años, lo cual con seguridad arruina la propiedad que no recibe el mantenimiento adecuado. Una construcción en ruinas es un peligro para los vecinos y viandantes, y es responsabilidad del propietario mantenerla en buen estado para que no dañe a terceros.

Por estas razones, vemos en casi todas las colonias céntricas de la ciudad casas y edificios históricos en ruinas. Son pocos los casos en los que se mantiene correctamente el patrimonio. Desgraciadamente, el sistema legal hace muy difícil la solución de las disputas sobre la propiedad de un inmueble histórico, los invasores dolosos cuentan con gran cantidad de opciones para evitar su desalojo, desde aquellas que les otorga la ley, como los trucos y métodos de presión que utilizan para aletargar los procesos legales.

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