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Viernes , 21.09.2018 / 01:58 Hoy

Fallo por ley de autismo recae en ministro Pardo

Siete integrantes, contra una norma que consideran “discriminatoria” y “estigmatizante”; tres más la ven como un “instrumento positivo”.

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La ley que establece a los autistas la "opción" de solicitar certificados de habilitación —para demostrar que pueden desempeñar un trabajo— está a punto de prevalecer, porque una minoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo ve como un "instrumento positivo".

Pese a que siete ministros se pronunciaron por declarar inconstitucional el artículo 10, fracciones IV y VI, de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista, hace falta un voto para anular el precepto impugnado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que señaló que el artículo discrimina y vulnera los derechos humanos y laborales.

La decisión de si prevalece o no el artículo —que también prohíbe negar trabajo a los autistas que cuentan con el certificado— recaerá en el nuevo ministro, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se integrará al pleno mañana y que, como antecedente, en 2013 reconoció que las personas con discapacidad intelectual gozan de derechos como cualquier otro ciudadano.

En esa ocasión, Pardo votó por otorgar un amparo a Ricardo Adair Coronel Robles, quien vive con el síndrome de Asperger —una variante de autismo— al que no se le reconocía sus derechos; sin embargo, lo anterior no garantiza que se sume a la mayoría.

Durante la sesión que se realizó ayer, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dijo que los certificados de habilitación representan una barrera indebida con las que se discrimina a los autistas, porque los obliga a demostrar que tienen cierto estado de capacidades y habilidades; "ésta situación es profundamente discriminatoria.

"La Convención (sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) establece, como obligación de los Estados contratantes, prever ajustes razonables para ir revirtiendo esa realidad discriminatoria de las personas con discapacidad, pero como dije en mi intervención, con respeto a quienes sostienen lo contrario, esto no es un ajuste razonable, el simple hecho de este certificado es estigmatizante (...) ¿Vamos a pedir un certificado de habilidades de capacidades a todas las personas que tengan una condición o discapacidad?", cuestionó Zaldívar.

No obstante, el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, dijo que el certificado es un instrumento positivo, porque da elementos a los autistas de que sí pueden desempeñar un trabajo.

A Aguilar Morales se sumaron Norma Lucía Piña Hernández y Margarita Luna Ramos, quienes consideraron que los certificados de habilitación no son discriminatorios.

Al respecto, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena comentó que se está ante una práctica coercitiva, es decir, porque en el mercado laboral se están incrementando los costos de transacción para un grupo determinado de personas que tienen una condición diferenciada del resto del mercado laboral.

"Por eso, considero que la norma es abiertamente estigmatizante, además del hecho de que van a ser médicos quienes van a calificar las capacidades y las habilidades para determinar si una persona es apta o no para obtener un trabajo", expresó.

El ministro Eduardo Medina Mora también calificó como discriminatorio obtener ese certificado, porque incluso atenta entre los mismos autistas, porque solo protege a aquellos que obtengan el título para que no se les niegue trabajo.

Fernando Franco González Salas pidió al pleno dar seguridad jurídica a los autistas e invalidar la mencionada parte de la ley.

Por su parte José Ramón Cossío Díaz se pronunció por invalidarla toda, ello por falta de una adecuada consulta.

La mencionada ley establece que las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, son las encargadas de expedir los certificados y de practicar diagnósticos a las personas con la condición del espectro autista que lo soliciten.

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