En dos años enjuiciaron a 81 mexicanas por abortar

Las cifras “dan cuenta de las múltiples violaciones a derechos humanos y reproductivos que enfrentan las mujeres” por acceder a la atención médica, dice Regina Tamés, titular del GIRE.

México

Entre 2012 y 2013 se emprendieron 81 juicios penales en México contra mujeres que interrumpieron su embarazo quienes fueron acusadas de aborto o de infanticidio, y 32 más fueron sentenciadas por cometer lo que para las leyes locales es un crimen.

De acuerdo con las estadísticas presentadas por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en el Distrito Federal —donde es legal abortar antes de las 12 semanas de gestación— hubo el mayor número de juicios y sentencias por el primer delito con 12 y seis respectivamente, seguido de Hidalgo, Puebla y Veracruz con siete procesos penales y una resolución cada uno. 

Estas cifras “dan cuenta de las múltiples violaciones a derechos humanos y reproductivos que enfrentan las mujeres para acceder a los servicios de atención médica”, señaló Regina Tamés, directora del GIRE, durante una conferencia.

En lo que refiere al delito de homicidio en razón de parentesco o infanticidio, solo Baja California y Oaxaca presentaron sentencia a mujeres; la primera entidad una y la segunda dos, mientras que se iniciaron seis juicios penales (uno en cada entidad) en Baja California, Durango, Oaxaca, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas en el mismo periodo.

Pena de cárcel

La representante de la organización explicó que “en 29 entidades federativas existe una pena privativa de la libertad por la comisión de esta acción cuando una mujer decide no continuar con su embarazo… algunas contemplan el trabajo comunitario o el tratamiento como una posibilidad de sanción que sustituya la cárcel, a pesar de las reformas que se han hecho en esta materia por la salud de las mujeres”.

En el documento presentado refiere que, si bien las causales de aborto y los servicios de interrupción legal de embarazo contribuirían a garantizar los derechos reproductivos, aún existente regulación penal en ciertas entidades y se continúa provocando la denuncia y criminalización de quienes deciden no continuar con su embarazo.

El documento “Niñas y mujeres sin justicia; derechos reproductivos en México”, que presentó ayer la organización civil, se destaca que solamente Chiapas, Tabasco y Veracruz no cuentan con una pena de prisión.

“Hay estados donde hay personal de salud que no está capacitado para hacer interrupciones… pero también están quienes no lo hacen por ignorancia”, dijo Tamés.

El caso de Hilda

Como ejemplo de esta situación, las representantes del GIRE recordaron el caso de Hilda, quien en 2009 tenía 18 años y vivía en San Luis Potosí. La mujer acudió al Hospital Básico Comunitario de Tamuín debido a que presentó cólicos y sangrado vaginal, así como restos embrionarios, por lo que fue sometida a un legrado uterino.

Tras percatarse de lo ocurrido, una trabajadora social dio aviso a las autoridades e Hilda fue custodiada durante su permanencia en la clínica para después ser trasladada a los separos, donde permaneció una noche, y después fue liberada por falta de pruebas del delito aborto incompleto provocado.

Sin embargo, en 2013 se giró una orden de aprehensión en su contra porque el caso no había sido concluido y tuvo que pagar 3 mil pesos para conseguir su libertad provisional.

Fue en ese momento cuando el GIRE le dio apoyo jurídico, el cual no logró impedir que ese mismo año la sentenciaran a 12 meses de prisión por ser responsable del delito de aborto.

“Dado que la legislación no se modifica, que las políticas públicas siguen mal y que en el sistema de justicia hay impunidad, lo que estamos tratando de lograr no solo es incidir en los poderes Legislativo y Ejecutivo, sino a través del Judicial, con estrategias de litigio frontales para buscar justicia”, comentó la directora de GIRE.

Indicó que “esto provoca una situación de discriminación jurídica, ya que las mujeres tienen más o menos derecho a interrumpir un embarazo dependiendo de su lugar de residencia”.

Para concluir, Regina Tamés señaló que en los últimos años han litigado 39 casos de mujeres, a quienes también se les han violado sus derechos reproductivos, de las cuales nueve fueron menores de edad y, de ellas, ocho son víctimas de abuso sexual, a quienes se les ha negado el acceso a un aborto legal.