Carlos Mario Yory: “En Colombia enfrentamos una difícil guerra por la paz”

En medio de la polarización social, el 'narco' y la permanencia de grupos armados, el filósofo y antropólogo apuesta por el diálogo para la construcción de un “nuevo país”

Colombia es un país de 48 millones de habitantes, con 46 por ciento de la tierra en manos del 0.4 por ciento de la población, una nación con bandas criminales organizadas de formación paramilitar, donde parte de su foresta amazónica —pulmón de todo el planeta— ha sido privatizada y vendida a la industria minera extranjera.

Colombia es el país que el 2 de octubre dijo “no” a los acuerdos de paz establecidos entre el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC. Su guerra es la más larga del continente, un conflicto que dura ya medio siglo, en cuya trama compleja han participado una pluralidad de actores. Además del gobierno y las FARC, el ejército de los paramilitares que ocupó, con la complicidad del Estado, grandes extensiones de tierra, facilitando el camino para el tráfico de drogas y entrando en competencia con las FARC en el comercio ilícito. En teoría este ejército se desarticuló durante la presidencia de Uribe, mientras los paramilitares que no se desmovilizaron se organizaron en bandas criminales llamadas Bacrim, y en grupos denominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que buscan una legitimación política. Un rol ulterior tuvieron los otros frentes insurgentes: el Ejército de Liberación Nacional, ELN, con el cual se empieza a avanzar en una mesa de negociación, y el Ejército Popular de Liberación, EPL, que al día de hoy es una fuerza marginal con menos de cien combatientes en la región de Catacumbo, al norte de Santander.

Una guerra cuyas estrategias han cambiado profundamente desde el año 1964, cuando la población rural era mayoría y Colombia, con sus enormes inequidades sociales, el país perfecto para dar a luz a un movimiento armado marxista. En estos 50 años la nación se ha transformado radicalmente: el flujo del campo a las ciudades ha sido masivo, no solo por el atractivo de éstas, sino como consecuencia del exilio forzado de comunidades enteras víctimas de la violencia. La economía creció creando una clase media urbana y la educación ha logrado prácticamente desterrar el analfabetismo.

Carlos Mario Yory, arquitecto, filósofo, antropólogo social y profesor en la Universidad Nacional de Colombia, trabaja hace años en temas de desarrollo urbano y construcción social del hábitat. Consultor en diferentes instancias de la Alcaldía de Bogotá (a través de distintos programas como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD o la Agencia Española de Cooperación Internacional AECI, entre otras), Carlos Mario Yory coordina comisiones de desarrollo urbano en temas de convivencia y participación ciudadana, para una construcción pacífica del territorio: “Es un momento de enorme polarización. Estamos viendo como en el tema del conflicto, las FARC son en realidad un actor tangencial, puesto que se ha demostrado con la polarización de la sociedad —expresada en el referéndum por la paz— que el problema de este país no es la guerrilla.

El verdadero problema es esta polarización: la eterna lucha que vive el país desde las rivalidades entre Bolívar y Santander. En cualquier caso, el error sería caer en la lógica de la supremacía moral tras la cual se escondieran los dos polos que hoy en día caracterizan a la sociedad colombiana. Debemos aprovechar esta coyuntura y superar de una vez el discurso contradictorio”. El presidente Juan Manuel Santos —galardonado este año con el Nobel de la Paz— ha trabajado en los diálogos de La Habana buscando una conciliación con los verdaderos antagónicos, que dividiendo el país optaron por el “no”. Conciliación que se firmó el pasado 12 de noviembre con algunos importantes cambios respecto a los antiguos acuerdos. Un ejemplo: el avance en la democracia participativa es parcial, las comunidades participan en la selección de los beneficiarios de tierras y subsidios en el agro, pero la última palabra la tendrán las autoridades.

La reforma agraria sigue siendo uno de los temas más importantes. “El actual proceso de paz, a través del Fondo de Tierras para la Paz promete devolver a las comunidades rurales, con una disposición específica, miles de hectáreas expropiadas por actividades ilegales, facilitando programas de crédito y subsidio, así como incentivos para la creación de cooperativas agrícolas y de asistencia técnica”. Una entre muchas de mis dudas, que intento resolver hablando con Carlos Mario Yory, es ¿por qué se tardó tanto tiempo para terminar el conflicto con una guerrilla cuyo logro histórico tenía un muy incierto horizonte?

Una dimensión de la respuesta está en la narcoeconomía que, gracias a la economía de mercado que controla el tema a escala global, tenía —y tiene— en jaque al país, dejándolo en manos de la inestabilidad social y la violencia extrema. El narcotráfico juega un papel fundamental: instigó a los campesinos al cultivo ilegal, aliándose indistintamente con la política, la guerrilla y los paramilitares. Por tanto, esta paz no puede dejar de reflexionar sobre las políticas en tema de drogas.

Desde los años ochenta los guerrilleros se hicieron más fuertes, mientras paradójicamente se extinguía su fuego revolucionario: “el debilitamiento de la guerrilla vino hasta de sus filas: muchos guerrilleros no tenían mayor compromiso y varios se entregaron. También se fue perdiendo el respaldo ciudadano, la gente empezó a ver cómo existían otros movimientos autónomos como el EZLN que no recurrían al secuestro o a la extorsión para sobrellevar la lucha”.

La alianza entre las FARC y el narcotráfico aumentó el capital disponible para la guerrilla, el número de integrantes y su arsenal. El floreciente comercio ilegal ha apoyado esta guerra cuyas víctimas han sido, como en todas las guerras, la parte más vulnerable de la sociedad civil. Una ironía que tiene la cara de un nihilismo moderno: la guerrilla que nace con la lucha de clases sabotea la agricultura de subsistencia, utilizando la gran tienda global creada por la prohibición, financiando la avidez de la sociedad de la opulencia.

Ahora que las FARC acuerdan cooperar en la conversión de campos de cultivo ilícito, el periódico El Tiempo advierte que bandas criminales como La Empresa, La Nueva Gente y La Gente del Orden ya están luchando por el control de los territorios que eran de la insurgencia en el suroeste colombiano. Pero en realidad la gran agrupación armada ilegal criminal que hoy representa una amenaza para Colombia y que trastoca la cotidianidad de muchas comunidades es la autodenominada Autodefensas Gaitanistas, conocida también como Los Urabeños o bautizadas y rebautizadas por el Gobierno como Clan Úsuga. Reflexionar sin moralismos sobre el tema de las drogas sería un gran paso adelante para toda América Latina, desde México hasta Argentina.

Después de la victoria del “no” la paz sigue siendo un territorio en disputa. El ex presidente —actualmente senador— Álvaro Uribe ha logrado convencer al electorado denunciando que gracias al actual acuerdo “no habrá prisión para las FARC”. La mayoría de los colombianos ha creído que con el acuerdo se sacrificaba la justicia en nombre de un fácil perdón. Esto en gran parte porque en La Habana se había decidido apostar por un modelo de justicia transicional retributivo y no punitivo. La reparación de las víctimas debe advenir a través de un tribunal especial internacional que, caso por caso, elige quién puede acceder a la amnistía. En los nuevos acuerdos el Tribunal no prevé más la presencia de jueces extranjeros. Los amnistiables estarán obligados a decir la verdad, reconocer su culpa y aceptar un mínimo de cinco años de trabajo comunitario en las zonas más afectadas por el conflicto, por ejemplo, colaborando en el proceso de desminado. Los culpables de crímenes de lesa humanidad —genocidio, violación, desaparición forzada— deben ser castigados con reclusión forzosa.

Otra controversia que ha dividido a la nación ha sido el programa de reinserción social de los ex guerrilleros que proporciona asistencia financiera en la realización de proyectos de vida alternativos para aquellos que dejan las armas. La agencia ACR, Agencia Colombiana para la Reintegración, es responsable no solo de apoyar su reubicación económica, sino también social. Este órgano realmente existió durante mucho más tiempo, ya que en 2006 los “desertores” podían acceder a las ayudas del ACR. Carlos Mario Yory afirma que a pesar del grave corte de los recursos económicos, la ACR ha tenido muy buenos resultados “reinsertando a más de siete mil personas, de las cuales menos del 25 por ciento volvieron a la guerrilla o se metieron en pandillas criminales”.

Entre los actores que pueden disponer de fondos para la reintegración también hay menores de edad. No son raras las historias de niños guerrilleros, de hecho, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) habla hasta de un 47 por ciento. Un ejemplo es Manuel, ahora de 25 años, quien a la edad de 12 ya disparaba con su rifle. Hoy trabaja en Pereira, capital del departamento de Risaralda, como mensajero en una cooperativa textil de mujeres que fabrica uniformes para colegios, hoteles, etcétera... La entrada en la guerrilla no ocurre solo por razones ideológicas, en la mayoría de los casos la causa está en el contexto de pobreza extrema de la Colombia rural. En este escenario, a veces tomar las armas resulta ser una salida a la pobreza. Estamos hablando de situaciones de violencia estructural donde la elección es relativamente limitada al contexto. Probablemente sin un programa de reintegración, sin un apoyo, incluso psicológico, todos estos ex combatientes, acostumbrados a años de feroz violencia, a secuestros y violaciones, terminarían en la delincuencia.

Carlos Yory trabaja hace años en proyectos de desarrollo social destinados a las víctimas del conflicto y a la población en extrema pobreza, entre los cuales se encuentra el programa de emprendimientos culturales innovadores y el de microfranquicias innovadoras y solidarias, desde los cuales testimonia como éstas son un modelo de negocio exitoso que bien puede mejorar las condiciones de vida de esta población.

“Los acuerdos no son perfectos”, dice Yory “pero tratan de construir el proyecto de un nuevo país. Decir “no” a esta paz significa elegir el miedo, sin ninguna propuesta alternativa. Paradójicamente, ahora vamos a tener que empezar una conflictiva guerra por la paz”. El escritor Mario Mendoza agrega: “los que votaron por la guerra, váyanse a la guerra”. En Colombia, la paz es un horizonte de años de negociación entre dos frentes enemigos, entre el “sí” y el “no” del referéndo, y ahora, dice el periodista e intelectual colombiano William Ospina, “la paz en la cual creer es la de los cambios”.