La crítica: Teatro Legislar sobre espacios teatrales

Regreso al tema de los espacios teatrales independientes no solo como un acto de necia convicción sino porque algún ec

México

Regreso al tema de los espacios teatrales independientes no solo como un acto de necia convicción sino porque algún eco ha generado donde se toman decisiones, que es en las cámaras. Ciertamente hay muchas iniciativas que no fructifican, que nacen muertas o deliberadamente sin dientes. En esta ocasión, el diputado Alfonso Suárez del Real ha presentado en la Asamblea Legislativa una propuesta con punto de acuerdo para generar mecanismos que apoyen a los espacios teatrales y culturales, que va cobijada por la Comisión de Cultura. En ella se solicita al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que instruya a las secretarías capitalinas de Cultura, Desarrollo Económico y Finanzas a dar curso a la iniciativa.

Si bien la copia del punto de acuerdo que hemos conseguido para MILENIO externa su preocupación por el riesgo y posible desaparición de Teatros como El Bicho, el Blanquita y Carretera 45, se solicita se implementen acciones que “deben ser generales y de largo plazo para así ofrecer una solución de fondo a la problemática en dicho ámbito” (de los espacios no institucionales).

Ignoramos hasta el día de hoy qué ha ocurrido con este documento del 28 de junio pasado, pero es evidente que no debiese ser un botín político ni un obstáculo de dónde provenga la propuesta. Es un proyecto generoso sin bandera política, que no debe ser bloqueado por la mezquindad que suele reinar en nuestra clase política.

Es prioritario que los bienes culturales que particulares y asociaciones civiles han tomado a su cargo (¿o sería más apropiado decir “a su cuenta y riesgo”?), como la apertura de teatros y centros culturales en esta capital, sean protegidos y estimulados. También se requiere que este tipo de recintos sean excluidos de la infame Ley de Establecimientos Mercantiles, que hace que sea más fácil abrir un antro que un teatro. Deben dejar de ser perseguidos y extorsionados por la muchas veces corrupta maquinaria de las delegaciones políticas. Y más que imposiciones tributarias sería necesario incentivar las deducciones de impuestos a empresas que ayuden a la manutención de los espacios culturales.

Es urgente legislar y no podemos menos que aplaudir estas iniciativas, pero tienen que

venir armadas de dientes, de poder de ejecución y de presupuestos. Los organismos culturales civiles, a fin de cuentas, realizan una tarea que corresponde al gobierno local (y pasa lo mismo en el ámbito federal) y complementan lo que hacen las instituciones. Lo mínimo que se puede esperar de nuestros gobernantes es que no obstaculicen y que entiendan el bien común que está en juego.