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Crece la censura en España: artistas, músicos, escritores...

Al gobierno de Rajoy y al Partido Popular “le huelen los pies a Franquismo”, dicen diputados tras las muestras frecuentes de intolerancia al arte y la libre expresión.

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Una obra de arte retirada de ARCO Madrid por su polémico contenido político, un libro secuestrado por presuntas calumnias a un alcalde y un rapero enviado a prisión por sus insultos a la Corona. La coincidencia de tres noticias similares en dos días reabrió un debate en España: ¿tiene el país un problema de censura?

Valtonyc, un rapero hasta entonces poco conocido que difundía sus canciones por internet, fue condenado por letras que incluían insultos a la monarquía y el rey Felipe VI o amenazas a políticos.

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“El rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley”, señalaba una canción citada por el Tribunal. Otra decía: “Matando a Carrero, ETA estuvo genial, a la mierda la palabra, viva el amonal (explosivo)”. El almirante Luis Carrero Blanco fue asesinado en 1973 cuando presidía el gobierno franquista y su muerte marcó el inicio del fin del régimen dictatorial.

Mira aquí las palabras del rapero mallorquí Miquel Arenas, Valtonyc, en su defensa ante el Tribunal, y la acusación de insultos a la Corona

El gobierno de Rajoy defendió la condena, que implicará el ingreso efectivo en prisión del rapero. “Los delitos de odio deben perseguirse. Contra los extremismos y la intolerancia hay que luchar”, respondió hoy el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, al ser consultado por el tema.

Pero mientras el ministro hablaba en los pasillos del Congreso, la polémica crecía en la feria de arte contemporáneo ARCO en Madrid, que retiró una obra que trataba como “presos políticos” a líderes catalanes que se encuentran en prisión preventiva investigados por el proceso independentista en la región.

Santiago Sierra, autor de la obra retirada, lamentó la decisión en su perfil de Facebook, pero añadió: “Creemos que actos de este tipo dan sentido y razón a una pieza como ésta, que precisamente denunciaba el clima de persecución que estamos sufriendo los trabajadores culturales en los últimos tiempos”.

[OBJECT]Tampoco la literatura escapó a la controversia. La justicia ordenó hoy retirar Fariña, un éxito de ventas del periodista Nacho Carretero sobre el narcotráfico en Galicia, después de que un ex alcalde local pidiera medidas cautelares por contenido “calumnioso”. La obra pasó al primer puesto de las más vendidas en el portal Amazon de España.

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Además, hay otros antecedentes, pues varios tuiteros, raperos e incluso un grupo de titiriteros fueron procesados y sancionados desde 2015, cuando entró en vigor una polémica reforma del Código Penal que implantó una nueva “Ley de protección de la seguridad ciudadana”, conocida popularmente entre sus críticos como “Ley mordaza” por los límites que impone.

“Hemos constatado que España no escapa a la tendencia global de restringir la libertad para expresarse y manifestarse”, explicó Beatriz Perales, responsable de campañas e investigación de la sección española de Amnistía Internacional (AI). “Protestar, incluso a través de las redes sociales, es cada vez más difícil”.

La experta vio con preocupación la “arbitrariedad” de los nuevos límites impuestos (por ejemplo en la definición algo vaga del delito de “humillación a víctimas del terrorismo”), así como lo problemático de “la falta de mecanismos independientes de control a la actuación policial”.

Con ello “se consigue así que haya autocensura y desmovilización, porque la gente tiene más miedo a salir a protestar”, concluyó.

Perales recordó el mediático caso de Cassandra Vera, una joven estudiante de Historia condenada el año pasado a un año de prisión por burlarse en Twitter, entre otras cosas, del asesinato de Carrero Blanco por ETA.


Cassandra Vera, la chica transgénero condenada a un año de prisión por sus tuits sobre el Franquismo y ETA (Especial)

La propia nieta del almirante aseguró que las bromas de Vera le “repugnaban”, pero consideró “un disparate” la condena. “Me asusta una sociedad en la que la libertad de expresión, por lamentable que sea, pueda acarrear penas de cárcel”, escribió Lucía Carrero-Blanco en una carta al diario El País.

La sucesión de actuaciones contra manifestaciones en principio artísticas reabrió un debate que, sin embargo, no es nuevo en España y así lo denunciaron diversos artistas, políticos y asociaciones después de que el Tribunal español confirmara el martes la condena a tres años y medio de prisión al rapero Miquel Arenas, Valtonyc, por enaltecimiento de terrorismo, injurias graves a la Corona y amenazas a políticos en sus canciones.

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Un grupo de 200 artistas firmó un comunicado de apoyo al músico alertando de una “intención intimidatoria por parte de las instituciones del Estado”, mientras que la asociación Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) habló de “algo parecido a la Inquisición” en pleno siglo XXI.

También fuerzas de izquierda arremetieron contra el gobierno del conservador de Mariano Rajoy. A su Partido Popular “le huelen los pies a Franquismo”, ironizó el eurodiputado Miguel Urbán, de Podemos. Su par Marina Albiol, de Izquierda Unida, fue más allá y solicitó hoy formalmente una sanción de la Unión Europea (UE) a España.

AG

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