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Domingo , 24.06.2018 / 21:36 Hoy

Canal 22

Los paisajes invisibles.

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Iván Ríos Gascón

En tres años de gobierno, la administración de Enrique Peña Nieto no ha conseguido el control total de los medios pero sí ha podido afirmar su antagonismo hacia el derecho a la información. Acosos y despido, asesinatos de periodistas con absoluta impunidad, llevaba tiempo que la crisis en la relación gobierno–comunicadores no era tan estridente, tan visible, el PRI volvió al poder empeñado en mover a México a los usos y costumbres de la década de 1970, ese México en el que la mordaza era regla inflexible para opinadores y reporteros, en el que las versiones gubernamentales eran religión.

Si la salida del aire de Carmen Aristegui se tiñó de sospechosismo pues coincidió con el vendaval que provocó su investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto y de la de Malinalco de Videgaray (curioso desenlace: el tal Virgilio Andrade los exoneró desde la improductiva Secretaría de la Función Pública mientras que Aristegui y su equipo obtuvieron el Premio Nacional de Periodismo), lo que sucede ahora en Canal 22 es el efecto colateral o la versión recargada de ese affaire: se originó por incluir la información del caso Aristegui en Noticias 22 y ha repercutido en el cese de Juan Jacinto Silva, Marco Lara Klahr y Marcos Daniel Aguilar, entre otros trabajadores, y en el acoso laboral contra empleados con contratos eventuales y la segregación de Huemanzin Rodríguez e Irma Gallo, quienes llevan más de una década laborando para la televisora pública, y aquí había que subrayar el pública porque que para el director actual, Raúl Cremoux, conspicuo representante de la prensa oficiosa y oficialista, el Canal 22 es su feudo temporal y no un espacio que nació como alternativa para los artistas e intelectuales del país y, sobre todo, como una opción para el televidente que se niega a ser público cautivo de la basura que inunda la tele abierta.

Los trabajadores, colaboradores y periodistas sobre los que pende la amenaza cometieron una “falta”: denunciar en dos misivas diversos actos de censura, como la suspensión de las emisiones El observador y Global 22, exigir el derecho de réplica de los trabajadores a las declaraciones que Raúl Cremoux hizo en el espacio de Noticias 22 para deslindarse de los señalamientos firmados por colaboradores del área informativa (23 de junio), el esclarecimiento y la rendición de cuentas ante la Función Pública (para aclarar los contratos de adjudicación directa que la televisora “sin recursos” ha firmado con las empresas Calypso Media, en la que presuntamente participa como socio el yerno de Cremoux, y de Vitrubio Ingeniería Cultural S.A. de C.V., en la que a decir de los trabajadores del canal, una de las socias es la conductora Laura Barrera, quien apoya al director).

Si algún defecto tiene el sistema político mexicano es su claridad y su descaro. La mecánica para destruir de un manotazo los espacios públicos ganados por la sociedad siempre comienza con el recorte presupuestal como coartada para cancelar emisiones o cesar al personal incómodo e imponer una línea informativa rígida, acrítica y opaca, destinada exclusivamente a difundir boletines o maquillar los fracasos, la regresión y las inercias de un Estado fallido pero ferozmente autoritario. ¿Intervendrá el nuevo Secretario de Educación, Aurelio Nuño, para solucionar las diferencias? ¿Será posible que se cumplan las demandas de los trabajadores, periodistas y colaboradores afectados por el manejo patrimonialista de la televisora que financiamos todos? Francamente no lo creo.

El conflicto de Canal 22 no es un mero asunto laboral ni de ética en el desempeño público ni de simple rendición de cuentas o de voluntad política. Es un asunto de democracia. Esa democracia que en México no existe, solo en la retórica de atril.

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