México revalida Tratado de Marrakech

El embajador Jorge Lomónaco confirmó la aprobación del Tratado de Marrakech que tiene como objetivo facilitar el conocimiento de las obras publicadas con discapacidad visual.

México

El embajador Jorge Lomónaco, representante permanente del gobierno de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza, depositó este miércoles el instrumento de ratificación del Tratado de Marrakech.

Ese mecanismo tiene como objetivo facilitar el conocimiento de las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.

En un comunicado conjunto de la cancillería y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se informó que a la ceremonia del depósito del instrumento de ratificación asistió Francis Gurry, director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Con la suscripción del tratado México se compromete a establecer en la legislación nacional de derecho de autor una limitación o excepción relativa al derecho de reproducción, el derecho de distribución y el derecho de puesta a disposición del público.

De esa manera se busca facilitar la disponibilidad de obras en formato accesible en favor de los beneficiarios, siendo éstos las personas ciegas, con alguna discapacidad visual o que no puedan de otra forma, por una discapacidad física, sostener o manipular un libro o centrar la vista o mover los ojos en la medida en que normalmente se considera apropiado para la lectura.

México, con una participación activa y constructiva, desplegó un constante liderazgo durante las negociaciones de ese tratado.

De hecho, subrayó, "el gobierno mexicano, en su calidad de actor comprometido con la observancia de los derechos de autor, se convierte en el noveno Estado en ratificar el Tratado de Marrakech, de los 20 necesarios para su entrada en vigor".

Históricamente este país ha sido promotor de instrumentos internacionales que respetan y promueven los derechos de las personas con discapacidad, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre la materia y su Protocolo Facultativo, aprobados en 2006.

Ese Tratado es un logro del Gobierno de la República que se enfoca en la Meta Nacional II relativa a un “México Incluyente”, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

En esa estrategia se plantea que “es fundamental atender el creciente número de jóvenes que no estudian y no trabajan y garantizar a todos los niños y las niñas el acceso a la escuela”.

También “dar atención especial a las personas adultas mayores de 65 años y a las personas con alguna limitación física o mental, atender en el ámbito rural las severas restricciones que inhiben el desarrollo de las mujeres y los hombres del campo”.

En ese sentido, en el comunicado se destaca la labor de la Cámara de Senadores que ratificó el tratado, en cumplimiento de las facultades que le otorga la Constitución Política mexicana, lo que permitió que el instrumento pudiera depositarse este miércoles.

Con la ratificación del Tratado de Marrakech, se cumple cabalmente con una de las recomendaciones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Igualmente, este acto complementará los principios de la Convención de la ONU y, particularmente, su dimensión sobre el desarrollo social, promoviendo el acceso a las obras publicadas en formatos accesibles, dentro de un marco de igualdad, a fin de que las personas con discapacidad visual tengan las mismas oportunidades de ingreso a la educación, cultura, información, trabajo y entretenimiento.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, cinco millones 739 mil personas en México declararon tener dificultad para realizar al menos una de las siete actividades evaluadas: caminar o moverse, ver, hablar o comunicarse, escuchar, atender el cuidado personal, poner atención o aprender o alguna limitación mental, lo que en 2010 representaba 5.1 por ciento de la población total del país.

En el país la segunda causa de discapacidad es la visual y a nivel mundial se contabilizan 258 millones de personas, de las que 90 por ciento residen en países en desarrollo.