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Investigan "excesos" del MP contra "ceceacheros"

Locales • 2 Noviembre 2012 - 3:35am — Leticia Fernández, Fernando Damián e Israel Navarro

Diputados cuestionan la aplicación de la justicia capitalina, al advertir la severidad de las sanciones que se podrían dictar a los 25 jóvenes.

México • La Comisión de Derechos Humanos del DF investiga si el Ministerio Público usó de manera desproporcionada el derecho penal al acusar a 25 jóvenes que secuestraron camiones del transporte público de incurrir en el delito de ataque a la paz pública.

Y es que según el Código Penal del DF, el ilícito tiene una sanción de hasta 30 años de prisión, lo que les impide recuperar su libertad.

Así lo informó el primer visitador del organismo, Mario Patrón, al admitir que este tipo de operativos policiacos se han repetido en los últimos meses, por lo cual tienen abierta una investigación.

En concordancia con esto, la representante de la organización Ririki Intervención Social, Nashieli Ramírez, denunció que detener, someter y finalmente acusar a estos jóvenes de delitos graves es una acción que criminaliza a ese sector de la población.

“Por supuesto que es un exceso, es invariablemente una criminalización que hacen las autoridades hacia los jóvenes. Son acciones cada vez más cotidianas y es preocupante”, dijo.

El visitador de la CDHDF denunció que al menos 400 jóvenes han sido detenidos por la policía capitalina en los últimos meses y los casos emblemáticos son el grupo de reggetoneros, los estudiantes detenidos en la Estación Santa Anita y los jóvenes que se disponían a asistir a una fiesta en Azcapotzalco.

Desproporción

El legislador panista Fernando Rodríguez Doval cuestionó la discrecionalidad en la aplicación de la justicia en el DF, al advertir la severidad de las sanciones que se podrían dictar contra 25 jóvenes ceceacheros que secuestraron un camión de transporte público el pasado viernes, en contraste con la impunidad de las porras futboleras que hacen lo mismo cada fin de semana.

De acuerdo con el reporte publicado ayer en MILENIO, los referidos estudiantes del CCH Azcapotzalco serían procesados por el delito de ataques a la paz pública, que en la capital del país se sanciona hasta con 45 años de cárcel.

Consultada también al respecto, la diputada federal perredista Karen Quiroga calificó dichas imputaciones como “desproporcionadas” y hasta violatorias de los derechos humanos.

Instó por ello al juez de la causa a valorar no solo el acto delictivo, sino la intencionalidad de los jóvenes y abstenerse de aplicar un castigo tan radical.

Quiroga aclaró que no se trata de justificar o defender ningún delito, pero tampoco de encarcelar a 25 jóvenes por una “puntada”.