Puebla • E l gobierno de Rafael Moreno Valle se ha caracterizado por utilizar recursos legales para deshacer contratos o recuperar comodatos, donaciones e inmuebles en manos de particulares que cayeron en anomalías y fueron protegidos por la administración anterior.

De acuerdo con las últimas cifras oficiales, la administración ha enfrentado más de 848 juicios de amparo por acciones emprendidas y ha gastado al menos, 2.9 millones de pesos en asesoría jurídica externa.

A cinco meses de cumplirse su segundo año de administración, el gobernador ha centrado su mira en tres objetivos principales: Ricardo Henaine Mezher, la compañía española Obrascon-Huarte-Lain (OHL) y la empresa francesa Degrémont.

En el primer caso, el empresario contaba con la donación del predio que albergó al Parque de Diversiones Valle Fantástico, con acciones en el Aeropuerto Internacional de Puebla y el comodato de un inmueble conocido como “El Mesón del Cristo”.

OHL por su parte, había recibido un contrato millonario que le otorgaba la concesión por 30 años del nuevo Libramiento Norte, una carretera de cuota que desviaría parte del tráfico vehicular en la autopista México-Puebla.

En tanto, Degrémont mantenía el resguardo de cuatro macroplantas para saneamiento de agua residual en la zona metropolitana, a través de una filial en México denominada Tratamiento de Agua de Puebla SA de CV (TAPSA).

Las autoridades estatales han asegurado que en todos los casos se ubicaron irregularidades notables, ya fuera en la asignación de proyectos o en el cumplimiento de los mismos.

El propio mandatario aseguró en su primer informe, que se ha actuado de esta manera porque existía “resentimiento y desconfianza de la sociedad hacia el gobierno”, gracias a “la existencia de viejas prácticas de represión, abuso de poder y corrupción”.

De Valle Fantástico y Aeropuerto

La primera meta de la administración morenovallista fue el abandonado “Valle Fantástico”, cuyo rescate fue parte de los anuncios hechos por el mandatario estatal en su toma de protesta.

Aquel 15 de enero de 2011, aseguró que ningún bien público debía favorecer a particulares; especialmente, si su destino original se centraba en dar un servicio a la población en general.

Para el 11 de marzo del mismo año, el juez Segundo de lo Civil otorgó la custodia del lugar a las autoridades estatales, quienes tomaron el predio con la fuerza pública y poco después, arrancaron la construcción del actual Eco-Parque Metropolitano.

Igualmente, se tomaron medidas para disolver la Operadora Estatal del Aeropuerto Hermanos Serdán; luego que la autoridad encontró que Henaine, quien poseía 49% de las acciones, presentaba un adeudo por 5 millones de dólares.

Dichas acciones desató una serie de juicios de amparo promovidos por Rodolfo Aragón Mijangos, representante legal del empresario, quien ha tildado públicamente a la autoridad de mentirosa, autoritaria e ignorante.

Entre los procesos abiertos destacan los de matrícula 394/2011 y 254/2012 por el caso Valle Fantástico. Pese a la polémica que se había desatado recientemente, este último juicio fue resuelto ayer a favor del gobierno por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito.

También resalta el de número 1890/2011, para el asunto de la estación aérea, donde el juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar en Saltillo, Coahuila, otorgó la razón a la autoridad estatal; ratificando lo que había determinado el Juzgado Décimo de Distrito, durante el juicio número 879/2011.

Degrémont y OHL, la pugna

Para inicios de este año, el gobierno estatal arrancó un nuevo procedimiento. Esta vez, el objetivo fueron las cuatro macro-plantas de tratamiento para agua residual que existen en el valle de Puebla.

Dichas instalaciones son propiedad del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP); pero se encontraban bajo la operación y el resguardo de la compañía Tratamiento de Agua de Puebla SA de CV (TAPSA) desde 1999.

Este particular, contratada por el gobierno de Manuel Bartlett Díaz, ostentaba una afiliación directa con la corporación francesa Degrémont, que hoy tiene presencia en Ciudad Juárez, Chihuahua; Culiacán, Sinaloa; Salina Cruz, Oaxaca; y San Luis Potosí.

De acuerdo con SOAPAP, el particular construyó las plantas El Conde, San Francisco, Atoyac Sur y Alseseca Sur a cambio de operarlas hasta 2021; lo que mantuvo después de venderlas al estado en diciembre 2004, por 764 millones 750 mil pesos.

Sin embargo, se detectaron incumplimientos en el contrato de saneamiento para el agua del río Atoyac, mismo que estaba obligado a cumplir gradualmente, con procesos de limpieza de tercer grado.

A través de un comunicado, el organismo afirmó que filial de Degrémont mantuvo las plantas con un funcionamiento de 75 por ciento de su capacidad y sin cumplir los estándares establecidos en la NOM-001-Semarnat-1996, para la descarga de agua.

“Desde el inicio de operaciones, la calidad del agua tratada no cumple con los estándares previstos en la NOM-001-Semarnat-1996; lo que tiene serias repercusiones al medio ambiente y a la salud… Por esto, SOAPAP decidió dar por terminada la relación con TAPSA”.

Ante esa situación, la administración poblana inició un juicio ordinario ante el Juez Décimo Segundo de lo Civil, quien falló a favor de las autoridades el 21 de febrero y ordenó la recuperación de los inmuebles.

OHL, la pelea por el libramiento

El 10 de mayo de este año, cinco días después del 150 aniversario de la Batalla de Puebla, el gobierno estatal publicó un decreto con el que se ordenaba el rescate de la concesión otorgada Obrascon-Huarte-Lain (OHL) para construir el Libramiento Norte.

La autoridad fundó el rescate en “causas de utilidad e interés público”, luego que la empresa española recibió el proyecto para una carretera de cuota de 31.5 kilómetros, a través de una adjudicación directa y no de una licitación.

El documento refería entre otras cosas más, que el contrato se firmó en marzo de 2008 y aunque la carretera debía concluirse en 21 meses, la liberación del derecho de vía no se había logrado a más de cuatro años de distancia; de modo que tampoco se consideró una indemnización para la empresa.

Tras conocer del asunto, los representantes de la compañía española adelantaron acciones legales que desembocaron en el amparo 895/2012, que se desahoga ante el Juzgado Tercero de Distrito desde el 25 de mayo.

La compañía, representada por el Bufette Farell SC, procura defender este contrato en el que había invertido 654 millones de pesos hasta el término del año pasado; pero la autoridad judicial negó las suspensiones provisional y definitiva.

Arsenio Farell, socio de la firma y quien reconoció haber defendido en su momento a Kamel Nacif ante las acusaciones de pederastia, dijo a este medio que ese tipo de decisiones son normales y que no afectarían a sus representados.

Cabe mencionar que a más de dos meses de litigio, el juez ha requerido diferentes informes justificados a la autoridad y ha aplazado en dos ocasiones, la fecha para desahogar las pruebas presentadas por ambas partes.

Los amparos contra RMV y la ley ISSSTEP

Los casos anteriores forman parte de los más de 848 juicios de amparo que la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública (SSLyDP), ha enfrentado desde el inicio de la administración.

Según las cifras vertidas por el entonces secretario Juan Pablo Piña Kurzcyn durante la glosa del primer informe de gobierno, se iniciaron 109 litigios contra el gobernador que quedaron sin efecto, 438 contra nuevas leyes y 20 más por afectación de derechos.

“Del total de las demandas de amparo presentadas en su contra y cuya representación corresponde a la dependencia a mi cargo, ninguna de las 109 resoluciones, concedió el amparo respecto a los daños u omisiones que se hayan imputado al ejecutivo”, declaró.

Dijo que además, 281 procesos fueron interpuestos por personal afiliado al Instituto de Seguridad Social al Servicio del Estado de Puebla (ISSSTEP), después que se aprobó la reforma a la ley que rige a este organismo.

Refirió que las medidas fueron parte del rechazo al aumento en las cuotas y al incremento en la edad de jubilación, que pasó de 60 a 65 años de edad, y agregó que de los nueve jueces que conocieron de los asuntos, sólo uno otorgó suspensiones al acto reclamado.

Recuperan ecoparque
(Redacción)

El gobierno del estado ganó la última instancia en el litigio para recuperar el Ecoparque Metropolitano, proceso logrado a través de un juicio legal que resolvió el Juzgado 2° Civil de Cholula.

En total fueron 28 los demandados. El 16 de diciembre de 2011, se dictó sentencia definitiva declarando la inexistencia de afectación, de donaciones y de nulidad absoluta de diferentes actos.

El 23 de marzo de 2012, la 2ª Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia resolvió el recurso de apelación confirmando la sentencia definitiva, resulta ayer por el 2º Tribunal Colegiado de Circuito.

Las autoridades judiciales del Estado y la Federación coincidieron, en el juicio de amparo directo 254/2012 y amparo en revisión 91/2012, que al tratarse de un bien público no podía ser objeto de una donación.