Brasilia • El argentino Carlos Alberto Quaglia, el único extranjero entre los 38 acusados de corruptelas denunciadas en Brasil en 2005, fue excluido hoy de ese proceso, pues el Tribunal Supremo consideró que le fue cercenado el "derecho a la defensa".

Según argumentos aceptados por los magistrados, el acusado cambió de abogado en las fases iniciales del proceso, que comenzó hace casi seis años, pero eso no fue debidamente registrado por el tribunal y el primer defensor continuó siendo citado, aunque nunca volvió a comparecer.

Ante esa ausencia, Quaglia fue representado por un abogado designado por la Defensoría Pública, que hoy pidió que sea excluido del juicio, porque "la defensa fue perjudicada" al no haber podido acompañar en forma debida todos los pasos del proceso.

La corte, por voto unánime de los once magistrados, aceptó los alegatos del defensor público y acordó excluir su caso del juicio, para derivarlo entonces a un juez inferior, que deberá reiniciar el proceso en su contra.

Quaglia, de nacionalidad argentina y radicado hace décadas en Brasil, era dueño de una casa de cambio que, según la acusación, fue usada en diversos movimientos financieros por el Partido de los Trabajadores (PT), que está en el centro del caso, que incluye desde supuestos sobornos de diputados y financiación ilegal de campañas.

Por sus supuestas implicaciones en el asunto, Quaglia fue imputado por la Procuraduría General por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. Con la decisión adoptada hoy, el proceso pasa a tener ahora 37 acusados, entre los cuales figuran tres exministros del gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, exdiputados y empresarios.

Por las dimensiones del caso y la relevancia de los acusados, la prensa brasileña ha calificado a este proceso como "el juicio del siglo", que deberá concluir dentro de unas dos o tres semanas, de acuerdo a las previsiones del Supremo.

Asimismo, el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, rechazó hoy nuevamente una petición para incluir al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como reo en el proceso.

Los once magistrados del STF, por unanimidad, negaron la petición en tal sentido hecha por Luiz Correa Barbosa, abogado de Roberto Jefferson, el exdiputado que denunció la existencia de una supuesta red de corrupción en el gobierno de Lula, que desviaba recursos públicos para sobornar a congresistas dispuestos a apoyar las iniciativas del gobierno en el Legislativo.

La petición de Correa Barbosa fue analizada brevemente hoy, y rápidamente negada, luego de que concluyera la fase de alegatos de los abogados en el proceso contra los 38 acusados.

El recurso de Correa Barbosa fue uno de los asuntos preliminares abordados por los magistrados de la máxima corte antes de iniciar la fase de votación, en la que cada uno de los integrantes del tribunal tendrá que presentar su posición con respecto a cada uno de los acusados.

Al presentar el lunes la defensa de Jefferson ante los miembros del STF, Correa Barbosa aseguró que Lula, entonces jefe de Estado y principal beneficiado por la supuesta red de corrupción, "sabía de todo".

"No se puede decir que el presidente era un tonto, un ignorante, que pasaba todo eso frente a sus propias barbas y que él no sabía de nada. No sólo sabía, sino que además ordenó desencadenar todo esto", alegó el defensor, antes de presentar una nueva petición para que Lula fuese incluido en el proceso en la calidad de reo.

La máxima corte ya había rechazado esa petición en otras dos oportunidades tras concluir que la fiscalía no presentó ninguna prueba ni indicio que vinculase a Lula con la supuesta red de corrupción.

Según juristas citados hoy por la prensa, la intención de Correa Barbosa no es que Lula sea incluido en el proceso sino mostrar las fallas en la investigación realizada por la fiscalía y descalificar las acusaciones.

"La petición para que el Supremo Tribunal Federal denuncie a un expresidente de la República es jurídicamente imposible", aseguró el magistrado Joaquim Barbosa, el juez instructor del proceso, al votar contra el recurso del abogado.

"Aunque lo quisiésemos, no podemos imponer la inclusión de alguien en el proceso. Se trata de una responsabilidad de la fiscalía", agregó el magistrado Ricardo Lewandowski al justificar su voto contra la posibilidad de que Lula sea considerado reo.

Tras los dos primeros votos contra el recurso, el presidente del Supremo, Ayres Britto, preguntó si algún magistrado consideraba procedente la petición y, ante el silencio, declaró rechazada la solicitud por unanimidad.

La audiencia final en el sonado proceso comenzó el 2 de agosto y todos los abogados de los acusados han negado la existencia de una trama dirigida a sobornar diputados y "comprar" la mayoría parlamentaria que Lula no había logrado en las urnas.

Varios de los defensores, sin embargo, admitieron que el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), la formación fundada y comandada por Lula, recaudó para sus campañas electorales recursos que no declaró a las autoridades, lo que supone una violación de leyes electorales, que ya ha prescrito y para la que ya no cabe castigo.

La fiscalía, en su acusación, alega que el dinero que abasteció tanto las campañas como los supuestos sobornos tenía origen público, lo cual sí entraría dentro de la órbita penal del Supremo y puede llevar a los implicados a la cárcel.