Guatemala • El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, aceptó hoy que miembros del Ejército dispararon ayer en la manifestación en una carretera del oeste del país, en un suceso que dejó al menos seis campesinos muertos y otros 34 heridos.

En una conferencia de prensa en una sede militar, Pérez Molina dijo que los soldados dispararon "al aire" y en defensa propia al verse agredidos por los manifestantes, y aseguró que los responsables han sido puestos a disposición de la justicia.

"En la investigación preliminar que realizó el Ministerio de Defensa, hay siete soldados que aceptaron que ellos iban en calidad de seguridad y al verse amenazados, temieron por su seguridad y comenzaron a disparar al aire", declaró el gobernante.

Según la versión del presidente, los incidentes ocurrieron cuando "un guardia de seguridad privada" que custodiaba un camión comercial, disparó en contra de la muchedumbre supuestamente para abrirse paso a la altura del kilómetro 170 de carretera Interamericana, en una zona conocida como Alaska.

Detrás del vehículo de donde salió el primer disparo, agregó Pérez Molina, venían dos camiones que transportaban a un contingente de soldados antidisturbios que iban protegidos por once soldados armados con fusiles. Siete de estos soldados, entre ellos una mujer, "dispararon al aire" para dispersar a los manifestantes que "intentaban lincharlos", añadió.

El guardia de seguridad privada señalado de haber iniciado los disparos, así como los siete militares y sus armas fueron puestos a disposición de la Fiscalía que investiga el caso, pero según el ministro de la Defensa, general Ulises Anzueto, no serán separados de sus cargos hasta que se determine su responsabilidad.

Anzueto replicó la versión del mandatario y aseguró que la reacción de los militares fue comprensible debido a que actuaron "en defensa propia" ante las agresiones de los pobladores que pretendían lincharlos.

En la conferencia de prensa, ofrecida en la sede de la Brigada Militar Guardia de Honor, en el sur de la capital, el Ejército presentó a la prensa a los ocho militares que fueron heridos durante los disturbios, algunos de los cuales responsabilizaron a los manifestantes.

Además de los ocho oficiales heridos con golpes de diversa índole y rasguños, los disturbios del jueves dejaron 34 manifestantes heridos, 30 de ellos de bala, según los datos disponibles.

Pérez Molina pidió hoy "no criminalizar" al Ejército, insistió en que los hechos fueron provocados por los manifestantes, e hizo un llamamiento a la población para que se abstenga de protestar de forma violenta.

"Lamentamos los incidentes, lamentamos los hechos violentos, hago un llamado al pueblo a que las peticiones se hagan en paz, no es de esa forma como se van a resolver las diferencias", indicó.

Los sucesos fueron el resultado de una manifestación iniciada la mañana del jueves por parte de cientos de vecinos de los 48 cantones de Totonicapán que bloquearon seis diferentes pasos en la carretera Interamericana, al oeste del país, para forzar al Gobierno a que escuchara sus peticiones.

Los manifestantes rechazaban las reformas a la Constitución promovidas por Pérez Molina, así como la modificación del plan de estudios de la carrera de maestros, y exigían una reducción en las tarifas del servicio de la energía eléctrica que es prestado por una empresa privada.

El sitio en el que se produjo la matanza fue visitado hoy por la líder indígena y Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, quien luego de un rastreo por el lugar encontró varios casquillos de munición 5.56 para fusiles M-16, utilizados por el Ejército.

"Es una indignante situación que pasó con los hermanos de Totonicapán, aprovechamos para hacer un recorrido en la escena del crimen. Yo estaba en El Salvador, pero regresé ayer mismo y hablé con los dirigentes de las comunidades de Totonicapán", afirmó Menchú.

Mientras tanto, en la plaza central de Totonicapán, unos seis mil pobladores acompañaban a familiares de las víctimas, gritando "¡Ejército asesino!", "¡malditos soldados!" y exigiendo investigar y castigar a los militares responsables de la masacre.

Los seis féretros con los cuerpos de las víctimas fueron colocados en el centro de la plaza central, donde un sacerdote maya y autoridades locales encabezaron una sencilla ceremonia.

El ambiente era muy tenso en este poblado predominantemente indígena, al punto de que dos alcaldes pidieron a los periodistas nacionales y extranjeros que se retiraran del lugar, porque no los querían allí.

La agresión por parte de las fuerzas públicas fue condenada por diferentes organizaciones de derechos humanos, que exigieron al Estado que realice una "investigación minuciosa" del caso.