México • La bancada de PRD en el Senado de la República promoverá hoy que la Comisión Permanente tramite, de urgente y obvia resolución, un exhorto a la Procuraduría General de la República, para que de inmediato resuelva si procede o no el ejercicio de la acción penal contra los militares arraigados, “con el fin de evitar las especulaciones que están causando una afectación a la imagen de la institución castrense”.

Asimismo, se plantea que el Congreso llame a la procuradora Marisela Morales a una reunión de trabajo con integrantes de la Primera Comisión, para que presente un informe pormenorizado sobre el caso de los cuatro militares detenidos: los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas, así como el teniente coronel Isidro De Jesús Hernández Soto, y responda las preguntas que le hagan diputados y senadores.

En el punto de acuerdo enlistado en la Gaceta Parlamentaria de la sesión de hoy, los perredistas piden que la Permanente exhorte también a la PGR y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que velen por el respeto en todo momento de los derechos fundamentales y procesales de los militares arraigados.

La bancada perredista en el Senado hace notar que existen muchas suspicacias en este caso de detención de los generales, pero sobre todo llama la atención que se ha utilizado el testimonio del testigo protegido “Jennifer”, quien acusó en su momento a Greg Sánchez, quien fue detenido y salió libre al ser inocente de las acusaciones en su contra.

Se menciona que el pasado día 15 de este mes la Policía Judicial Militar localizó y presentó ante SIEDO al ex subsecretario de la Defensa Nacional, general Tomás Ángeles, y al general Roberto Dawe sin precisarles el motivo, la imputación y pruebas en su contra, pero posteriormente trascendió en los medios que fue por tener supuestos vínculos con la delincuencia organizada al brindar protección al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

“Actualmente los militares localizados y presentados siguen arraigados, se tiene conocimiento que la averiguación previa fue integrada desde el 2010, y obran imputaciones en su contra que realiza un testigo protegido bajo el seudónimo de ‘Jennifer’, quien ya es considerado como el testigo estrella de la Procuraduría General de la República, pues participa reiteradamente con ese carácter en diversos procedimientos penales que versan sobre delincuencia organizada, siendo su testimonio muy cuestionable, pues basta recordar que ‘Jennifer’ participó también en el procedimiento que se le fincara al candidato del PRD, Gregorio Sánchez Martínez, que a la postre fuera absuelto de las acusaciones formuladas en su contra”, se destaca en el punto de acuerdo.

Al agregar que el procedimiento se presta a más suspicacias, pues resulta inverosímil que se solicitara su arraigo después de dos años de abierta la averiguación previa, precisamente cuando se encuentra en su parte intermedia las presentes elecciones federales, situación que ha sido una práctica reiterada por la PGR, basta recordar el Michoacanazo, los casos Jorge Hank Rhon y Gregorio Sánchez Martínez.

“En los que, por cierto, no se les logró acreditar las imputaciones, pero sí fueron indebidamente arraigados por declaraciones de testigos protegidos, violándose en esos como en el presente caso el principio de presunción de inocencia y de debido proceso”.

El PRD sostiene que la figura de testigo protegido, cuando recae en beneficio de un delincuente sentenciado o inculpado atenta en contra del principio de debido proceso, por cuanto que impide a los inculpados, como en el caso de los militares arraigados, el conocer la identidad de su acusador y tener una adecuada defensa.

“Ante tales circunstancias, lo menos que puede pedir es que la autoridad de celeridad a su proceso, para que con prontitud sea resuelta su situación jurídica, y que se garantice la presunción de inocencia de los inculpados”.