Puebla • Más de 100 mil metros cuadrados de vegetación forestal se están eliminando en las casi 4 mil 500 hectáreas de terreno de mil 500 pequeños propietarios y de decenas de integrantes de 70 núcleos ejidales de los estados de Hidalgo, México, Puebla y Veracruz para la construcción del gasoducto “Sistema de Transporte Energético de Tuxpan de Rodríguez Cano, Ver., a Atotonilco de Tula, Hidalgo”.

Sin que se prevea la contratación de personal de la región en la realización de esta obra o una mejoría del nivel y calidad de vida de los habitantes del área involucrada, salvo el ingreso que obtengan como indemnización por el pago de derechos de vía, se asegura que el proyecto es “ambientalmente viable”, debido a que se desarrollará en un área “impactada previamente por actividades pecuarias y petroleras”.

Lo anterior se desprende de las Manifestaciones de Impacto Ambiental 21PU2009G002, 30VE2009G0034 y 13HI2006G001 presentadas por Gasoductos Mexicanos, S. A. de C.V.
(Gasomex) a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de tres diversas empresas especializadas: Biosfera Ingeniería Ambiental, S. A. de C. V; Proyectos y Soluciones Integrales Sustentables y Capsa Corporativo, las primeras dos con el mismo domicilio en el número 50 de la calle Andrés Landa y Piña en Zitácuaro, Michoacán.

A la fecha, los trabajos iniciados para la instalación de la tubería que transportará gas propano comercial a lo largo de 300 kilómetros, han desatado la inconformidad de los habitantes indígenas de Cuaxicala, Cuacuila, Ahuacatlán y Ocpaco en el municipio poblano de Huauchinango, quienes se han quejado tanto por la afectación de lugares sagrados, como por la ubicación de la tubería en zonas en riesgo por la existencia de fallas geológicas.

Además de demandar su derecho a la consulta para la instalación del ducto y que las indemnizaciones sean justas y se repare el daño causado a los bienes distintos a la tierra, como árboles, arbustos y cultivos de maíz, chile, frijol o chilacayote.

EL PROYECTO energético

La intención de pagar por el uso de una servidumbre de paso que atravesaría sus propiedades a todo lo largo y con un ancho de 15 metros, fue la primera y única información sobre el proyecto energético que recibieron los habitantes de las comunidades afectadas, en el momento en que empleados de la empresa Wagner Field Services, S.A. de C.V. (WFS) llegaron a estos lugares.

La WFS es una firma “especializada en la prestación de servicios de consultoría e ingeniería en energéticos, para la liberación de derechos de vía, la obtención de permisos de cambio de uso de suelo, para la construcción de líneas y ductos de gas, gasolina, petróleo y para la perforación de pozos para la extracción de gas y petróleo, así como para la colocación de plataformas para la construcción de los mismos.

Por ello se encargó al corporativo la adquisición de los derechos de vía, bajo contratos de constitución de servidumbres voluntarias de paso y de la “compra” de terrenos ejidales de los que gestionó el dominio pleno, para la construcción e instalación de la tubería y una planta de almacenamiento de gas propiedad de las empresas Gasoductos del Altiplano, Termigas, S.A. de C.V., y Gasomex.

El proyectoen el que se invertirían más de 40 millones de dólares, incluye dos plantas de almacenamiento de gas, dos plantas de control y medición, más de 20 válvulas de seccionamiento, cuatro estaciones de bombeo, una interconexión de ductos, así como un gasoducto de 14 pulgadas, con una longitud de 300 kilómetros que atraviesa terrenos ejidales y pequeñas propiedades en 24 municipios de los estados de Hidalgo, México, Puebla y Veracruz.

El gasoducto, conducirá un flujo normal de 33 mil barriles de gas propano por día, que podría llegar a 69 mil barriles cada 24 horas, siendo esta su capacidad de transporte máxima.

Empresas minimizan los daños ambientales

Las empresas encargadas de realizar los MIA, minimizaron los daños ambientales por la construcción del gasoducto Tuxpan-Atotonilco al asegurar que “los proyectos de instalación de ductos en la zona tienden a ser más de un centenar. Incluso de forma paralela a Gasomex se han visto a tres empresas diferentes, realizando las mismas actividades. Además de la perforación de cientos de pozos”, en la sierra baja poblana sobre todo en los municipios de Venustiano Carranza y Pantepec.

Por ello, se afirmó, “el presente proyecto no impactará la región más de lo que ya ha sido impactada”.

Sin embargo, de acuerdo con los Manifiestos de Impacto Ambiental en toda la superficie de los derechos de vía, compuestos por selva alta perennifolia, bosques de pinos, cítricos, cafetales, y arbustos habrá una pérdida de la capa orgánica y una potencial erosión, debido a las actividades de desmonte y despalme.

El retiro de vegetación y de la capa orgánica del suelo, aseguran, lo dejará expuesto a la acción eólica e hídrica, propiciando la pérdida de nutrientes y la capacidad de infiltración. Aunque es un daño que puede revertirse, siempre y cuando se tomen medidas para reincorporar la capa orgánica.

Se prevé además la eliminación de más de 100 mil metros cúbicos de vegetación forestal, cambiando la vocación del uso del suelo, esta afectación dice el estudio, será “severa, compatible y puntual” y habrá alteraciones colaterales en otros factores como el aire, la humedad , la temperatura, la composición del paisaje y la atenuación de los ruidos.

Se estableció que los daños a la fauna serán consecuencia de la eliminación de los árboles, pues aunque el área “está altamente perturbada por las actividades pecuarias”, habrá una pérdida de hábitats, zonas de refugio y alimentación, además de que muchas especies emigrarán debido al ruido de la maquinaria, equipo y trabajadores.

Obra no mejorará calidad de vida de los pobladores

Respecto a los impactos socioeconómicos el MIA acepta que no habrá una mejoría en el nivel y la calidad de vida de los pobladores de los 24 municipios afectados por el paso del gasoducto, tras la instalación del mismo, “seguirán igual” y se establece que el único beneficio que recibirán es el pago por el derecho de vía.

Se asegura que el ducto no pasa por asentamientos urbanos, pero sí rurales, aunque no estará “cerca de las viviendas”, además de que sólo se contratará a personal local en la etapa de preparación del sitio, pero no en la construcción ni en el mantenimiento ni la operación del gasoducto, en las que se empleara a “personal externo a la localidad”, es decir, “especialistas de la región central del país”.

En el documento se establece que el monto de dinero que pudieran recibir los pequeños propietarios o los ejidatarios por el pago del derecho de vía, tras la firma de los contratos de servidumbre de paso, “mejorará su ingreso”, pero se oculta que las indemnizaciones se hacen bajo los términos del refrán “según el sapo, la pedrada”.

Por ejemplo, en la comunidad de Ocpaco, al señor José Camilo Lino, quien aseguró que no sabe leer y escribir, le afectaron más de cinco mil metros cuadrados de terreno y sólo le pagaron ocho mil pesos como indemnización, es decir, un peso con 60 centavos por metro cuadrado de terreno ocupado.

“Me partieron mi terreno en dos, para que el tubo quedará bien a la mitad. Y sólo me pagaron 8 mil pesos hace siete años. Se aprovechan de que no sé leer ni escribir, y hasta tomaron a lo ancho más metros de terreno que lo que me habían dicho al principio. Dijeron que sólo mediría 15 metros de ancho, pero agarraron 18 metros y ahora no me quieren pagar”.

Otro caso es el de Esperanza Pérez Niño, de Cuacuila, quien denunció a Gasomex por los delitos de daño en propiedad ajena y contra la ecología, luego de que le destruyeran y talaran más de mil 500 árboles de chima y cedrela sembrados en el terreno denominado Tlamaya.

En la denuncia fue radicada en la Agencia del Ministerio Público de Huauchinango, con el número 1115/2012, se calcula que los daños materiales causados ascienden a 2 millones 226 mil pesos, la mujer consideró que la empresa actuó de manera ilegal y que rebasó los términos de un contrato de servidumbre de paso, vencido hace tres años.

La generalización de este tipo de abusos e irregularidades, provocó que el pasado 11 de febero, unos 60 campesinos de las comunidades de Ahuacatlán y Cuacuila impidieran la continuación de los trabajos de Gasomex, al cerrar el paso a sus propiedades, en demanda del pago de los daños causados en sus terrenos y sus cultivos.

Los jornaleros aseguraron que la empresa se ha negado a pagar la destrucción de bienes distintos a la tierra, entre ellos algunos sembradíos de árboles y plantas de ornato, una de las principales actividades de la zona.

Sin embargo, aunque Alfonso Puentes, quien se presentó ante los labriegos como responsable de la obra, reconoció las anomalías cometidas por la empresa, entre ellas haber continuado los trabajos sin la autorización de los propietarios de los terrenos, causando daños a sus cultivos, la respuesta que dieron a su demanda de pago vino con una amenaza de encarcelarlos, contenida implícitamente en un citatorio para que comparecieran ante el Ministerio Público a responder a una denuncia en su contra.

Instalar la tubería viola el convenio con la OIT

Mientras que pobladores de Cuaxicala, consideraron que la instalación del gasoducto de Pemex en ha violado el artículo 2 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT que reconoce el derecho de los pueblos originarios a preservar la integridad de sus tierras y acordaron en asamblea rechazar las obras en el cerro sagrado del Yelotépetl.

El ducto que está instalando Gasomexno sería el único en el cerro, ya que es atravesado desde hace más de 40 años por el oleoducto Poza Rica-Salamanca, que tiene un espesor de 24 pulgadas (61 centímetros) de diámetro y que recibe una presión de 70 mil barriles de petróleo crudo al día.

Los pobladores, denunciaron además el grave riesgo que corren con estas obras, debido a que en septiembre de 2009, la zona fue afectada por las detonaciones de dinamita que se realizaron para la construcción de la autopista México-Tuxpan, que provocaron cuarteaduras en las escuelas y la casa de salud, una enorme grieta en el camino que conduce a esta comunidad, y la ruptura y consecuente fuga de crudo en el antiguo oleoducto.

A lo anterior hay que sumar la tala de árboles que ya alcanzó también grandes dimensiones. “Suben con los camiones cargados con troncos, de unos árboles que eran muy viejos y ayudaban a retener la tierra e impedían los deslaves. El primer lugar que talaron fue la propiedad de don Aquilino Aguirre”, dijeron.

Indicaron que desde el 15 de julio de 2007, se reunieron con los ingenieros Moisés Bárcenas y Femín Valderrabano de la empresa Warners Field, S. A. de C.V., a quienes la asamblea comunitaria dio a conocer su rechazo a la instalación del ducto y se negaron a firmar los permisos de afectación de las tierras.