Barcelona • El pasado 11 de septiembre, más de 1 millón y medio de catalanes recorrieron las calles de Barcelona, capital autonómica, para defender su derecho a la autodeterminación y constituirse en un “nuevo Estado de la Unión” europea, rezaba el cartel principal de la marcha.

La protesta, concebida por unos como la expresión pública y contundente de un deseo de independencia, y por otros como un uso político de un sentimiento patriótico, ha abierto un cisma en la política española que se veía venir desde tiempos de la transición política (1975-78).

A tanto ha llegado esta ambición territorial del presidente catalán Artur Mas (Convergencia i Unió, derecha nacionalista) que el pasado martes anunció el adelanto de los comicios para poder dimensionar el respaldo ciudadano a su propuesta política y fiscal. Apenas 24 horas después aseguró que habrá una consulta para que los catalanes decidan su nacionalidad y que si ésta “se puede hacer por la vía del referéndum, porque el gobierno español la autoriza, mejor. Si el gobierno da la espalda y no autoriza ningún tipo de referéndum ni de consulta, pues hay que hacerlo igualmente”, dijo Mas en el Parlamento catalán.

Tras los anuncios de Mas, el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, afirmó que revisar la condición de Cataluña dentro del Estado español, así como la política fiscal de la comunidad autónoma, “no es una prioridad” de la agenda de Madrid.

Lo que tampoco parece ser prioritario para el gobierno de España son las múltiples y continuas protestas en la capital del país.

Las marchas, centradas en reclamar el cese de los recortes exigidos por la Unión Europea para que España salga –supuestamente, si nos miramos en el espejo de Grecia– de la crisis económica, parecen no lograr el resultado al que aspiran los manifestantes: ser escuchados por los políticos.

“Que el próximo parado sea un diputado” siguen cantando los manifestantes desde el 15 de mayo de 2011, cuando comenzó el movimiento de los indignados. “Estas son nuestras armas” gritaban mientras enseñaban sus manos el miércoles en la protesta bautizada “25-S rodea el Congreso” y que se saldó con 64 heridos y 35 detenidos tras las múltiples cargas policiales.

Al día siguiente, cientos de personas volvieron al Congreso de los Diputados, la Cámara baja española, para exigir la libertad de los detenidos, pero sobre todo para dejar claro que las protestas no cesarán hasta que “los trabajadores dejen de ser mercancía en manos de políticos y banqueros”.

El día de ayer quedó claro que por parte del gobierno no existe intención alguna de valorar estas protestas cuando el presidente Rajoy, de visita oficial en Nueva York, alabó a “la mayoría de españoles que no se manifiestan, que no salen en las portadas de la prensa y que no abren los telediarios”.

A su vez, la delegada del gobierno de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, defendió “absolutamente” la actuación policial en la primera protesta frente al Congreso. Por el contrario, las plataformas que convocaron la marcha aluden a las decenas de videos en los que se podría comprobar cómo existieron policías infiltrados intentando reventar la manifestación.

Pero el hecho más polémico ha sido la aparición de otro video en el que se ve cómo miembros de la UIP (Unidad de Intervención Policial) entraron en la estación de trenes de Atocha y comenzaron a disparar bolas de goma, de un andén a otro, a manifestantes y viajeros indiscriminadamente.

Para muchos, Madrid dio miedo martes. Aunque los indignados siguen cantando “no tenemos miedo”, en clara alusión a la policías. Como tampoco parecen temer los partidos catalanes al que se atrevido a lanzar el mensaje de que la independencia es posible para Cataluña. Miedo a quedarse aislados, a no ganar las elecciones adelantadas o miedo a hundirse con una hipotética marcha de España.

En Portugal, el gobierno tuvo que dar marcha atrás cuando anunció una rebaja del sueldo de todos los trabajadores, lo que que provocó una protesta masiva por cientos de ciudades a lo largo del país. En la última semana, las marchas en España han sido cosa de casi todos los días, ya sea por un anhelo de nación propia o una vida más digna. Pero aquí el gobierno mira para otro lado.