México • Testigos de oídas es lo único que tiene la Procuraduría General de la República (PGR) para mantener arraigado a Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional, pero no conocen al general y han aportado fechas de reuniones de éste con narcotraficantes cuando ni siquiera se encontraba en el país.

En una carta dirigida al director general de MILENIO, Carlos Marín, la esposa del militar, Leticia Zepeda Contreras, dijo que ella y su familia son objeto de persecución, pues no solo su marido está detenido por testimonios falsos de los testigos protegidos (los nombres clave son Jennifer y Mateo), sino que ahora una propiedad que heredó de su madre hace 10 años les fue asegurada por la PGR.

Indicó que Jennifer ha manifestado ante el Ministerio Público federal nunca haberse reunido con Ángeles Dauahare, y lo que sabe de él es por dichos de otros, mientras que Mateo le imputó reuniones en el Distrito Federal, cuando el general ya estaba retirado y se encontraba fuera del territorio nacional. Lo anterior, agregó Zepeda Contreras, se ha acreditado ante la PGR.

A continuación la misiva.

“Señor Carlos Marín.

“P r e s e n t e:

“Me dirijo a usted por medio de la presente, con la finalidad de poner en su valioso conocimiento y consideración el abuso del que está siendo objeto mi esposo, el general Tomás Ángeles Dauahare, así como mi familia, por parte de la Procuraduría General de la República.

“Tomás, independientemente de ser un esposo responsable y amoroso padre de familia, desde el año de 1961 en que inició su carrera castrense, al darse de alta en el Heroico Colegio Militar, hasta el día 29 de febrero de 2008 que concluyó sus funciones como militar en activo (fecha en que cumplió la edad límite acorde con las leyes militares), desempeñó los diversos cargos y funciones que le fueron encomendados, tales como subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional; director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; director del Heroico Colegio Militar; secretario particular del secretario de la Defensa Nacional (cargo durante el cual fue nombrado comisionado para las pláticas con el EZLN); jefe de la Sección Quinta (Planes Estratégicos) del Estado Mayor de la Defensa Nacional; comisionado en dos ocasiones como agregado adjunto y como agregado titular de Defensa Militar y Aéreo en la embajada de México en Estados Unidos de Norteamérica con sede en Washington; entre otros, con profundo compromiso, honor, entrega, lealtad y amor a nuestro país, recibiendo diversos reconocimientos y condecoraciones.

“Con fecha 16 de mayo de 2012, mi esposo fue presentado por la Policía Militar ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, lugar en el que de forma indebida fue retenido y posteriormente sometido a la medida cautelar denominada arraigo.

“Ese día le fueron mostradas las imputaciones que obran en su contra y que consisten en una denuncia telefónica anónima del 17 de marzo de 2010; la declaración ministerial de fecha 11 de diciembre de 2010, a cargo del testigo colaborador con clave Jennifer, así como la declaración ministerial del mayor Iván Reyna Muñoz.

“Por otra parte, el día 25 de mayo de 2012 el Ministerio Público federal mostró al defensor particular de mi esposo, licenciado Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, la denuncia anónima referida, así como las declaraciones de los testigos colaboradores con clave Jennifer y Mateo, como las únicas imputaciones que obran en contra de mi esposo Tomás.

“Del texto de las declaraciones se resalta por cuanto hace al testigo con clave Jennifer, que éste realiza imputaciones que no fueron presenciadas a través de sus sentidos, sino por dichos y/o referencias de otros (es decir, es un testimonio de oídas), y, que aún más, declara nunca haberse reunido personalmente con mi esposo.

“Por cuanto hace al testigo con clave Mateo, éste refiere que mi esposo era subsecretario de Defensa cuando ya estaba retirado desde el día 1° de marzo de 2008; como consecuencia, ya no contaba con función alguna dentro de las fuerzas armadas. Habida cuenta de que mi esposo no contaba con atribuciones relacionadas al combate de la delincuencia organizada, por lo que no tenía las facultades ni mucho menos la capacidad de operación para avisar respecto de denuncias anónimas, cateos, detenciones y operativos, tal y como el testigo Mateo refiere, además de imputarle reuniones en el Distrito Federal, siendo que en esa temporalidad mi esposo se encontraba fuera del país, tal y como se está acreditando de manera fehaciente ante el fiscal de la Federación adscrito a la SIEDO.

“De igual forma, inexplicablemente el día 30 de mayo de 2012 me fue asegurada ministerialmente una casa que me fuera heredada aproximadamente hace 10 años por mi señora madre, casa que ella adquirió con recursos propios hace aproximadamente 30 años, es decir, estamos siendo objeto de una persecución y atosigamiento, ignorando por órdenes de quién.

“Solicito su intervención con la finalidad de que nos auxilie a hacer público el abuso y hostigamiento del que estamos siendo objeto, y que así seamos escuchados por la titular de la Procuraduría General de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objeto de que mi esposo tenga un proceso legal y que cesen los actos tendientes a mantenerlo privado de la libertad, en razón de que al día de hoy no se le han mostrado ni a él, ni a su defensa, pruebas que acrediten al menos de forma probable y/o tan siquiera indiciaria su responsabilidad en la comisión de algún delito.

“Por el contrario, la únicas pruebas de cargo que se han hecho de su conocimiento (declaraciones de testigos colaboradores y llamada anónima), por las razones expuestas, son carentes de veracidad, debiendo prevalecer el principio de presunción de inocencia en su favor.

Leticia Zepeda Contreras.”