México • Tras la rejilla de prácticas y con el asesoramiento de un abogado polémico, la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, no sólo escuchó que la Procuraduría General de la República (PGR) la acusó de lavado de dinero, sino también de delincuencia organizada.

Guardando las formas y sonriendo de vez en cuando, a la profesora ni siquiera se le leyó el expediente integrado en su contra, donde se detallan los movimientos financieros que tres sindicalizados realizaron para pagar la adquisición de casas y cirugías reconstructivas, así como deudas en tiendas departamentales de lujo, en Estados Unidos, a partir del desvío de recursos del SNTE.

Elba guardó silencio, se reservó su derecho a declarar y pidió la duplicidad del término constitucional (144 horas) para aportar pruebas de descargo, plazo que vence el próximo lunes a las 22:50 horas.

Ese día, el juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vertiz, resolverá si la libera por falta de elementos o la sujeta a proceso penal, juicio que puede durar más de un año.

La maestra sólo aprovechó para pedir al juez que se le dé un trato especial, porque dijo estar enferma de hepatitis C; tiene hipertensión y sufre de insuficiencia renal, por lo que debe tener acceso a su médico particular y contar con una dieta especial.

Horas antes de que la profesora quedara a disposición del juzgado, su hija Maricruz Montelongo Gordillo arribó al reclusorio y se le veía abatida.

La mujer llegó acompañada de dos personas que nunca la dejaban sola y que buscaban saber si su madre sería traída a ese juzgado para comparecer, noticia que les fue confirmada por el propio juez.

AUDIENCIA

En punto de las 11:30 horas, la dirigente del SNTE llegó al Reclusorio Preventivo Oriente, luego de un discreto operativo a cargo del personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal, quien la trasladó del penal femenil de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa.

A las 12:50 comenzó la comparecencia y se pudo observar a Elba Esther detrás de la rejilla de prácticas, gracias a las pantallas de televisión que se colocaron afuera del juzgado para seguir la audiencia en vivo, a través de un circuito cerrado.

Vestía un suéter color beige con cuello de tortuga y traía aretes. Su semblante siempre fue de una persona fuerte, pero algunas veces también se mostró desconcertada.

El secretario de acuerdos del juzgado, Jorge Alberto Bernal, informó a la dirigente del SNTE, así como a los coacusados Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, que los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita eran graves, motivo por el cual no alcanzaban la libertad bajo caución.

-¿En este momento tienen alguna pregunta o alguna duda? Preguntó el secretario.

- “De mi parte no. No sé los señores”, respondió Gordillo.

A los acusados se les mostraron seis anexos de la averiguación previa que integró la PGR, en los cuales obraban todas las aperturas de cuentas bancarias y diversas transacciones y disposiciones de dinero que se hicieron de esas cuentas respecto al SNTE.

También contienen las transferencias que llevaron a cabo las personas morales, como Gremio Mobiliario El Provisor; aperturas de cuentas y movimientos bancarios de Isaías Gallardo, José Manuel y de Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, documentos que sirvieron de base para su aprehensión.

Alberto Bernal les notificó que también hay en su contra tres informes parciales con fecha del 14, 15 y 16 del presente mes y que corresponden a policías federales ministeriales, quienes practicaron diversas investigaciones que los involucran directamente en los citados delitos.

NO CONOCE AL ABOGADO

Elba Esther siempre permaneció serena y ni siquiera se inmutó cuando le presentaron los dictámenes contables que practicaron peritos de la Secretaría de Hacienda y de la PGR.

La líder del sindicato de maestros no sabía ni siquiera quienes eran sus abogados, pues cuando le plantearon si prefería que su situación jurídica se resolviera en 72 horas, es decir, este 1 de marzo, o en 144 horas (el próximo lunes), se mostró confundida.

Ese momento fue aprovechado por el coordinador de agentes del Ministerio Público Federales en el Reclusorio, Hugo Sánchez, quien pidió al juez que se le informará a la maestra “cuáles eran los hechos reales” por la que fue puesta a disposición del juez.

Por esa razón el secretario preguntó a la dirigente si quería escuchar todo el expediente. Y Elba respondió:

“Yo creo que los adecuados son los señores abogados, porque nosotros no conocemos de esto…no consideramos, no somos abogados, al menos de mi parte”, contestó Elba.

Sin embargo, a sus defensores no los conocía y los nombres de estos les fueron apuntados en un papel.

Así fue como conoció que uno de sus defensores es Arturo Germán Rangel, ex subprocurador durante la gestión de Antonio Lozano Gracia, al frente de la PGR; y que también ocupó el mismo cargo en el mandato de Arturo Chávez Chávez, ambos ex funcionarios militantes del Partido Acción Nacional (PAN).

El otro litigante es Juan Rigoberto Fernández Sánchez, quien junto con Germán Rangel los contrató Maricruz Montelongo.

Claves
Solicitudes al IFAI

En un período de 10 años, 32 dependencias del gobierno federal recibieron 612 solicitudes de información relacionadas con Elba Esther Gordillo o con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación: 11 se encuentran en proceso y el resto ya se resolvió.

Datos estadísticos proporcionados por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos indican que la dependencia que recibió el mayor número de solicitudes fue la Secretaría de Educación Pública (SEP) con 424.